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El Gobierno negocia el presupuesto con los gobernadores, con recortes en la previsión social. ¿Qué perspectiva ve para los jubilados?
En primer lugar, antes de responder, quiero mandar toda nuestra solidaridad por las amenazas que recibieron los diputados del PTS/FIT Del Caño y Bregman. Todo el apoyo que sea necesario. Es una barbaridad amenazar a verdaderos luchadores.
Sobre la pregunta, hay una constante que se viene agudizando. Hoy el haber mínimo jubilatorio no cubre el 40 % de una canasta básica para un adulto mayor. La canasta es de $ 21.127, el haber mínimo que cobra el 70 % de jubilados y pensionados no alcanza a cubrirla.
Hay que resolver estos temas. Lo que trae el presupuesto es todavía más conflictivo porque ya se ha perdido alrededor del 13 % en un año con la aplicación de la ley aprobada en diciembre más los juicios iniciados por actualizaciones de haberes. Un aumento de emergencia tiene que ser inmediato, no admite dilaciones, porque ningún jubilado o jubilada, pensionado o pensionada puede vivir con $ 8.600.
Después están las otras categorías: los que reciben el haber y no llegaron a los treinta años de aportes, los que reciben la Pensión Universal del Adulto Mayor. Pero siempre hay que considerar lo más importante, que es la política que se aplica en Argentina y en el mundo, la crisis general del sistema capitalista y lo que se refiere a la seguridad social, en particular la previsión social.
El objetivo central del Gobierno, con los acuerdos con el FMI, es una reforma integral del sistema, una nueva ley previsional que beneficie a sectores concentrados de la economía.
¿Cambiemos apunta a un sistema de capitalización?
El objetivo es el sistema de capitalización. Esto no es nuevo. Christine Lagarde, que Macri quiere que nos enamoremos de ella, ya hizo su diagnóstico sobre la previsión social. Planteó que estamos frente a una “crisis de longevidad”.
Ningún país está en condiciones de resolver lo que conlleva la prolongación de la vida vía sus Estados capitalistas. Es necesaria la búsqueda de otros mecanismos. Ahí surge la política que se está aplicando.
¿Cuáles son esos mecanismos?
Por ejemplo, tenemos un Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que fue creado por decreto n° 897/07 y al que, luego con la estatización del sistema en 2008, se le incorporaron los fondos provenientes de las AFJP. Ese dinero debía ser usado ante situaciones de emergencia y repuesto inmediatamente a través del presupuesto. Mientras, el Poder Ejecutivo debería usarlo en inversiones productivas.
Cuando se estatizó el sistema fue muy criticado el tema de las comisiones de los negociados que se hicieron. Pero la esencia aparece en esa estatización: el uso de este fondo por parte del Ejecutivo, o sea de un Estado que está al servicio de los grandes grupos económicos. Lo esencial de la estatización era el manejo de los fondos.
¿Quién debía manejar los fondos?
El artículo 14 bis de la Constitución dice que deben ser administrados por sus interesados. ¿Quiénes son los interesados? Para el poder dominante y su Estado es el Ejecutivo. Para la clase trabajadora, son los trabajadores activos y los jubilados.
El FGS fue utilizado por el gobierno anterior para fines como el pago de la deuda externa. ¿Y ahora qué es lo que se está haciendo? Los mismos grandes negocios. Y con el nuevo acuerdo los pasos que ya se implementaron se hacen mucho más activos.
El artículo 12 de la ley de reparación histórica dice que en el caso que el blanqueo no resuelva el problema del pago de esa reparación se puede utilizar el flujo del FGS. Ahora, el proyecto de Presupuesto 2019 establece eso como incorporación a la quita para pagar egresos del Estado. O sea, la deuda. Eso está en la ley y pasó desapercibido.
Se habló mucho de la reparación histórica. Se aprobó por mayoría. Por supuesto, la mayoría que apoya al Gobierno. Esa oposición que le dio todo lo necesario para que lleve a cabo su política.
