La diputada nacional oficialista Aída Ayala pidió esta tarde su propio desafuero. El pedido responde a que se confirmó su procesamiento como integrante de una banda delictiva que presuntamente se dedicaba al lavado de dinero.
En un comunicado que difundió, la diputada oficialista afirma "solicitaré a mis pares en la Cámara de Diputados de la Nación que resuelvan de inmediato la suspensión de mis fueros y me permitan ponerme a disposición de la Justicia. No me escudaré en los fueros parlamentarios, esclareceré los hechos y mi falta de responsabilidad en el lugar que corresponde".
Según la acusación de la justicia chaqueña, los hechos ocurrieron cuando la actual legisladora nacional se desempeñaba como intendenta de la localidad de Resistencia. Su gestión tuvo lugar entre los años 2003 y 2015.
La diputada nacional está procesada juntos a otras 14 personas. La acusación en su contra es por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
El fallo judicial contra Ayala fue tomado por la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Resistencia. La decisión de la jueza Zunilda Niremperger ratifica un fallo de primeras instancia. La causa investiga la renegociación de contratos para la recolección de residuos, durante sus mandatos.
La decisión de Ayala de proponer su propio desafuero cuenta con el aval de la conducción del interbloque oficialista. Para Cambiemos la defensa de la diputada chaqueña se hacía difícil en el marco de la fuerte campaña que hizo por el desafuero del kirchnerista Julio De Vido.
La denuncia pone al desnudo que la corrupción se encuentra a ambos lados de la famosa “grieta” que separa macristas y kirchneristas. Y esto tiene lugar aunque la gran corporación mediática afanosamente intenta ocultar los casos en los que aparece implicado el actual oficialismo, como ocurrió con la denuncia por los aportantes truchos de campaña en provincia de Buenos Aires. | 
