En los últimos días, y mediante un estudio elaborado por Chequeado y el diario La Nación, se conoció un reporte que indica que hubo un recorte importante en la entrega de métodos anticonceptivos.
De acuerdo a lo publicado por La Nación, en el año 2016 el Ministerio de Salud repartió el 27% de lo previsto para los tratamientos de anticonceptivos hormonales (implantes sub dérmicos y pastillas orales). Este porcentaje contrasta con el 82% entregado en el año 2015, confirmado por Salud en el informe de cuentas de inversión. Si bien durante el año 2017 hubo un leve repunte, no llegaron a equiparar lo entregado en el año 2015.
Algo parecido sucede en la distribución de preservativos en hospitales y centros de salud públicos. En 2016, solamente se entregó el 20% de lo previsto, 18 de 93 millones, cuando el año anterior se habían repartido 52 millones de profilácticos.
Este fuerte recorte es una arista más del plan de ajuste dentro de la salud pública. Pero este ajuste empezó apenas Mauricio Macri asumió su cargo como presidente. Recordemos, por ejemplo, el cierre de varios programas relacionados con la salud sexual y reproductiva, como así también la reducción en las partidas presupuestarias para las áreas de género y mujer.
Que suceda ahora, justamente este año, suena como mínimo paradójico. Y decimos esto porque hace apenas unos meses, durante el debate en el Congreso para la legalización del aborto, los sectores que se opusieron a este derecho elemental, levantaron las banderas de la “prevención” apoyados en los métodos anticonceptivos y la educación sexual.
Esteban Bullrich, por ejemplo, en su discurso en el Senado decía: “algunas medidas deben apuntar a mejorar la educación y a garantizar el acceso a una salud sexual reproductiva”.
Pero ¿a qué se refería concretamente el senador? La salud sexual, con esta reducción en la entrega de métodos anticonceptivos se verá seriamente perjudicada, sobre todo para los sectores más vulnerables.
En cuanto a la educación, a pesar de tener una ley de Educación Sexual Integral, la campaña que nuevamente encabezan las religiones, católica y evangélica, con los mismos sectores que se opusieron a la legalización del aborto, pone en riesgo la posibilidad de su aplicación masiva.
Sin embargo, la situación de todo lo que se refiere a salud sexual y reproductiva se complica aún más si tenemos en cuenta primero que el gobierno nacional degradó el Ministerio de Salud a Secretaría. Y en segundo lugar, pero casi tan importante como lo anterior, es que esta Secretaría quedó bajo la órbita de su mejor alumna: Carolina Stanley. La misma que se opone al aborto legal, y que tiene lazos estrechísimos con el Papa Francisco.
No es nuevo, pero viene bien recordar, que la iglesia se opone también a cualquier método anticonceptivo que no sea los que llaman “naturales”, es decir el que rige el ciclo ovulatorio de la mujer.
De modo que podríamos inferir que la educación sexual fue la “excusa” para bloquear el derecho al aborto legal, y el ajuste y falta de presupuesto actuaría de igual manera para la entrega de métodos anticonceptivos. Una cortina de humo que oculta el tinte conservador de este gobierno.
Esta hipótesis se refuerza si hacemos un poco de historia con respecto a la planificación familiar en la Argentina.
En un artículo escrito por Mabel Bianco y publicado por la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, aporta datos sobre la evolución que tuvieron estas políticas en nuestro país.
Si retrocedemos cuatro décadas, llegamos al gobierno de Isabel Perón. Fue ella quien en el año 1974 firmó un decreto presidencial (Nº 679) que prohibía las actividades de Planificación Familiar en los servicios de salud públicos y en la Seguridad Social.
Esta anulación fue ratificada por un nuevo decreto (Nº 3.839) del año 1976, en plena dictadura militar. Básicamente prohibía a los médicos recetar anticonceptivos, por lo que quien quisiera acceder a ellos debía pagarlos. Cerraban así la posibilidad de acceso a una gran parte de la población, sobre todo si tenemos en cuenta la crisis económica que estaba en ciernes.
Recién en el año 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se deroga este decreto. Pero esta norma no alcanzó para imponer una política de planificación familiar, como tampoco la distribución masiva de métodos anticonceptivos. De todas formas este pequeño avance volvió a fojas cero, cuando en el año 1989 asume Carlos Menen, cambiando nuevamente las políticas de población.
Si hacemos el ejercicio de observar qué rol jugó, por ejemplo, la iglesia católica en las décadas mencionadas, podemos ver que es casi una réplica del lobby que lleva adelante hoy. Que quedó en evidencia con las campañas en contra del derecho al aborto y ahora oponiéndose a la ley de Educación Sexual Integral.
Es por eso que el ajuste en las partidas para salud sexual y distribución de métodos anticonceptivos es real. Pero no menos cierto es que este gobierno necesita como aliado fundamental a la iglesia que contenga a los sectores donde la crisis económica será más brutal.
Por el momento el gobierno cedió ante las presiones de la iglesia y están cumpliendo con todas las tareas. Lograron bloquear la ley de interrupción del embarazo, tienen frenada la ley de Educación Sexual Integral y está mermando la entrega de anticonceptivos.
La políticas de ajuste descargan toda su brutalidad sobre los trabajadores. Pero sin dudas en esta jugada del gobierno son las mujeres las que quedaron como rehenes.
No pueden interrumpir su embarazo de manera legal y segura, y posiblemente se les dificulte acceder a métodos anticonceptivos de manera gratuita.
Por eso el movimiento de mujeres sigue más organizado que nunca. Porque conoce sus fuerzas y sabe que, más temprano que tarde, la lucha en las calles le permitirá alcanzar los derechos que aún están pendientes. | 
