Este jueves se hizo público el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos para tratar de garantizar la viabilidad del gobierno de Pedro Sánchez hasta 2020. El punto clave de este pasaría por un apoyo de la formación morada a los Presupuestos del 2019 y otras modificaciones legislativas.
Está por verse si el acuerdo logra salir a delante en el Parlamento, dada la negativa de parte del independentismo catalán a brindar cualquier apoyo mientras Sánchez siga sin mover ficha. Pero tanto si es política real o parte de la larga precampaña hasta las generales, el pacto es toda una “hoja de ruta” de los dos grandes partidos del nuevo turno progresista.
Varias de las medidas anunciadas han despertado una amplia simpatía, al atender a cuestiones como la subida del salario mínimo a 900 euros, el aumento de las partidas destinadas al desarrollo de la Ley de Dependencia o la subida de las pensiones según el IPC previsto.
El espíritu del texto ha sido presentado, tanto por Iglesias como por Sánchez, como un profundo giro social. Sin embargo, el acuerdo se niega a poner en cuestión la política de austeridad fiscal impuesta por Bruselas – a quienes se presentará para su aprobación - ni lo fundamental del legado de contrarreformas sociales impuesto por los gobiernos de Zapatero y Rajoy desde el inicio de la crisis.
Ofrecen una serie de medidas que serán bien recibidas entre los sectores populares y en especial los más golpeados por la crisis, pero corre un tupido velo sobre todo aquello que no se va a tocar, aún a pesar de haber sido parte de los programas electorales y las promesas de ambas formaciones antes de la moción de censura de junio.
Del PSOE a nadie le podría extrañar esto. Lo nuevo es que Podemos acepte intercambiar pequeñas concesiones que no vienen a resolver ni siquiera superficialmente los grandes problemas sociales, por demandas que han sido el centro de las reivindicaciones sociales del 15M, el movimiento obrero, los pensionistas o el movimiento de mujeres. Examinemos los cinco principales bloques de medidas anunciadas.
¿Un SMI de 900 a cambio de no derogar la reforma laboral?
Así por ejemplo la principal medida laboral del acuerdo sería la subida del SMI a 900 euros. Un incremento muy superior a los acostumbrados, pero que queda por debajo de los 1.000 euros que el mismo Sánchez había prometido en el mes de julio. Esta subida beneficiará a algo más de medio millón de personas, entre trabajadores acogidos al Estatuto de los Trabajadores y quienes reciben prestaciones ligadas a este indicador. Una buena noticia que no puede servir para ocultar el hecho de que se confirma que las reformas laborales de Zapatero -que abarató el despido- y Rajoy -el principal instrumento de devaluación salarial- seguirán en pie en lo fundamental. No en vano, si en algo la Troika viene insistiendo es en reivindicar las reformas laborales del PP y el PSOE y en pedir nuevas que sigan apretando las tuercas a las y los trabajadores. El acuerdo blinda, por tanto, al menos hasta 2020, el modelo de precariedad y salarios de miseria del mercado laboral español.
¿Subir las pensiones en 2019 a cambio de no cuestionar el pensionazo de Zapatero y la no indexación por ley al IPC?
Algo similar sucede con la anunciada subida de las pensiones. Éstas se incrementarán de manera general un 1,6% y un 3% las mínimas. Quedarían así revalorizadas según la inflación prevista para este año. Cabría preguntarse si alguien que pague alquiler, luz, agua, teléfono, comida... se cree que los precios este año han subido un 1,6%. Pero aún si así fuera, el acuerdo lo que deja fuera es la principal reivindicación de las mareas de pensionistas: derogar la contrarreforma de pensiones del 2010 -que elevó la edad de jubilación a los 67- y del 2013 -que acabó con la indexación automática al IPC-. De esta manera, aunque en 2019 no se perdería poder adquisitivo -si nos creemos que el IPC real está en el 1,6-, el acuerdo se niega a que eso vuelva a estar fijado por ley y mucho menos a recuperar la pérdida de poder de compra del último lustro. Justamente este punto del legado de Rajoy fue el que la Comisión Europea y el FMI advirtieron hace unos días que no podía tocarse.