También esa política plantea recortar las Puam (pensión universal del adulto mayor).
La Puam establece directamente otro elemento de la política que aplican el Gobierno y el FMI y que va al proyecto dePresupuesto: que una mujer tiene que tener 65 años para recibir la Puam. Aumentan cinco años, igualando la edad de la mujer con la del hombre. Lo mismo en entidades privadas, ya no es necesario exigir la jubilación cuando el hombre cumple 65 y la mujer 60, sino que se admite que el hombre llegue a los 70. El aumento de cinco años es parte del plan.
La reparación histórica fue la gran maniobra. Si un juicio dura diez años, ahora debe aceptar y firmar que no hará juicio, no va a cobrar retroactivo y se tiene que adaptar al pago según el índice del Ripte (NdeR: Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Este es el índice por el cual se actualizan las prestaciones del Régimen de Riesgos de Trabajo)
Estas medidas acordadas con el FMI ya forman parte del proyecto de Presupuesto que están discutiendo.
Nosotros hace ocho años presentamos tres proyectos de ley en el Congreso: nueva ley de previsión social, ley de normalización del PAMI y ley de vivienda en comodato para jubilados y pensionados, un 10 % de los planes federales de vivienda para casos de emergencia habitacional. No fueron tratados ni en las comisiones.
¿Qué pretende el FMI con la reforma previsional?
El plan del FMI, que lleva a cabo en todos los países donde interviene, es un haber mínimo, la igualdad de edad entre hombre y mujer y aumento de la edad jubilatoria.
Pero nosotros ya tenemos 1,9 millón de desocupados, una precarización laboral donde los no registrados son unos 6,3 millones. Es decir unos ocho millones de trabajadores entre precarizados y desocupados.
Para nosotros tiene que haber un aumento de todas las jubilaciones, del haber mínimo y de todas las escalas como una necesidad del momento. El haber mínimo debe cubrir una canasta y tienen que reestablecerse todas las escalas. Porque cada trabajador cuando se jubila lo hace en un nivel determinado por su oficio.
¿Cuál es el futuro, en relación a la jubilación, de los jóvenes que están en negro?
Son jóvenes que no tienen ninguna defensa, no tienen ART, atención médica, obra social, no tienen posibilidad de jubilarse en las condiciones que deberían. Es una situación propia del sistema capitalista. Una crisis como la que estamos viviendo en el mundo subsiste con desocupación, hambre, miseria y bajos salarios.
El precarizado recibe un salario mucho menor que quien tiene convenio colectivo. Si todos estuvieran registrados, si no hubiera desocupados, agregando alguna diferencia en cuanto a la contribución patronal, podríamos tener el 82 % en el cálculo de promedio. Pero no lo hacen porque el objetivo es la privatización del sistema.
Este plan del FMI es precisamente eso: el Estado para resolver los problemas del grupo dominante y en donde se mantienen los Estados desprendidos de lo que se refiera a la seguridad social.
Ellos saben que la previsión social tiene muchos fondos. Hacen el cálculo de los montos que tienen en cada país, ven las cifras que tenemos acá y claro… en vez de utilizar el Fondo de Garantía para beneficio de los jubilados, el Estado se hace deese Fondo que sería para una emergencia. ¿Pero se va a hacer responsable de la seguridad social en caso de que no estén los fondos para pagar?
Quieren quitarse la responsabilidad y pasarla a manos de empresas privadas. Y esto es mundial. En Chile están las AFP (NdeR: similar al sistema de AFJP) y hay un gran movimiento que exige su fin, porque se habla de una tasa de sustitución de hasta un 35 %. En Brasil, luego de que aprobaran la reforma laboral, las grandes movilizaciones impidieron que se aprobarala reforma previsional.
