Tras la brutal declaración inicial de que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina harán uso de la fuerza mortal para "repeler las agresiones de los delincuentes", el jefe de gobierno capitalino se vio obligado a matizar que los uniformados "deben seguir un protocolo".
José Amieva Gálvez señaló que no es justicia letal, sino “una previsión normativa contemplada en los protocolos de uso de la fuerza”. Añadió que en el concepto de uso de la fuerza viene prohibido cualquier abuso de lo que está a su disposición.
Explicó que hay un sistema escalonado y proporcional de uso de la fuerza, que va desde los comandos de voz hasta las técnicas de sometimiento (sobre todo de artes marciales), pasando por instrumentos no letales que incapacitan temporalmente a las personas.
Agregó en las declaraciones más recientes que en caso de ser agredidos, los policías pueden usar la fuerza letal, que implica, según la versión oficial, repeler mediante las armas de fuego, de acuerdo con tres principios: la preservación de la vida de las víctimas, del elemento policíaco y de la vida del presunto delincuente.
Que se lo expliquen a Marco Antonio Sánchez Flores –cuyo único “delito” es ser un joven estudiante–, detenido arbitrariamente por la policía capitalina y que estuvo varios días desaparecido. En este caso, las autoridades se vieron obligadas a presentarlo con vida luego de que se realizaran importantes movilizaciones y diera inicio la campaña por su aparición.
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¿Qué dice la ley?
La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de los Cuerpos de Seguridad de la Ciudad de México establece que “el policía sólo implementará armas de fuego en defensa propia o de otras personas en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito, particularmente grave, que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia”.
El peligro inminente lo definen las fuerzas represivas a su antojo. Como sucedió en la masacre de Tlatlaya, en la cual miembros del Ejército ejecutaron a 22 personas, y ahora uno de los generales que tomó parte en el encubrimiento de esos hechos, Alejandro Saavedra Hernández, está entre los candidatos a la secretaría de Defensa del gobierno de López Obrador.
Las “aclaraciones” de Amieva en realidad ratifican el uso discrecional de la fuerza por parte de la policía. Argumentan que el uso de la fuerza letal es para “combatir” al crimen organizado, mientras éste florece como hongos bajo la lluvia al amparo de las autoridades, como se evidenció en Tláhuac en julio de 2017.
El verdadero norte del uso de la fuerza policial (y del conjunto de las fuerzas represivas) es la represión en movilizaciones, como sucedió el 10 de junio de 2013, el 2 de octubre, el 1 de diciembre de 2012 cuando asumió Peña Nieto, y en protestas. Recientemente tenemos el caso del CETIS 153, en el cual padres y estudiantes se manifestaron frente a oficinas de la SEP y fueron reprimidos. Otro caso emblemático fue la represión orquestada entre policías, militares y sicarios en la huelga de la mina Media Luna en Guerrero.
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Ante la barbarie creada por las operaciones de militares, marinos y policías junto con el crimen organizado, en el marco de la “guerra contra el narcotráfico” financiada desde Washington, es necesario poner en pie un amplio movimiento nacional contra la militarización.
Los socialistas sostenemos que es necesaria la disolución de todos los cuerpos represivos. Ante la actual descomposición social, sólo la organización de la clase trabajadora y los sectores populares, desde las bases y en forma democrática, puede garantizar su propia seguridad. | 
