Jhiery Fernández fue acusado y sentenciado el año 2014 por la violación de Alexander un bebé de 8 meses que vivía en el Hogar de Niños llamado en ese entonces “Virgen de Fátima”. Este médico ha sido sentenciado, sin pruebas, por la fiscalía con pericias erradas de parte del médico forense y además las pruebas como la necropsia que demostraban su inocencia fueron ignoradas, fruto de lo cual el galeno ha pasado 4 años en la cárcel de San Pedro pagando un delito que nunca cometió. Este hecho demuestra la invalidez en la justicia de ‘inocente hasta que se demuestre lo contrario’, pues no sólo que la fiscalía tuvo que demostrarlo sino que además ni siquiera se consideraron pruebas que demostraban la inocencia de Fernández: la necropsia afirmaba que no hubo violación y tampoco habían rastros de PSA de Fernández. Sin embargo y pese a ello, junto a él han sido arrestadas S. M. por homicidio culposo y L. R. por el delito de encubrimiento.
Desde el conocimiento del audio hasta el 19 de septiembre miembros del Gobierno han intentado negar la veracidad del audio, pero al final se vieron forzados a aceptar las fallas obvias y corrupción ocurridas en el juicio contra Jhiery Fernández. Llegando a manifestar incluso la policía que el análisis forense realizado por esta entidad había indicado que no existió dicha violación.
La desesperación que ha causado en el Gobierno la difusión de estos hechos está llegando no solamente a la admisión de parte de la jueza y de miembros del gobierno de la inocencia del galeno, sino también a posibles juicios y destituciones de aquellos que han sido implicados. Pero a la vez con nuevas amenazas de parte de miembros del Gobierno, como el Defensor del Pueblo, David Tezanos, quién luego de aceptar la inocencia de dicho médico ha manifestado una posible negligencia médica buscando mantener el punitivismo y una condena aunque esta no sea correcta.
A lo largo de esta tragedia, vemos como la justicia es usada discrecionalmente para proteger al Gobierno, o a funcionarios absolutamente venales y corruptos. Es decir, una justicia que en realidad es un instrumento del poder político de turno y de quién puede comprar sus servicios. Una muestra de ello es que hasta el momento el Gobierno no dijo nada sobre aquellos involucrados como el entonces gobernador de La Paz, Cesar Cocarico, quién según revela el audio de la jueza Pacajes, tenía conocimiento no sólo sobre la inocencia de Jhiery Fernández sino también de las demás personas que han sido condenadas injustamente.
El caso del bebé Alexander y del encarcelamiento de Fernández revela con crudeza que la justicia burguesa ha demostrado no solucionar los problemas de la sociedad, pues se suele asumir que con mayores sanciones, es decir, más punitivismo, la delincuencia u otros problemas sociales van a disminuir, sin embargo, lo que vemos en la realidad es que entra a la cárcel la gente no por culpabilidad, sino por no tener dinero para pagar a los fiscales, policías o incluso abogados que en su gran mayoría sea por mala fe o por ignorancia terminan oficiando para los ricos que financian “su justicia”.
En última instancia lo que nos deja este trágico caso, es la evidencia dura, contundente y clara de que la justicia burguesa y patriarcal ante situaciones como la del bebé Alexander, feminicidios, etc., despliega mecanismos cada vez más punitivistas dónde el objetivo último es buscar culpables individuales que para colmo suelen ser los que menos “recursos” tienen para defenderse. Esta situación se torna más aberrante cuando es la opinión pública, basada en la “información” proporcionada por medios de prensa al servicio del Gobierno o de la oposición derechista, la que pesa más que las investigaciones. La justicia se transforma en buscar “culpables y castigo” a toda costa limitando el problema a la estrechez de figuras jurídicas como si eso resolviera los problemas de fondo. |