Esa lucha también se está librando en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Perú. En Europa también. En Francia no solo aumentaron la edad jubilatoria sino que Macron quiere disminuir el porcentual de jubilaciones. En Rusia por primera vez desde la Revolución Rusa quieren aumentar la edad de jubilación y hubo grandes movilizaciones. En una asamblea en Cataluña exigieron al gobierno que lleve al Estado español la oposición al proyecto que se envió a la Unión Europea sobreconformación de grandes grupos financieros para manejar el sistema previsional y de salud.
Nosotros estamos coordinando con organizaciones de jubilados a nivel internacional, para unificar la lucha en torno aelementos en común como el aumento de la edad jubilatoria, los bajos salarios, la precarización, la vivienda y la salud.
¿Qué plantean ustedes respecto al sistema previsional?
En primer lugar, que el haber jubilatorio mínimo debe cubrir una canasta. Segundo, se debe establecer el 82 % del salario de un trabajador activo en su mismo cargo u oficio y en función del mejor salario de ese trabajador. Y por otro lado el tema de la atención médica.
Por la crisis en el sistema de salud planteamos que debe haber una normalización del PAMI. Nuestra organización promovióla creación del PAMI en 1971, con una gran movilización en plena dictadura (NdeR: la dictadura militar que duró de 1966 a 1973 con Onganía, Levingston y Lanusse), por la situación que atravesaban la inmensa mayoría de los jubilados. El sistema público estaba totalmente desbordado y los sindicatos no atendían a los jubilados. Entonces se creó el Instituto Nacional de Seguridad Social, el PAMI, y se constituyó como una entidad pública no estatal.
El PAMI es la única entidad en la que el trabajador paga desde que empieza a trabajar hasta el fin de su vida. Y es curioso, pero mientras las obras sociales en general las dirigen los sindicatos, esta está intervenida por el Ejecutivo.
Hoy ya hay gremios que impiden que sus trabajadores sigan en su obra social cuando se jubilan los mandan automáticamente al PAMI. Y otros obligan al trabajador a pagar adicionales para mantener la obra social.
El trabajador paga durante su vida activa pero cuando llega a la edad en que requiere más atención, queda desprotegido. Es una crisis total del sistema de salud, tanto en lo público, como en las obras sociales e incluso en las prepagas. Y hay que abordarlo integralmente, luchando por la defensa de la atención médica que hoy, en lo que refiere al PAMI con más de cincomillones de afiliados, está en una situación cada vez más deteriorada.
¿De cuánto debería ser el haber jubilatorio?
El mínimo no puede ser inferior a una canasta básica de los jubilados. ¿Por qué el haber mínimo jubilatorio es inferior al salario mínimo vital y móvil? Porque cuando se dice que el gobierno anterior vetó el 82 %, lo que vetó fue el 82 % del salario mínimo. Ni siquiera fueron capaces de aprobar ese 82 %, porque eso da lugar al otro tema: el 82 % del salario que el trabajador tenía cuando se jubiló, no del salario mínimo. Hoy ese salario no es ni mínimo, ni vital y ni móvil.
¿Van a movilizar al Congreso el día que se trate el Presupuesto?
¡Totalmente! El paro y las movilizaciones deben avanzar en un plan de lucha para frenar toda esta política. Y en lo inmediato debemos impedir que se apruebe el presupuesto, porque institucionaliza lo que ya se está aplicando y lo va a profundizar.Nosotros vamos a movilizar con todo.
Y quiero poner el énfasis en algo. El tema jubilaciones es un tema de la clase trabajadora, que debe abordar todos los temas como la salud, la educación, la vivienda. Pero el tema previsional es vital, porque los jóvenes precarizados de hoy se van a jubilar en condiciones ignominiosas. Este tema nos tiene que importar a todos, sobre todo a los sindicatos. A la burocracia sindical los jubilados solo le sirven para conseguir votos y hacer fiestas.
Hay que generar conciencia. El sistema previsional es una lucha del trabajador, organizado sindical y políticamente. Por eso destacamos tanto el rol de Nicolás Del Caño y de Nathalia González Seligra, que luchan en serio por estos derechos.
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