Foto: Cohete a la luna
Resolvió que la causa conocida como la de los “aportantes truchos”, que investigaba a los dirigentes de Cambiemos por los delitos de lavado de activos, dádivas, falsedad ideológica y asociación ilícita, quede en manos del juez electoral de La Plata. Se trata del juez Adolfo Gabino Ziulu, a cargo del tribunal donde los mismos acusados pedían se concentren todas las investigaciones.
Las pruebas en la causa son contundentes. Y los delitos no pudieron ser cometidos sin la intervención y dirección de los máximos dirigentes del Gobierno provincial y nacional. Los datos de los aportantes apócrifos fueron obtenidos de registros que guarda el Estado.
En efecto, la lista de Vidal utilizó la base de datos de los planes de asistencia social “Argentina Trabaja” y Ellas hacen” para obtener nombres de personas de bajos recursos y hacerlos figurar como los aportantes de millones de pesos que en verdad provenían de orígenes muy oscuros y que desde hace mucho financian a los políticos que gobiernan desde hace décadas el país.
Los empresarios que contratan con el Estado y millonarios con dinero en negro son los verdaderos sostenedores de las campañas de los partidos “republicanos”. Esos empresarios no hacen esos aportes de espaldas a los máximos dirigentes. No hacen aportes anónimos. Y es ridículo pensar que al hacerlo solo se contactarían con una contadora de la Alianza. Por eso, la preocupación del gobierno en esta causa es máxima.
En el fallo firmado por el juez Martín Irurzun se indica que el Juez Casanello debe remitir la causa al Juzgado Criminal y Correccional N°1 con competencia electoral de La Plata debido a que a este juzgado le corresponde la investigación por razones de territorialidad.
No importa para Irurzun que los datos hayan podido ser aportados por organismos públicos que se encontraban en la Capital Federal y así lo expresó en su resolución: “En esa tarea, observo que el obstáculo a su validación deriva de la propia territorialidad: la Alianza Cambiemos Buenos Aires se encontraba constituida por doce fuerzas políticas reconocidas como Alianza electoral transitoria del distrito provincial para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires desarrolladas en el año 2017, sede donde a su vez – y por lógica consecuencia – ha sido presentado el Informe de Ingresos y Egresos cuestionado y donde habitan aquellos cuyos aportes han sido puestos en tela de juicio”.
Pero lo cierto es que el juez electoral de La Plata, puesto a cargo de ese tribunal durante la actual gestión de Cambiemos, sigue por competencia originaria un trámite contable al que se someten todos los partidos que participan de las elecciones y donde lo que se investiga es si todos los ingresos y gastos fueron correctamente computados en los balances de gastos de campaña.
Pero lo que se conoció a partir de la investigación del periodista Juan Amorin del “El destape” es un hecho completamente distinto. Se descubrió que la campaña de Cambiemos se financió con dinero negro, que fue blanqueado usando los datos que el Gobierno posee de personas pobres registradas en distintos organismos estatales como el INAES y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y que ese dinero en negro sin lugar a dudas proviene de empresarios que luego se benefician de las políticas del Gobierno de Cambiemos.
En la causa que hasta ahora era instruida por el Dr. Casanello se presentaron muchas de las personas afectadas por esta maniobra. Muchos de ellos pidieron ser tenidos como querellantes para poder oponerse al destino de cajoneo que le quieren dar desde lo más encumbrado del fuero federal.
Una de esas personas es patrocinada por la legisladora del PTS/FIT Myriam Bregman. Lamentablemente esos pedidos no fueron tratados, quedando la acusación únicamente en las manos del Fiscal Carlos Stornelli. El fiscal, ex Ministro de Seguridad bajo el gobierno de Scioli y ex jefe de Seguridad de Boca Juniors, dictaminó para que la causa siga el curso que pidieron los apoderados de la Alianza Cambiemos.
Aún está pendiente una investigación sobre hechos que se desprenden del mismo método de financiamiento político que sigue el Juzgado a cargo del Dr. Ernesto Kreplak. Según revelaciones de la periodista Emilia Delfino, esa investigación detectó que los pocos aportes bancarizados a la campaña del candidato de Vidal y Macri, se hicieron desde el mismo cajero automático. Con 172 depósitos hechos el mismo día y en el mismo banco, la sucursal Recoleta del Banco Nación. Esto también vendría a poner en cuestión el criterio de territorialidad esgrimido en el reciente fallo de Irurzun que se sustenta en que los delitos fueron cometidos exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires.
Los cañones de Macri y Vidal ahora apuntan hacia allí. Pidieron que la cámara federal platense le saque esa investigación a Kreplak y se la dé al juez Ziulu.
En el expediente que lleva el juzgado de Ziulu el gobierno ya logró desplazar al fiscal Hernán Schapiro y pusieron en su lugar a Ferrara. No solo se elige al juez (Forum Shopping), Cambiemos también elige al fiscal.
Este escándalo no solo pone al desnudo como se financia la alianza Cambiemos. También habla del origen de los fondos con los que hacen campaña partidos como el PJ y el FPV. Por eso, aunque algunos muestren una impostada indignación, son pocos los que están dispuestos a pelear por el financiamiento igualitario y 100% estatal de las campañas electorales.
Resolución de Irurzun sobre jurisdicción de causa #AportantesTruchos by La Izquierda Diario on Scribd
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