Mientras los asesinatos en Iguala se acrecientan producto de la descomposición de todo el régimen político mexicano, en Acapulco fue asesinado Nicolás Robles Pineda. Ejecutado a balazos afuera de su casa, Nicolás era dirigente de la Sección D III 16 13 del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Aunque Nicolás Robles no era parte del magisterio democrático de Guerrero encabezado por Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el 30 de enero participó en la organización del bloqueo en la Costera para exigir el pago de los salarios retenidos por el gobierno.

Aunque no existe información confirmada, el asesinato está asociado a las protestas por el retraso de pagos de salarios al magisterio nacional.

En Iguala, municipio del estado de Guerrero en el que fueron atacados los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y desaparecidos los 43, en menos de 72 horas fueron asesinadas 14 personas. La barbarie que se develó con la desaparición forzada de los normalistas no termina.

Según El País, las muertes corresponden a “una embarazada acribillada junto a su hijo, un médico tiroteado en la cabeza, un representante agrario ultimado a la puerta de su casa, dos jóvenes baleados en pleno centro, tres cadáveres hallados junto al río San Juan, seis ejecutados por el extraño grupúsculo Sierra Unida Revolucionaria”. La barbarie en Guerrero no tiene fin. Estos ataques son consecuencia de la política de militarización y paramilitarización del país bajo el pretexto de la llamada “guerra contra las drogas” que ha dejado más de 160 mil asesinatos.