El Secretario de Energía de la nación fue denunciado penalmente hoy por el fiscal Guillermo Marijuan. La razón de la denuncia tiene que ver con la resolución que ese funcionario nacional firmó para otorgar una "compensación" a la empresa Metrogas a raíz de la devaluación.
El delito que se le imputa a Javier Iguacel es por "abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En diálogo con con radio La Red el fiscal explicó "he decidido hacer una denuncia con la resolución número 20/2018, que establece un aumento en la tarifa del gas retroactiva, porque trata de compensar a las empresas distribuidoras por el período de abril a septiembre por el aumento del dólar".
El funcionario judicial explicó en la entrevista que los usuarios ya "habían realizado los pagos" y que "uno de los efectos del pago es la cancelación total".
La resolución que había tomado el gobierno de aumentar las tarifas de gas, para "compensar" a las distribuidoras por la devaluación, se suma a los aumentos de entre el 30 y el 35% en las últimas boletas. Esa suba ya significaba un mazazo al salario de los trabajadores, que destinan en muchos casos hasta la mitad de su sueldo para pagar servicios.
El viernes, al conocerse la resolución, la bronca había estallado y se había expresado
tanto a través de las redes sociales como en el reclamo de sectores de la oposición política y sindical.
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Entre quienes criticaron la medida estaba el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, quien denunció "ahora van a "compensar" a las empresas distribuidoras de gas! para las trabajadoras y trabajadores, para jubilados y pequeños comerciantes no sólo no habrá ninguna "compensación" por la devaluación sino que tendremos que pagarle la fiesta a las privatizadas como Metrogas".
Precisamente en la Cámara de Diputados, ese rechazo empujó a la oposición a impulsar el pedido de una sesión especial para derogar esa normativa. Entre los anotados para presionar por ese cambio están el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, dos fuerzas que han votado innumerables leyes a favor del oficialismo. El kircherismo, que busca la unidad con estos sectores, también se sumaría al pedido de sesión especial.
El problema que aqueja a la oposición es que, sin dictamen de comisión, requeriría dos tercios de los votos para poder poner en tratamiento cualquier norma de este tipo. Sin embargo, la sola discusión significará un golpe político a la coalición oficialista que, además, viene cruzada por sus propias tensiones internas.
Si eventualmente se discutiera y lograra ser aprobada la modificación, el mismo presidente podría vetar la norma. Eso sí, implicaría pagar un alto costo político.
Mientras se dirimen distintas estrategias legales y parlamentarias que no se saben en que terminarán, los trabajadores día a día ven como su situación económica se hace imposible mientras sigue recayendo sobre sus espaldas el peso del ajuste. | 
