Con un gran performance en el “Pabellón El Amor por Chile” (toda una provocación en el corazón del Wallmapu), el gobierno presentó este lunes el “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía”, un paquete de medidas comandada por el ex presidente de la CPC Alfredo Moreno (hoy ministro de Desarrollo Social) pretende entregar nuevas prebendas a los grandes empresarios y un ambicioso plan de inversiones para la región más pobre del país.
Una gran inversión ¿Para quién?
El plan del gobierno pretende invertir en 8 años US$24 mil millones (US$8.000 del estado y US$16.000 del sector privado). De acuerdo al ejecutivo, la inversión será en todos los rubros “inversión productiva, infraestructura, salud, educación, caminos y hospitales”. Aunque las primeras dudas ya surgieron de los números ya que el propio Piñera señalo que el aumento presupuestario a la región aumentará para 2019 en 35% (de US$600 millones a US$940 millones) por lo que sólo habría un aumento real de 300 millones de dólares y no los 1.000 anunciados.
Empresarios de todos los sectores aplaudieron las medidas en especial Ricardo Ariztía presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura que declaró a El Mostrador “se activará el desarrollo productivo a través de un mejor aprovechamiento de las tierras y nuevas inversiones”.
El negocio forestal
No es casual la alegría del empresariado a estas medidas que abren un nuevo nicho de negocios a costa de mayor explotación de la tierra. Una de las medidas estrellas en ese sentido es la posibilidad de celebrar una serie de nuevos contratos para tierras indígenas (tanto personales como comunitarias) con un plazo de 25 años profundizando la usurpación histórica de tierras que tanto forestales como agrícolas han realizado en complicidad con el Estado de Chile a lo largo de la historia.
Una situación dramática que con este plan se plantea seguir desarrollando con comunidades y poblados sin agua potable a costa de la depredación de los bosques nativos por monocultivos de eucaliptos y pino en una de las regiones con más reservas de agua del país.
Según datos de la Conaf, la Araucanía tiene la segunda mayor porción de hectáreas forestadas por grandes empresarios con 15 millones, intereses que cruzan a grandes monopolios nacionales como Angelini (Arauco) y Matte (CMPC) que en conjunto poseen 2 millones de hectáreas y controlan el 70% del negocio forestal (en gran parte por el regalo de la dictadura mediante el decreto 701 que hasta hoy subsidia el negocio) mientras que las diversas comunidades mapuche poseen menos que medio millón, un saqueo que este gobierno pretende profundizar.
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Reforma constitucional
Otra de las medidas que contempla el plan es el reconocimiento constitucional del Pueblo Mapuche, aunque como sabemos, no cambiarála sistemática represión de todos los gobiernos que cuenta con 17 muertes en democracia de comuneros o trabajadores mapuche que fueron asesinados por carabineros.
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La creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y una Ley de Cuotas (similar a las cuotas de género actuales), cierran la lista de medidas. Nada habla el gobierno del derecho a la autodeterminación del Pueblo Mapuche.
Por el pleno derecho a la autodeterminación nacional
Al plan de los empresarios que profundiza la opresión al pueblo-nación Mapuche, hay que oponerle una fuerza social en conjunto con trabajadores, mujeres y estudiantes que plantee claramente el cuestionamiento a la propiedad privada de las tierras y pelee por el derecho a la autodeterminación nacional y que discuta de manera amplia y democrática un plan de conjunto para pelear contra la depredación de las tierras, el derecho a la educación y salud gratuita.
En esta perspectiva hay que unir las diferentes luchas en curso y transformar la movilización nacional contra las AFP convocada para el próximo 24 de octubre en un gran paro nacional para pelear por el conjunto de nuestras demandas.
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