El resultado de la votación –267 votos a favor y 157 en contra– fue producto de la alianza entre la bancada demócrata y el ala moderada de los republicanos.
La lectura que hacen algunos analistas es que constituyó una derrota para el sector ultraconservador de los republicanos en su primera batalla luego de obtener la mayoría en las cámaras, y al mismo tiempo puso en evidencia la falta de unidad de ese partido, que se postula como presidenciable para las próximas elecciones.
Pero no se trata de la bondad de un sector de republicanos y de los demócratas hacia los 11 millones de migrantes indocumentados que residen en el gigante del norte.
El Departamento de Seguridad Interna –DHS es su sigla en inglés– es la institución encargada de vigilar las fronteras de la “lucha contra el terrorismo”. La aprobación del presupuesto del DHS significa que habrá fondos para mantener los centros de detención de migrantes, verdaderas cárceles con pésimas condiciones de salubridad. Habrá fondos para la Patrulla Fronteriza que vigila las fronteras con mano de hierro.
La Patrulla Fronteriza: mano dura y robos contra los migrantes
En el artículo “La Patrulla Fronteriza institucionaliza el robo”, publicado en la revista Proceso núm. 2000, del 1º de marzo, se denuncia “Ser detenido por la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos implica no sólo la deportación a México sino la pérdida de dinero y pertenencias”.
Así, parte de la operación para criminalizar a los migrantes pasa por requisar sus pertenencias antes de enviarlos a los centros de detención: dinero, documentos, pertenencias personales.
Según un reporte de la organización No Más Muertes, citado por Luis Chaparro, autor del artículo mencionado, “Cuando se siguen los protocolos del Departamento de Seguridad Nacional, gran parte del dinero va a una cuenta provisional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y eventualmente termina en el Departamento del Tesoro”.
Lo que sucede es que una vez que un migrante es apresado por la Patrulla Fronteriza, lo detienen al menos por 60 días, pero el plazo para reclamar su dinero y sus pertenencias expira a los 30 días. Peor aun, hay muchos casos en que los agentes policiales roban el dinero a los migrantes directamente, antes de entregarlos.
Por otra parte, se deporta los migrantes por lugares lejanos a su origen. Si entraron por Chihuahua, los deportan por Reynosa, Tamaulipas, sin dinero, sin nada. Y esto se considera una política para disuadirlos de volver a ingresar a territorio estadounidense.
Migajas para los migrantes: el Programa de Acción Diferida
El Programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidense –DAPA por su sigla en inglés, que daría protección migratoria temporal a los padres no estadounidenses de niños nacidos en EUA–, debería haber entrado en vigor el pasado 18 de febrero. Este programa afectaría a 4.7 millones de personas.
Sería un respiro, pero no otorga la residencia permanente a los migrantes, lo cual es un obstáculo para el acceso a plenos derechos sociales, sindicales, laborales y políticos.
Pero el 16 de febrero, Andrew Hannen, juez de la Corte Federal del Distrito del Sur de Texas ordenó el bloqueo temporal de la DAPA. El gobierno de Obama solicitó a Hannen que suspenda esta medida. Es posible que ahora, sin la oposición de la mayoría de las cámaras a las medidas ejecutivas de Obama, el juez acceda.
De acuerdo con el Centro para el Progreso Americano (CAP), si se suma el costo de aprehensión, detención, trámite legal y transporte al país de origen, deportar a un migrante le cuesta al gobierno estadounidense 10.070 dólares. Si se deportara al total de los migrantes indocumentados, aproximadamente 11 millones de personas, el costo sería de más de 50 mil millones de dólares. El CAP considera que el gobierno estadounidense no cuenta con los fondos suficientes para llevarlo a cabo.
Asimismo, el CAP en otro estudio considera que si se incorporaran los 4.7 millones de beneficiarios del DAPA a la economía formal, el gobierno de Obama recaudaría más de 22 mil millones de dólares en impuesto sobre la nómina en los primeros 5 años, 41 mil millones de dólares para el sistema de seguridad social y 210 mil millones de dólares más para el PBI en 10 años.
Como surge de estas cifras, la residencia temporal de los migrantes en Estados Unidos constituye un gran negocio para el gobierno de ese país y para las empresas constructoras, de servicios y del agro, que son las que emplean mayoritariamente a los extranjeros por bajos salarios.
Obama no quiere ni puede enfrentarse a estos sectores del capitalismo yanqui, pero necesita dar alguna concesión a su base social latina que lo apoyó en distintas elecciones. Medidas como la DAPA apuntan en ese sentido.
Mientras tanto, millones de migrantes viven pendiendo de un hilo. Pueden separar sus familias si los deportan, y si no, pueden ser víctimas de la violencia policial.
Para resolver de verdad su situación no pueden esperar la benevolencia ni de demócratas ni de republicanos. Sólo aliándose a los trabajadores y a los sectores populares afroamericanos y blancos podrán conquistar plenos derechos sociales, sindicales y políticos, y juntos pueden repeler los ataques a las conquistas obreras en Estados Unidos. | 