¿Una subida del IRPF y patrimonio a cambio de conservar el artículo 135?
En materia presupuestaria hay un compromiso para aumentar varias partidas sensibles, como la de la dependencia, educación y vivienda, pero en todos los casos muy lejos de revertirse los recortes acumulados en ocho años de ajuste fiscal. Así, por ejemplo, una reivindicación central del movimiento estudiantil, como es la gratuidad de la enseñanza pública, se sustituye por un compromiso a la “rebaja significativa” de las tasas universitarias, sin especificar cuanto (en algunas comunidades estas han subido cerca de un 100% desde el 2008, mucho más si hablamos de los másteres).
El problema de fondo es que todas estas partidas siguen condicionadas por el pago de la deuda y sus intereses, y la determinación de situar estos compromisos financieros por encima de cualquier otro rubro: el famoso artículo 135 de la Constitución seguirá en pie con la aceptación, esta vez, de Podemos. También quedan encajonadas las propuestas contra las SICAV, los beneficiarios de la amnistía fiscal -que el PSOE sigue cubriendo- o el hecho de que el IBEX35 apenas pague un 5% de impuestos. ¿Todo ello a cambio de qué? Un incremento de entre el 2 y el 4% para los tramos más alto del IRPF y un ridículo del 1% en el impuesto a los patrimonios superiores a 10 millones de euros. Realmente imposible que salgan los números para, de mínimo, revertir todo lo perdido.
¿Qué queda de la dación en pago o meter mano en los paquetes de viviendas de la banca?
En materia de vivienda, además de un aumento de la partida presupuestaria, se ha acordado ceder a los Ayuntamientos la competencia de poder declarar algunas zonas como “mercado saturado” para poder implementar medidas contra la subida de los alquileres. Está por verse, nuevamente, en qué consistirán dichas medidas, y como lograrán revertir las subidas acumuladas del 30 y el 40% de los alquileres en ciudades como Madrid o Barcelona en los últimos dos años. Pero sin tomar medidas contra los especuladores -la banca y los grandes fondos tenedores de vivienda que están haciendo su agosto con el mercado del alquiler-, como su expropiación o control público, es casi imposible ponerle freno a la principal causa de desahucio en la actualidad. Por otra parte, estas medidas se aceptan a cambio de olvidar la dación en pago y el resto de las medidas defendidas por el movimiento de afectados por las hipotecas que siguen poniendo el cuerpo todos los días a las comitivas judiciales y la policía.
La agenda de las mujeres... seguirá siendo una reivindicación en las calles este 8M
Para haberse vendido como un gobierno feminista, en esta materia sorprende como se desoyen muchas de las demandas del movimiento de mujeres. PSOE y Podemos han acordado eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual, atendiendo al caso de la Manada. Pero se niegan a tomar ninguna medida de fondo contra una justicia patriarcal que ha demostrado que no necesita de “mejores” leyes, sino que está repleta de jueces y fiscales que ridiculizan a víctimas de violencia machista, culpabilizan a mujeres violadas y cuando se van de Congreso a Colombia les gusta animar sus fiestas con menores de edad, como estaba al corriente la misma ministra de Justicia.
En materia laboral se igualan los permisos de maternidad y paternidad, una medida progresiva y demandada, pero la consagración del marco laboral conformado a base de las contrarreformas que no quieren derogar seguirá dejando a la mayoría de las mujeres trabajadoras como principales afectadas por las plagas de contratos basura, explotación y falta de derechos laborales y sindicales básicos. El pasado fin de semana en Gijón el Encuentro Estatal de Mujeres convocaba nuevamente la huelga feminista para el próximo 8M. Ese día las reivindicaciones del 2018 volverán a resonar en 2019, ya que el grueso de estas queda por fuera del acuerdo entre el PSOE y Podemos.
