Luego de 13 días de peritaje, finalmente se declaró la responsabilidad de Oxiquim S.A. en la contaminación de la región industrial de Quintero y Puchuncaví.
Fue la Superintendencia de Medio Ambiente a través de la fiscalización llevada a partir de las exigencias de grandes movilizaciones que querían respuestas a los cientos de intoxicaciones que se produjeron en los últimos 45 días.
La empresa industrial química, que ha sido relacionada con la Ministra de Medio ambiente y Sebastián Piñera, fue declarada culpable de los cargos:
1. Utilización de los estanques 306 y 307 para el almacenamiento de sustancias distintas a las autorizadas tanto por la autoridad ambiental como por la autoridad sanitaria , lo cual se traduce en que actualmente el estanque 306 almacena Xileno, teniendo una autorización para almacenar fenol y; el estanque 307 almacena potasa cáustica, teniendo una autorización para almacenar fenol.
1.1 Los estanques 306 y 307 no han almacenado fenol, según lo indicado en la Tabla N° 2 y N° 3 de la formulación de cargos.
2. Implementación parcial del procedimiento de manejo de aguas, lo que se constata en la falta de medición del parámetro inflamabilidad del agua estancada al interior del pretil, de acuerdo a lo informado por el titular en sus reportes de seguimiento ambiental.
La primera de las infracciones fue clasificada como grave por representar un riesgo significativo para la salud de la población, dado la gran toxicidad de las sustancias almacenadas que se relacionan a la larga con padecimientos como el cáncer, mientras que la segunda fue clasificada como leve, pese a significar una potencial explosión en la zona industrial.
Por lo que deberá responder con un Plan de Cumplimiento de las resoluciones contenidas en la Resolución de Calificación ambiental antes de 10 días hábiles, pero pudiendo apelar a los cargos en 15 días hábiles, lo que no garantiza el cumplimiento de un plan que permitiría regularizar la situación de contaminación en Quintero y Puchuncaví.
Y fue en esa tónica que Oxiquim no quedó en silencio ante la resolución tomada por el Organismo de Gobierno y salió a señalar su falta de responsabilidad en la actual crisis Mediambiental, apelando a que "no se han levantado eventos relacionados con derrames u otro tipo de contingencia directamente relacionada con el episodio de contaminación ocurrido la semana del 20 al 26 de agosto de 2018".
Las instituciones del Estado, como la Superintendencia, deberían mantener el cumplimiento de las normas de seguridad medioambiental, pero solo despiertan cuando ven la crisis social a la vuelta de la esquina, y con grandes empresas que rehuyen a los dictámenes y sus obligaciones con la comunidad donde instalan sus industrias, quedan en medio de la contaminación y expuestos a problemas de salud decenas de miles de de pobladores, pescadores, trabajadores industriales, jóvenes y estudiantes, que han salido a exigir y decir fuerte que con sus vidas no se juega.
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