En medio de la confirmación por parte del Gobierno Nacional del decreto para ceder parte del Campus Miguelete a la empresa NCA, del grupo AGD, continúa la respuesta por parte de los estudiantes para defender la educación pública. Pero la comunidad educativa tiene que saber quienes son los que atentan contra un derecho tan elemental como el acceso a la educación, quienes nos declaran la guerra. El ajuste del Gobierno de Macri y el Fondo Monetario Internacional tiene como contracara una minoría absoluta que se enriquece con el sufrimiento de las grandes mayorías, y estas minorías tienen nombres propios como también los cómplices que les abren el camino para que la sigan “levantando en pala”.
Roberto Urquía, la minoría absoluta.
El empresario está al frente del grupo AGD, un monopolio agroexportador que se constituye como el segundo exportador de granos del país, lo que lo convierte en uno de los principales especuladores cambiarios que semana a semana empujan la suba del dólar para obtener ganancias extraordinarias a costa de la pérdida de poder adquisitivo de todos los trabajadores. No conforme con esto y como bien dijo en una entrevista a Diario Perfil “el poder económico necesita del político", por lo que decidió incursionar personalmente para lograr privilegios que expandan los beneficios de su grupo.
Cambiemos, el PJ y el Kirchnerismo, los cómplices.
El empresario, miembro del PJ, primero electo Senador y luego Diputado Nacional del FPV, logró ubicarse en lugares estratégicos y obtener así por el decreto 1039/09, de la presidenta Cristina Kirchner, una extensión de la concesión de vías férreas a la empresa NCA, con esto perpetró la explotación del ferrocarril que había consumado con las privatizaciones del menemismo . Este no fue el único regalo del decreto firmado por la presidenta, además le condonó deudas, le redujo impuestos, amplió los kilómetros de vías que podía explotar (abriendo la posibilidad de apropiarse de parte del campus Miguelete) y concedió subsidios del Estado. También obtuvo la aprobación de una ley con el apoyo del FPV y el PJ para que le permitieron instalar una aduana propia en sociedad con el grupo Bunge, cómplice de la dictadura militar, por la cual completa un circuito donde AGD tiene el control de los campos, el acopio, el procesamiento, el transporte y la exportación de gran parte de la renta agraria del país sin ningún tipo de control estatal.
Hoy ya retirado de su cargo como Senador Nacional, continúa cosechando éxitos con sus aliados políticos de Cambiemos tal como lo hacía con el gobierno anterior. Ha obtenido el ya conocido decreto de la Agencia de Administración de Bienes del Estado por el cual busca apropiarse de parte del Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín donde están proyectadas una escuela técnica y emprendimientos educativos y tecnológicos. Este decreto que responde directamente a los planes de Mauricio Macri y está enmarcado en el recorte al presupuesto universitario que de piso será de unos U$D 2100 millones (propuesto por los rectores y a la espera de la resolución del gobierno) forman parte de un ataque al conjunto de los trabajadores que está acompañado con enormes tarifazos, devaluación y recesión.
Los estudiantes y los trabajadores, la única salida posible.
Los estudiantes venimos desarrollando una enorme fuerza, que ya se había desatado por la pelea de las mujeres por el aborto legal. Frente a las asambleas y masivas movilizaciones junto a trabajadores y docentes, las conducciones de los gremios Fedum y Conadu, junto a las direcciones de los centros de estudiantes que son partes de las misma fuerza política que el empresario Roberto Urquía, cerraron la lucha acordando paritarias a la baja. Pero los miles de estudiantes que volvimos a las aulas ya no somos los mismos, contamos con una gran experiencia de organización democrática en la lucha y también con el apoyo de la gran mayoria de nuestros compañeros de cursada. Con esta experiencia podemos enfrentar en la más amplia unidad de los que luchan consecuentemente por la educación pública a los planes del Gobierno, del FMI y sus cómplices que nos dicen que hay que esperar, no solo en las asambleas sino también en las peleas políticas que tenemos por delante en la universidad para mostrar que no permitiremos que avancen un centímetro sobre nuestros derechos.
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