Podemos se compromete a ser el ministro sin cartera de un gobierno del turno progresista
El acuerdo supone para Podemos convertirse en una especie de ministro sin cartera del gobierno Sánchez. No entraremos en este artículo en las otras cuestiones que de facto se aceptan del gobierno del PSOE y que han quedado por fuera del acuerdo, como la derogación de la Ley Mordaza, la racista política de extranjería o su posición contra el movimiento democrático catalán. Sin ir más lejos el mismo día que presentaban los presupuestos 2019 desde Moncloa se volvía a amenazar al Parlament de Catalunya con nuevas medidas legales por haber aprobado, con toda legitimidad, una resolución en la que se reprobaba a Felipe VI por su discurso del “a por ellos” del 3-O y el fin de la monarquía.
Desde Podemos presentan este acuerdo como algo “histórico” que demuestra que “si se puede” lograr cambios desde las instituciones y negociando con el PSOE. Nos quieren convencer de que es lo máximo que se puede lograr hoy, “poco a poco”. El problema, es que la política de Iglesias y su equipo es la de contentarse con algunos pequeños cambios, mientras se contribuye a blanquear y apuntalar al gobierno del PSOE, y por esa vía a tratar de insuflar oxígeno al proyecto de regeneración del Régimen del 78 con una pátina progre. Y si este régimen sigue en pie, lo que concedan hoy, lo quitarán mañana nuevamente, esto ya lo sabemos por la experiencia con los anteriores gobiernos del PSOE. Definitivamente se ha pasado de apoyarse en el “no nos representan” del 15M que cuestionaba el turno bipartidista que aplicaba en esencia las mismas políticas, a ser parte de este en un nuevo sistema de partidos a cuatro. De hablar de romper los “candados del 78”, a simplemente buscar una reforma cosmética del Régimen.
Frente a esta integración del nuevo reformismo, que está siendo acompañada también por el viejo-IU- y cuenta con el respaldo de la burocracia sindical, cabe oponerle desde la izquierda anticapitalista y los sectores de la izquierda social y sindical una política que se proponga pelear por aquello que Podemos definitivamente ha abandonado. Pelear por un programa que realmente resuelva los graves problemas de precariedad, desempleo, violencia y discriminación de género, vivienda o servicios públicos, entre otros. Por la derogación de las reformas laborales, el fin de la precariedad y los salarios de miseria, pensiones dignas y que mantengan el poder de compra, el no pago de la deuda e impuestos a las grandes empresas y fortunas para financiar adecuadamente la sanidad, la educación y los servicios públicos, acabar con la casta judicial patriarcal y represiva, las leyes liberticidas...
Un programa que ningún gobierno de este Régimen va a llevar adelante, y que por ello debe ser parte de una lucha contra el mismo. Por imponer, desde una gran movilización social, la instancia más democrática posible en una democracia representativa, asambleas constituyentes que no deban responder a ninguna de sus instituciones -ni el actual Parlamento y el Senado, ni la Judicatura, ni la Corona- donde se pudiera realmente debatir libre y soberanamente todas estas medidas, junto a las demandas democráticas de las que el PSOE es tan enemigo como el PP, Cs, Vox o el Rey: como el derecho de autodeterminación o el fin de la monarquía.
Las fuerzas para hacerlo no las tenemos en el Parlamento, donde los 71 diputados de Unidos Podemos ya han decidido que serán parte del banco azul de Moncloa.
Tenemos que buscarlas en la lucha de los pensionistas, el movimiento de mujeres, los movimientos por la vivienda y contra los desahucios, la juventud estudiantil y las luchas obreras contra la precariedad que se vienen produciendo y que es necesario rodear de solidaridad y buscar su coordinación. Justamente todos los sectores en lucha que, aunque hoy puedan ver con simpatía el anuncio de algunas de las medidas parciales incluidas en el acuerdo de gobernabilidad, van a ver nuevamente defraudadas sus expectativas al conocer la letra pequeña del mismo. |
