La muerte del secretario de Sindicato de Pescadores S24 de Quintero, Alejandro Castro, quien además fue un arduo luchador social contra la contaminación industrial en la zona de Quintero, no ha pasado desapercibida. En diferentes ciudades del país, tales como Valparaíso, Santiago, Antofagasta, Copiapó, entre otras, se realizaron jornadas de movilización exigiendo verdad y castigo para los responsables. En ese mismo sentido el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió un comunicado, solicitando las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido.
Las movilizaciones en Quintero-Puchuncaví han encontrado apoyo por parte de sectores del movimiento estudiantil y de trabajadores, y esta funesta pérdida ha impactado a quienes siguen su lucha, a quienes ven como justa su causa, y entre otras cosas han denunciado la dura represión policial y la nula respuesta por parte de las autoridades.
Esta respuesta de repudio se debe a las sospechas fundadas de que el Castro no se suicidó como señalaron en un primer momento las pericias de la Policía de Investigaciones (PDI), sino que pudo haber sido un homicidio para acallar la voz del dirigente, quien antes de su muerte fue amenazado directamente por carabineros, hechos que luego fueron reconocidos por parte del Director General de la PDI, Héctor Espinoza.
Frente a esto, Polett Urrutia, su compañera, señaló que a Alejandro “lo mataron, que fue el Estado que lo mató, que nos quiere callar porque saben que están equivocados y aparte no es cualquier persona, es dirigente sindical, es alguien que llevaba la batuta aquí en Quintero”.
El gobierno de Piñera también es responsable
La desconfianza en las instituciones de “seguridad”, que han actuado en montajes, asesinatos (como el de Nelson Quichillao, Manuel Gutierrez, Rodrigo Cisterna, encubrimientos como la “bala loca” que mató a Juan Pablo Jimenez) y casos de corrupción, el dolor y la rabia por la muerte de un joven luchador, son los motivos por los que nadie cree la tesis del suicidio.
Es esto último lo que motivó al Instituto Nacional de Derechos Humanos a “presentar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, oficiando al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, para que efectúe todas las diligencias que estén a su alcance para esclarecer lo sucedido”, como señalan en un comunicado público. Agregando que: “la prevención de los riesgos a los que se enfrentan, la investigación seria de las amenazas u otros hechos que les puedan afectar, la sanción a los responsables (...)”. Asegura el organismo.
Frente a eso, es necesario seguir exigiendo que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables de su muerte, y aumentar los esfuerzos para rodear de solidaridad la lucha de los trabajadores y pobladores de Quintero, por el derecho a vivir en ambiente libre de contaminación. Para esto es necesario que los organismos del movimiento estudiantil, y de las y los trabajadores, como la Confech y la CUT, tomen parte activa de la lucha del pueblo de Quintero y que movilicen sus fuerzas para exigir verdad y castigo en el caso de Alejandro Castro, además de exigir un plan de emergencia sanitario, discutido con los trabajadores y la comunidad.
Además, tenemos que luchar porque las empresas pasen a ser propiedad del Estado y a ser controladas por las y los trabajadores, en coordinación con la comunidad, ya que esta es la única forma que las necesidades sociales, como el cuidado del medio ambiente y el trabajo, sean garantizadas y no estén sometidas a los intereses empresariales del gobierno de turno. |
