Javier Iguacel, el secretario de Energía, defendió, en declaraciones a Radio Mitre, la resolución publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial que dispone un cobro extra retroactivo que deberán abonar los usuarios de gas por la devaluación producida entre abril y septiembre que "afectó a Metrogas" y afirmó que el tema “no era para una denuncia judicial”.
En un intento de justificar el beneficio a la empresa advirtió que si se vuelve "a la política de importar cada vez más, el que pagó 3.000 pesos de factura, si era gas de Bolivia, hubiera pagado $ 6.000, y si era importado con barcos, $ 9.000". Por si no quedó clara la amenaza remarcó "el que pagaba $ 3.000 va a pagar $ 6.000 o $ 9.000".
Banalizando el terrible drama que significa para amplios sectores de la población poder afrontar el pago de los tarifazos en los servicios públicos, recalcó que "me parece que el tema no era para una denuncia judicial, pero me presentaré y que la Justicia decida. Está bien que los funcionarios estemos expuestos a dar explicaciones, pero todo lo que se hizo está dentro de la ley".
El Gobierno no hace más que beneficiar a los empresarios y hace caer la crisis sobre la espalda de los trabajadores. Ahora quieren que sea el pueblo trabajador el que recompense a los usureros.
Por eso es cada vez más inminente, como plantea la izquierda, la necesidad de estatizar al conjunto del sistema energético, ponerlo bajo el control de sus trabajadores y usuarios.
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