Tras de la aprobación en primer debate del Plan Fiscal impuesto por el FMI, el gobierno costarricense se anotó una victoria parcial que más adelante consolidó, pues coincidentemente con esta primera aprobación, la mayoría de las direcciones sindicales decidieron levantar la huelga. El gobierno consiguió lo más importante: sacar a las masas de las calles, pues se trataba de una huelga nacional de gran trascendencia que duró semanas con gigantes movilizaciones en la capital y otras regiones con una participación altísima y la intervención de otros grupos sociales, como campesinos sin tierra e indígenas.
Fue de esta manera que las direcciones sindicales impusieron lo que más anhelaba el gobierno: sacar a los y las trabajadoras de la calle y ensayar un escenario de normalidad con la vuelta al trabajo. De consolidarse la aprobación del Plan Fiscal, esta orientación de las direcciones sindicales constituiría una traición a los intereses de la clase trabajadora, así como a toda la población en su lucha contra las imposiciones imperialistas del FMI. No es lo mismo lidiar o negociar un plan de ajuste con las masas en las calles a que no lo estén.
En este marco, sólo docentes de primaria y secundaria se mantienen en huelga, junto con algunos otros pequeños sindicatos. En varios lugares importantes los dirigentes “pausaron” la huelga y en otros la levantaron del todo. Ante simples amenazas de reducción salarial, las direcciones recularon y así, la Reforma Fiscal está más cerca de ser aprobada.
Ahora bien, esta victoria no se da sin contradicciones. Recientemente la Corte Plena reconoció que la Reforma Fiscal afecta “su independencia”, esto es, afecta su independencia frente a la Asamblea Legislativa y, sobre todo, sus salarios. Esto podría implicar que el camino elegido por el gobierno, la vía rápida (fast track), no es adecuado porque modifica el andamiaje institucional. Esto significa que debe ser aprobado por 38 votos en la Asamblea Legislativa. En primer debate el gobierno logró 35 votos, 22 en contra, y por supuesto miles en las calles en todo el país.
Para lograr 38 votos el gobierno debería poder imponer la línea a 3 diputados díscolos de la Unidad Social Cristiana (en gobierno) y de Liberación Nacional (oposición, pero de acuerdo con el plan del FMI); el Frente Amplio (reformismo; en el gobierno y en la oposición); el PIN, un partido ligado a la personalidad de Walter Muñoz, médico de profesión; y en última instancia el ultra reaccionario Restauración Nacional, cuyos 16 diputados se han opuesto a la Reforma Fiscal, mismo partido que compitió en segunda ronda por la Presidencia del país.
En este sentido el gobierno ha salido a decir que está dispuesto a negociar términos del paquete de ajuste con los otros sectores parlamentarios y judiciales. Todo parece indicar que la Corte Plena quiere un ajuste más negociado. Pero ya los sectores dominantes, sobre todo el gobierno, lo harán en el lobby parlamentario, y no con la presión de las masas trabajadoras, al menos por ahora.
Para el gobierno, en verdad, no es del todo fácil lograr que algún diputado o diputada cambie su posición y se ponga del lado del ajuste fondomonetarista. Sin embargo, si el viraje de algún diputado/a es demasiado brutal, eso podría incentivar todavía más la voluntad de luchar de la clase trabajadora (a pesar de las orientaciones de su dirección). En ese sentido, tampoco debe subestimarse la posibilidad de que durante esta coyuntura las masas trabajadores rebasen nuevamente a sus direcciones, como lo hicieron cuando votaron masivamente contra el acuerdo que proponía el gobierno para levantar la huelga.
Finalmente, el gobierno tiene tiempo límite para aprobar la Reforma, pues de otro modo entraría ya en falta de pagos (a menos que hubiera otro préstamos o venta de bonos, pero en ese caso el gobierno dependería absolutamente del capital financiero, pues no tendría ningún ámbito de movimiento independiente).
En ese sentido el gobierno enfrenta por ahora dos grandes problemas antes de regresar al Plenario a votar en segundo debate. En primer lugar la posibilidad de que la clase trabajadora aparezca de manera independiente en la calle o que aparezca incluso con sus actuales dirigentes, o sea que regresen a huelga todos los sectores. En segundo lugar la posibilidad de que ahora la Sala Constitucional valore si la vía rápida era válida para el gobierno. Si la Sala Constitucional hiciera una votación similar a la de la Corte Plena, el gobierno debería empezar desde cero con un nuevo proyecto. Estas grietas en las alturas podrían aprovecharla la clase trabajadora para derrotar el paquete de ajuste fiscal en las calles y no en los acuerdos entre los poderosos del Estado.
Mientras todo esto sucede es necesario que la clase trabajadora regrese a huelga. En los lugares donde la huelga se ha levantado o “pausado” es necesario que hayan asambleas por cada centro de trabajo, donde se tomen acuerdos y medidas concretas para impulsar la huelga y la derrota de la Reforma, incluso funcionando con independencia de las direcciones si es necesario, con el objetivo de regresar a los diversos sindicatos a la huelga. | 
