Hicieron su presentación ante el Ministerio de Educación de la provincia en el marco del Día por el Derecho al Aborto Seguro en América Latina y el Caribe, en respuesta al abrazo simbólico que los sectores antiderechos realizaron días atrás al ministerio. Exigen que el ministro Juan Pablo Lichtmajer se pronuncie ante esta situación y garantice la ESI en todas las escuelas, en la provincia con índices alarmantes de embarazo adolescente.

La Red de Docentes por el Derecho a Decidir Tucumán se conformó al calor de la pelea por la legalización del aborto, pero luego de la votación histórica en el senado que le dio la espalda al enorme movimiento de mujeres y juvenil emergente no se detuvo y continúa articulando acciones junto a otras redes y a estudiantes. Tucumán es la única provincia del país que aún no adhirió a la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (SSyPR) y que, si bien en su ley de educación provincial tiene un articulado que incorpora la “propuesta educativa” del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (26.150 ESI), lo hace citando especialmente el apartado de la ley que prioriza el “ideario institucional” y los “valores” de cada comunidad. Justamente uno de los puntos que están siendo puestos en discusión en el congreso de la nación ya que en los hechos ha significado la imposición de los grupos religiosos y la ausencia de capacitaciones masivas para su implementación. No es casual que Tucumán sea la única provincia que continúa impartiendo educación religiosa católica en las escuelas públicas.

Este viernes 28 de septiembre, en el marco del Día de acción por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe, se hicieron presentes ante las oficinas del Ministro de Educación de Tucumán y presentaron formalmente una exigencia al ministro Juan Pablo Lichtmajer solicitando audiencia e informe de varios índices sobre la salud y educación sexual de la población estudiantil de la provincia.

Mercedes Lizondo, integrante de la Red y de la agrupación docente Marrón/Pan y Rosas manifestó que tienen una profunda preocupación por el llamativo silencio de las autoridades de la cartera educativa ante la avanzada de las iglesias que se oponen a la implementación de estos derechos y que tienen profunda injerencia en el régimen político tucumano. “Hicieron de la legislatura una trinchera antiderechos con el aval de todos los bloques políticos. Si Elías de Pérez fue la voz cantante contra las mujeres en el Senado, Manzur y Jaldo demuestran los mismos lazos con estos sectores conservadores en el gobierno provincial. Todos gobiernan en defensa de la injerencia de las iglesias en nuestras vidas”.

La presentación es contundente “basta recordar que Tucumán es una de las provincias con el índice más alto de embarazo adolescente, que en muchos casos esos embarazos son consecuencia de abusos sexuales que hoy la escuela no puede ayudar a prevenir por falta de decisión política. Este pedido recorrió las escuelas de la provincia, en la mayoría se instaló casi por la exclusiva demanda de nuestrxs estudiantes, y demandan su derecho democrático a ser escuchadxs” y denuncia “esta ofensiva se traduce en persecución a docentes y en algunos casos la suspensión de capacitaciones masivas como las que se venían realizando en el marco del Programa ENIA”.

Belén Barral, integrante de la corriente social y política Marabunta, y de la Red Docente manifestó en las puertas de la Casa de Gobierno “venimos a exigir al ministro que presente su posición frente a la falta de implementación coordinada y presupuesto para la Ley de Educación Sexual Integral que fue sancionada hace ya 12 años. En nuestra provincia se continúa sin priorizarse la capacitación masiva a docentes, la coordinación y supervisión de la implementación acompañado de presupuesto tanto para esto como para materiales necesarios en las escuelas. Si la ley tiene carácter nacional y la ley provincial de educación la reconoce en su capítulo 2 ¿por qué entonces tantas trabas para poder implementarla desde las instituciones? Esto no debería depender de decisiones directivas, ni de planteos personales de las familias ni mucho menos de la objeción de conciencia de lxs docentes porque además no existe la tal objeción de conciencia docente”.

En el mismo sentido, Priscila Hill, también docente e integrante de la Red señaló que “frente a los grupos conservadores exigimos la aplicación de la ley en todas las instituciones porque les estudiantes son sujetos de derechos, es un proyecto transversal de articulación que implica considerar a la escuela un espacio de contención y acompañamiento ante la cantidad de atrocidades que viven les chiques en nuestro país y provincia”.

Texto completo de la presentación

28 de Septiembre de 2018, San Miguel de Tucumán

Ministro de Educación de la Provincia de Tucumán
Dr. Juan Pablo Lichtmajer
S___/___D

Desde la Red de Docentes por el Derecho a Decidir de Tucumán nos dirigimos a Ud. a los fines de dar a conocer nuestra más profunda preocupación por la situación provincial actual respecto del Programa Nacional de Educación Sexual Integral Ley 26.150, solicitarle un pedido de informe y audiencia.

Ante las manifestaciones recientes contra la implementación de la ESI por parte de organizaciones religiosas fundamentalistas que se oponen a los derechos conquistados de las niñas, niños y adolescentes, y que esta ofensiva se traduce en persecución a docentes y en algunos casos la suspensión de capacitaciones masivas como las que se venían realizando en el marco del Programa ENIA, vemos con preocupación que ni el Ministerio como institución ni su persona se haya pronunciado públicamente en defensa de la ESI.

Por intermedio de la presente vemos la necesidad de exigirle a usted, y por su intermedio al gobierno provincial, la inmediata implementación de la ESI en todas las escuelas públicas de gestión estatal y privada de la provincia. Son muchos los fundamentos que podríamos desarrollar y que están contenidos en los propios fundamentos de la Ley, tanto nacional como en el artículo 9, sección 13 de nuestra ley de educación provincial. Aunque basta recordar que Tucumán es una de las provincias con el índice más alto de embarazo adolescente, que en muchos casos esos embarazos son consecuencia de abusos sexuales que hoy la escuela no puede ayudar a prevenir por falta de decisión política. Este pedido recorrió las escuelas de la provincia, en la mayoría se instaló casi por la exclusiva demanda de nuestrxs estudiantes, y demandan su derecho democrático a ser escuchadxs.

Creemos necesario que usted manifieste públicamente su compromiso con el pedido de adhesión, presupuesto y cumplimiento que diversas organizaciones y el movimiento de mujeres, del colectivo LGBT+ y estudiantes ha exigido a la legislatura local.

Para finalizar, solicitamos información, a la brevedad y por escrito, sobre los puntos que a continuación se detallan, relacionados con la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral: