La negativa por parte del MAS de respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016, en el que el gobierno perdió en la consulta electoral sobre una nueva reelección de Evo Morales y García Linera, dio origen al surgimiento de diversas plataformas ciudadanas que ven en la sentencia 084/2017, que habilita a la reelección indefinida, una violación judicial al principio democrático de las urnas y a la tan mentada “democracia participativa” establecida en la Constitución. A partir de ello, estas plataformas se han convertido en el factor de oposición más dinámico de los últimos meses y confluyen con un amplio abanico de opositores al MAS en la convocatoria a movilizaciones contra la violación de los resultados del 21F y por la “defensa de la democracia”, en esta ocasión en una fecha emblemática como el 10 de octubre, a 36 años del fin de la última dictadura militar en Bolivia. En respuesta a esta convocatoria, el Gobierno también ha convocado a contra marchas en diversos departamentos, afirmando que la democracia fue recuperada por los movimientos sociales que hoy estarían dentro del denominado “proceso de cambio”.
La soberanía popular escamoteada por el MAS y por la oposición patronal
Tanto oficialistas como opositores se embanderan con la defensa de la democracia, cuando ambos han tenido una política sistemática, desde la Asamblea Constituyente, de violentar y recortar en forma creciente el principio democrático básico de la soberanía popular.
Es evidente que Evo Morales y el MAS al desconocer los resultados de las urnas del 21F apoyándose en los venales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), dan un paso en cercenar y violentar este principio básico de la democracia representativa de la misma manera que con la Ley 586 eliminaron la participación ciudadana en la administración de justicia o con la reciente ley de organizaciones políticas proscribiendo de la participación electoral de importantes sectores de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, para las próximas elecciones nacionales del 2019.
Sin embargo, en esta aparente legitimidad que contarían las plataformas del 21F, podemos ver que algunas de ellas se encuentran en relaciones nada menos que con el reaccionario ultraderechista de Bolsonaro en Brasil quien acaba de obtener el 46% de los votos en el país hermano en unas elecciones absolutamente condicionadas y con múltiples maniobras como la eliminación de mas de 3 millones de votantes, proscripción de Lula, el tutelaje de las fuerzas armadas en medio de un creciente clima de represión y asesinatos impunes como el de la consejal del PSOL Marielle Franco, etc. Estas plataformas del 21F están conformados por sectores empresariales y partidos que van desde la derecha a ultranza, hasta sectores e individualidades de izquierda que han perdido toda perspectiva crítica. Son también parte de esto las iglesias organizadas en espacios como “la Plataforma por la vida”, que se oponen al básico derecho de las mujeres al aborto. No podemos considerar a estas formaciones racistas, homofóbicas y clericales como fieles exponentes de la “democracia”.
El recorte al principio de la soberanía popular de la democracia representativa empezó con el acuerdo entre Evo Morales y Tuto Quiroga el 2006 con la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente para que sea el parlamento de aquel entonces el que termine de aprobar lo deliberado por la Constituyente. Posteriormente el acuerdo en Cochabamba del 21 de octubre del 2008 luego de la crisis y connatos de guerra civil que vivimos con la masacre de El Porvenir por parte de grupos armados de la gobernación, fue otro paso decisivo en violentar este principio: una comisión de 4 diputados, dos del oficialismo y dos de la oposición se dieron a la tarea de re escribir varios artículos que para la oposición eran fundamentales para lograr el acuerdo, como fueron los referidos a la propiedad privada, la defensa del latifundio en el Oriente y también la inclusión del artículo que impedía la reelección consecutiva más de dos veces. Ambos, oficialismo y oposición han venido violentando sistemáticamente los más elementales principios democráticos al mismo tiempo que ambos se presentan como “defensores de la democracia”.
¿Construyendo una fuerza social de derecha?: aprender de Brasil
El ascenso del ex militar y religioso Bolsonaro en Brasil no cayó del cielo. Fue antecedido no sólo por el golpe judicial que puso en movimiento el juez Moro, los militares, las iglesias y el conjunto de la burguesía y el capital financiero carioca. Ante el golpe judicial, que puede dar un salto cualitativo con un eventual Gobierno de Bolsonaro, las organizaciones sindicales y el mismo Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma se negaron sistemáticamente a movilizar en las calles a los trabajadores y el pueblo, y se comportaron como respetuosos de la institucionalidad burguesa facilitando con esta política el ascenso de las corrientes y personalidades que terminan confluyendo electoralmente detrás de este representante de lo más concentrado del capital financiero y la burguesía paulista. Las “inocentes” y democráticas movilizaciones de años atrás contra la corrupción contribuyeron a darle legitimidad al golpe judicial y fueron alentadas por toda la burguesía, sectores de clases medias e incluso organizaciones de izquierda que se adaptaron al discurso “anticorrupción”, sin percibir que esta ubicación preparaba el terreno para el surgimiento de esta fuerza electoral de derecha encabezada hoy por Bolsonaro.
En Bolivia, salvando las importantes diferencias, el abanico opositor está constituido por fuerzas que van desde organizaciones semifascistas como el diputado Poppe o la Plataforma del 21F “a las Calles”, la plataforma "SOS Bolivia" que festejaron el triunfo en la primera vuelta de Bolsonaro, hasta organizaciones de izquierda como los Insurgentes, burócratas sindicales como Guido Mitma o el mismo POR (Partido Obrero Revolucionario) hasta Carlos Mesa que acaba de declarar su esperanza de que Bolsonaro sea derrotado en la segunda vuelta en Brasil, en un tácito apoyo al candidato del PT Haddad. Sin embargo pese al variopinto agrupado en la oposición y que se movilizará el 10 de octubre en defensa de la “democracia”, lo que es claro es que en su interior se incuban organizaciones que fueron parte de la violencia racista agrupados en los comités cívicos departamentales así como las cámaras empresariales del transporte pesado y de larga distancia, los colegios médicos, algunas universidades como la UMSA que desde la lucha contra el Código del Sistema Penal en el mes de enero vienen poniendo en práctica una gimnasia movilizadora sobre la base de un contenido social de clases medias y empresarios. El papel más patético lo cumple el POR que emitió un comunicado afirmando que marchan de manera independiente como si se pudiera marchar de manera independiente cuando son todas estas organizaciones derechistas las que han establecido la agenda del 21F así como la marcha de este 10 de octubre. Como si pudiera marcharse independientemente con un programa que no contempla los intereses de los trabajadores y el pueblo, reduciendo sus objetivos al mero recambio gubernamental.
El fortalecimiento creciente de esta fuerza social de derecha –aunque sin llegar aun a los niveles de Bolsonaro en Brasil- es responsabilidad del mismo Gobierno quien a lo largo de estos años ha venido desplegando una política crecientemente represiva como sucedió con el asesinato de Jonathan Quispe en la UPEA, el encarcelamiento de dirigentes sindicales opositores o la represión en la erradicación forzosa de coca en los Yungas paceños por no hablar del control y la cooptación estatal de las organizaciones sindicales que impiden la lucha contra los despidos y la defensa de las fuentes de trabajo.
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Este 10 de octubre no marchamos
Por todas las consideraciones expuestas, desde la LOR-CI, rechazamos las convocatorias para este 10 de octubre por ajenas a los intereses de los trabajadores y el pueblo y por estar incubando en su seno fuerzas sociales reaccionarias y de derecha. las convocatorias del MAS de carácter defensivo solo pretenden legitimar las violaciones a los elementales derechos democráticos de los trabajadores y el pueblo con leyes cada vez más proscriptivas y que buscan llegar a las elecciones con reglas de juego cada vez más a la medida de los grandes partidos como el MAS o el frente opositor empresarial hoy encabezado por Mesa. Se hace urgente insistir la necesidad de la organización de un proyecto político de los trabajadores independiente del Estado y el Gobierno así como de las representaciones empresariales opositoras hoy encabezadas por los cívicos, plataformas y el FRI de Carlos Mesa. |
