Esto platicó en condición de anonimato un diputado federal saliente y cercano colaborador de Duarte de Ochoa en su administración 2010-2016 a la revista Proceso:
“El gobierno de (Enrique) Peña acordó apretarnos, exhibirnos… pero no ahorcarnos.”
Y es que la serie de operaciones judiciales para rescatar a los grandes funcionarios del sexenio de Peña Nieto tenía que finiquitarse antes de termine su mandato. Entre ellas, la escandalosa atenuación de cargos y sentencias al corrupto exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte -quien apenas ha recibido nueve años de carcel y una multa irrisoria como castigo- que levantó una ola de indignación y declaraciones de desaprobaciones, entre ellas la del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
El gobernador actual dijo, al conocer la sentencia, que la misma “indigna” y “lastima” a los veracruzanos, quejándose de que más que un castigo, la lectura popular señala que se ha “perdonado” a un delincuente que causó un grave daño a los veracruzanos. Y señaló también que Duarte de Ochoa aún tiene pendiente una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada, la cual se encuentra tramitando ante el gobierno de Guatemala, pues de allá se le extraditó.
Sin embargo, la promesa de Yunes Linares es cuestionada por el abogado de los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2016, señala que el nuevo sistema procesal fue utilizado para darle impunidad a Javier Duarte en este caso de desaparición forzada.
Según el abogado, Celestino Espinoza Rivera, los culpables de este “error” son la Fiscalía General del Estado y Miguel Ángel Yunes Linares, quienes no giraron la orden de aprehensión por desaparición forzada a tiempo para que este delito también le fuera imputado en el documento de extradición presentado a las autoridades de Guatemala.
De esta manera el responsable de este delito gozará de toda impunidad a tres años de cometido el delito. Por la misma causa judicial hay 21 detenidos federales y estatales (incluyendo al fiscal del gobierno duartista) por la desaparición de los jóvenes, pero ninguna sentencia; al parecer, la apuesta es dejarlo todo suspendido hasta que el olvido del asunto les permita liberarlos.
Y es que los tratados de extradición tienen una limitación que los gobiernos corruptos aprovechan para favorecer a delincuentes: sólo se concede por los cargos que el país acusador declare en el acuerdo entre ambos países. Así aparte de que el aparato judicial mexicano no imputó los cargos más graves, tampoco puede incrementar el cargo de la desaparición forzada de los jóvenes de Tierra Blanca sino hasta 60 días después de haber cumplido su condena por los delitos plasmados en dicho acuerdo (lo que le dará dos meses para salir impunemente del país).
Así es como se explica la táctica seguida por la Procuraduría General de la República, a las órdenes directas de Peña Nieto, de enlentecer las investigaciones para que al momento de signar el acuerdo de extradición, se les imputen los cargos menores y a partir de ahí obtener una sentencia muy reducida, como es el caso de Javier Duarte. Esta lentitud deliberada también ha servido para mantener al exgobernador César Duarte cómodamente instalado en Texas, ante la impotencia de la fiscalía de Chihuahua y Javier Corral, el gobernador actual.
Los familiares de los jóvenes desaparecidos interpusieron una denuncia en contra de toda la cadena de mando en el estado, que incluye al gobernador, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en 2017 y un amparo porque la Fiscalía no hizo nada, dijo Espinoza Rivera. Pero la cuestión es que no sólo la PGR al servicio del PRI sino también el gobernador del PAN-PRD en Veracruz incurrieron en esa práctica, de acuerdo a la denuncia del abogado Celestino.
En el tema de la complacencia de las autoridades judiciales para permitir la impunidad de los funcionarios de gobierno muestra como los gobernadores, diputados y hasta presidentes municipales de los partidos del Pacto por México (PRI-PAN-PRD) se han amalgamado en una misma práctica ante la corrupción en las esferas gubernamentales: la permisividad y protección de los malechores con fuero.
La gente de a pie, la que acudió masivamente a votar para echar a estos partidos decadentes al servicio de los patrones y las empresas extranjeras, tiene la esperanza de que con el Morena las cosas mejoren. Pero es latente el riesgo de que, lejos de llevarse a cabo los cambios prometidos por López Obrador, se incurra en las mismas prácticas.
Hay que recordar que una gran cantidad de candidaturas fueron convenidas con gente que viene de esos partidos, muchos de ellos empresarios explotadores hábiles para el enriquecimiento individual, y que para la base militante del Morena será difícil deshacerse de ellos e imponerles que abanderen las necesidades de los de abajo.
En este caso, Cuitláhuac García, quien proviene del PRD, ya salió a declarar descartando que cuando asuma funciones el próximo 1 de diciembre vaya a continuar la próxima investigación en contra de Javier Duarte y sus cómplices. Escudándose en que en un proceso penal no se puede juzgar dos veces a una misma persona por los mismos delitos.
Para los trabajadores pobres del campo y la ciudad, para la juventud que tiene un futuro incierto ante la precarización y desempleo, que enfrentará la amenaza del “primer empleo” sin prestaciones para ellos pero con salarios subsidiados para el patrón; para los pueblos originarios, cada vez con menos tierras y sin alimentación suficiente, tendremos que reorganizarnos para impedir que las condiciones sigan igual. | 
