El Centro CEPA estimó que para un hogar de la zona metropolitana casi la mitad del monto que el Gobierno quiere hacerle pagar en concepto de “compensación” a las empresas distribuidoras de gas por el desfasaje en el tipo de cambio frente a la puja con las empresas productoras, correspondería solamente a “intereses” por “financiación”.
Es decir que para garantizarles a las empresas que lucran con el servicio público de gas (tanto productoras como distribuidoras) que verán sus ganancias intactas y la facturación dolarizada (con una devaluación de 120 % anual), el Gobierno también incorpora un negocio financiero adicional para dichas empresas que es considerar el desfasaje como una “deuda” de los usuarios y aplicar dos veces el interés sobre esa deuda.
Así, por ejemplo, CEPA estimó que para un hogar que consumió entre 300 y 450 metros cúbicos por bimestre entre mayo y octubre, las empresas de gas le reclamarán un monto total de $ 2.166,90, de los cuales $ 1.459,80 corresponderían a intereses por diferencias diarias y también por la financiación en 24 cuotas que estableció el Gobierno.
Pero las familias trabajadoras que viven de su salario o de “changas” para llegar a fin de mes, ven que sus ingresos se licúan día a día con la inflación que superará el 45 % anual. Mientras los salarios crecen muy por detrás, con paritarias de entre 15 % a 25 %, e incluso inferiores.
Algunos estudios estiman que el salario real perderá al menos 11 puntos hacia fin de año, afectados por la devaluación y los tarifazos.
A ello debe agregarse la creciente pérdida de empleos, suspensiones y el parate de la actividad con la cual el Gobierno y el FMI se juegan a frenar la inflación y descargar la crisis sobre los trabajadores. La recesión superará el 2,5 % este año.
No contento con ello, el Gobierno también quiere exprimir hasta la última gota restante de “esfuerzo” de las familias trabajadoras, con el fin de mantener la rentabilidad de las empresas amigas.
De manera que los intereses podrían llegar al 87 % del monto que el Gobierno propone refacturar. Nunca antes visto.
Así, no sólo este tarifazo es escandaloso por el reclamo de un pago retroactivo de un servicio que ya fue abonado por los usuarios, que hasta para el fiscal Marijuan -que denunció penalmente a Iguacel- se trata de un abuso de poder, sino también por el intento de aplicar sobre esa deuda creada a cada familia dos veces el pago de intereses, en momentos en donde además el Gobierno y el Banco Central, por decisión del FMI, están posicionando el nivel de la tasa de interés de referencia a niveles extremadamente elevados (74 %).
En juego hay $ 10.600 millones, que es el reclamo entre productoras y distribuidoras, considerando que Camuzzi exige una diferencia de $ 3.300 millones, Gas Ban $ 2.800, EcoGas $ 1.500 y Metrogas en torno a los $ 3.000, a lo que deben sumarse los jugosos intereses.
El centro CEPA denuncia también que la resolución del Enargas 20/2018 no se enmarca siquiera en el débil esquema jurídico de los años 90 (ley 24.076 del año 1992). Aquél establece que las diferencias diarias que se registran devengan una tasa pasiva (la que paga el banco a los ahorristas).
“Pero la resolución del 4 de octubre incumple esta norma, ya que establece un mecanismo de actualización vía tasa activa, mucho más elevada, que perjudica aún más a los usuarios. Con el agravante de que, para intentar contener la inestabilidad cambiaria, la política del Gobierno fue elevar la tasa de interés. La resolución apuntala el negocio financiero de las distribuidoras”, platea el comunicado de CEPA.
“Enargas estableció que las diferencias actualizadas a diciembre de 2018 sean financiadas en 24 cuotas mediante un crédito de sistema francés con la tasa pasiva del BNA otorgado a cada uno de los usuarios. Los intereses de este crédito se calculan sobre las diferencias de cambio, pero también sobre los intereses de actualización de 2018. Es decir, capitaliza intereses o dicho de otro modo, cobra intereses sobre intereses”, sentencia.
¿De cuánto fue el tarifazo de gas en los últimos tres años?
De acuerdo al centro CEPA, en la zona metropolitana el aumento de la factura de gas promedio aumentó 1.848 % desde diciembre de 2015, incluyendo la reciente suba anunciada en octubre.
Estos últimos aumentos oficializados ayer en el Boletín Oficial, además del sobrecosto a los usuarios para imputarles el impacto de la devaluación, consisten en un 19,67 % a los usuarios residenciales en términos de cargos fijos. Pero también se agregan los aumentos por consumo, que van del 60 % al 63 % en el caso de los usuarios que menos gas utilizan (la categoría R1) y de 21 % a 22 % para las categorías más altas.
Para los comercios y pequeñas industrias (SGP1 y SGP2) el límite de incremento será del 50 %.
El Gobierno justifica y avala dichos tarifazos planteando que se trata de un costo necesario e inevitable de la quita de subsidios millonarios, un “sinceramiento”, iniciado por el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren cuando estaba al mando del Ministerio de Energía y Minería, y continuado ahora por Javier Iguacel como secretario de Energía.
Sin embargo, las formidables ganancias de las empresas energéticas son la evidencia irrefutable de que lo que hay de fondo no es meramente una quita de subsidios (sin ninguna auditoría, investigación o control popular sobre el destino de esos fondos), sino un engrosamiento de las ganancias millonarias de las empresas amigas del Gobierno.
En los últimos balances de 2017 las ganancias superaron con creces las del año anterior: Camuzzi $ 452 millones, Gas Cuyana $ 588 millones, Gas Natural Ban $ 574 millones, Metrogas $ 787 millones, TGN $ 808 millones y TGS $ 2.797 millones. Esta última había triplicado su ganancia.
Pero también, según datos del Instituto Argentino del Mercado de Capitales, los resultados económicos de las empresas de petróleo y gas crecieron hasta 30.000 % entre el primer trimestre de 2017 y mismo período de 2018. Excepto distribución de gas, todos los otros segmentos mejoran sus resultados.
Cabe recordar que las cuatro empresas distribuidoras más grandes -como Metrogas, Camuzzi, Gas Cuyana y Eco Gas- controlan el 85 % del mercado de distribución. Así también, las empresas productoras de gas como YPF, Total Austral, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, YsurEnergía, Pluspetrol y Compañía General de Combustibles concentran cerca del 90 % de la producción de gas.
Muchas de las empresas concesionarias de servicios públicos fueron privatizadas durante los años 90 bajo el gobierno de Carlos Menem, manteniéndese así hasta la actualidad, sin cuestionamiento por ningún gobierno. Pero los empresarios no solo llenan sus bolsillos con los tarifazos, sino también con los millonarios subsidios que les otorgó el Estado en ese momento, que mantuvo e incrementó el gobierno kirchnerista y que hasta el día de hoy permanecen sin ningún tipo de control ni auditorías.
Hoy más que nunca se hace urgente la estatización de todos los servicios públicos, bajo control de sus trabajadores junto a comités de usuarios, los únicos interesados en que los mismos sean de calidad, que se realice la inversión suficiente para el abastecimiento, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, sin necesidad de obtener ganancias por ello.
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