Hasta el 30 de septiembre tiene el ejecutivo plazo para enviar al Congreso la Ley de Presupuestos 2019.
El gobierno busca la aprobación de este a través de acuerdos con la DC, PPD y el Partido Radical, advirtiendo que es una “tramitación compleja” ante su minoría parlamentaria. Frente a ello, llaman a la oposición a ser una “buena oposición” y a no restarse de los acuerdos.
En un estudio de eficiencia y gastos fiscales en políticas públicas, según Dipres, el 46% de los programas evaluados obtuvo una baja o mala evaluación. La importancia de esta información radica en que a partir de esta, son reconsiderados los fondos que el gobierno destinará a los distintos programas.
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Hace unos meses, la subsecretaria de evaluación social revisó programas sociales, donde 26 fueron objetados técnicamente, entre los que se encuentran recursos destinados al Sename, atención integral del adulto mayor, elige vida sana, educación intercultural, y programas de jardines infantiles y Salas cunas, anunciando recortes en educación y en el Sename, sin embargo el documento recibió duras críticas, por lo que debió ser retirado de la Contraloría.
Por otro lado, el gobierno acaba de lanzar el acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, que comprometería recursos estatales, de US$8000 millones en 491 proyectos, entre los que se encuentra un Consejo Permanente que haga seguimiento del avance de la implementación del plan, en que Piñera anunció que se enfocará en la
“ayuda y colaboración con las víctimas de violencia y terrorismo que ha afectado en esta región, y eso está relacionado con recuperación de actividades productivas, con permitir un re-emprendimiento de muchas personas que lo perdieron todo, con ayudar a recuperar bienes y activos como viviendas, y también poder mejorar o recuperar la infraestructura que ha sido destruida por los actores violentistas o de terrorismo que han afectado a esta región”
. Siendo parte de las temáticas prioritarias por parte del gobierno de derecha, en cuanto al destino del presupuesto para favorecer a empresarios y mantener su línea de criminalización.
Otro de las consideraciones existentes es que el gobierno se había comprometido con la reducción del déficit fiscal, lo que según expertos, pone un techo para la expansión de gasto público en un 3%, pero dentro de las necesidades más visibles es que dentro de ese margen, debe considerarse el presupuesto asociado a la salud, donde según informes se arrojó que el gasto hospitalario fue de us$1273 millones, con un sobrecargo de us$1000 millones por sobre el erario aprobado para el 2018.
En caso de que hasta el 30 de noviembre no se apruebe la propuesta del gobierno, el presidente promulgaría como Ley de Presupuestos para el próximo año el proyecto original enviado por el Ejecutivo al Congreso, en que se excluirían todas las indicaciones y modificaciones surgidas durante la tramitación en el parlamento. | 
