El jueves 4 de octubre, Juan Carlos de 38 años y Patricia de 44 años, fueron detenidos en la colonia Jardines de Morelos, en el municipio mexiquense de Ecatepec. Al momento de su detención transportaban restos humanos en una carreola, con la intensión de tirarlos en un terreno baldío cercano a su domicilio.
La pareja confesó al menos, 20 asesinatos de mujeres en los últimos años y según declaraciones del que ya es conocido en redes sociales como el "monstruo de Ecatepec”, si quedará en libertad seguirá asesinando mujeres.
La noticia es cruda, brutal, aterradora y sin embargo, no difiere en mucho de los titulares del día, el mes o el año anterior. Internacionalmente, el Estado de México y particularmente Ecatepec, son conocidos como los lugares más peligrosos del país para ser mujer, adolescente y/o niña.
Mientras la prensa burguesa exalta mediáticamente los macabros detalles de los crímenes, así como la historia y el perfil del feminicida, las familias pobres y trabajadoras junto con organizaciones feministas, civiles y de derechos humanos exigen el alto a la impunidad y justicia para las mujeres desparecidas, torturadas y asesinadas.
El monstruo es el Estado
La noticia es replicada en todos los medios nacionales, mostrando al asesino serial de Ecatepec. Sin embargo, esos mismos medios son los que guardan silencio ante el horror que viven las mujeres a diario en su trayecto de Ecatepec hacia la Ciudad de México, en resto del Estado de México y el país.
Para las clases dominantes, es más conveniente mostrar el terrible fenómeno del feminicidio como producto del actuar de individuos como Juan Carlos “El Monstruo”, y no como un problema sistémico-estructural. Sin embargo, el Estado y sus instituciones son responsables de ocultar y modificar estadísticas sobre feminicidios, de entorpecer las investigaciones y de crear todo un ambiente de impunidad en torno a los crímenes de odio contra las mujeres. De la misma manera, son responsables de mantener las precarias condiciones de vida, trabajo y transporte para millones de mujeres. Esta realidad se convierte en caldo de cultivo para que a diario 9 mujeres sean asesinadas impunemente.
A pesar de las operaciones gubernamentales para ocultar la realdad, diversos estudios e investigaciones confirman la responsabilidad del Estado y las clases dominantes en el desarrollo e impunidad del feminicidio. La profesora Julia Monárrez Fragoso resalta importantes elementos objetivos y subjetivos en el aberrante fenómeno de la siguiente manera:
«Para delinear cruelmente las fronteras de género, el medio es un terrorismo de Estado, secundado por los grupos hegemónicos, que refuerza el dominio masculino y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad crónica y profunda, a través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades(...) Una vez que se regulariza, hace al cuerpo social profundamente endémico, profundamente permisible al feminicidio sexual sistémico, le autoriza una naturalización y una continuidad sin límite debido a la impunidad tolerada y permitida porque no se encuentra a los culpables.» [1]
A la definición de la profesora Monárrez, es conveniente señalar que no sólo se trata del “reforzamiento del dominio masculino” hacia las mujeres y sus familias. Desde el punto de vista marxista, la opresión patriarcal define sus límites y manifestaciones según la clase social a la que pertenezcan las mujeres y los sectores oprimidos.
Esta relación adopta formas aún más brutales en paises atrasados, con economías dependientes y rasgos semicoloniales como es el caso de México, país en donde el feminicidio se ha vuelto un cáncer social que desde que comenzó la “Guerra contra el Narcotráfico”, se ha expandido a todo el territorio nacional.
Feminicidio, mensaje para las mujeres
Al replicar cientos y hasta miles de veces la misma noticia del “monstruo de Ecatepec”, el Estado y sus medios oficiales de comunicación no sólo transmiten una noticia más. También están enviando mensajes aleccionadores, de miedo, castigo y disciplinamiento para las mujeres y la población pobre y trabajadora, que en los últimos años se ha movilizado con diferentes demandas de género y clase. Los objetivos de dichos mensajes pueden agruparse de manera general, en los siguientes rubros:
1. A través del feminicidio y su impunidad, el Estado y las clases dominantes buscan naturalizar la noción de los cuerpos femeninos -sobre todo los de las mujeres pobres y trabajadoras-, como mercancías susceptibles de ser explotadas, violadas, torturadas, ultrajadas y finalmente, desechadas, sin más costo social o económico.
2. El feminicidio como una herramienta simbólica de disciplinamiento para las mujeres, particularmente hacia las obreras, jóvenes, trabajadoras, campesinas, amas de casa, indígenas pobres, lesbianas, transexuales, etc. Estas mujeres social e históricamente han estado constreñidas a los estereotipos de género y las clase sociales. Por lo tanto, un cuestionamiento a dichos estereotipos de género implicaría también un cuestionamiento el orden social y político existente de donde emanan.
3. El feminicidio como castigo ejemplar para aquellas que se atrevan a trasgredir los roles de género establecidos desde antes de la sociedad capitalista. También funge como un mensaje aleccionador, de advertencia y miedo para el resto de las mujeres que contemplan los crímenes, así como para el conjunto de los sectores oprimidos y explotados que amargamente viven la perpetuación de la impunidad y los feminicidios.
¡Que la rabia se trasforme en organización independiente!
Son tantas las mujeres, niñas y adolescentes desparecidas y/o asesinadas en el Estado de México, que el instinto de clase de jóvenes, mujeres y trabajadores apunta hacia un grave problema de clase, con carácter estructural, en donde el Estado, las fuerzas armadas y el narcotráfico son los principales responsables.
Por ello, no podemos confiar en que ese Estado, responsable por acción u omisión de la violencia feminicida y patriarcal, así como de su impunidad, sea el que resuelva las justas demandas de las mujeres. Solo la fuerza de las mujeres junto a sus compañeros de clase, organizadas en un gran movimiento nacional contra el feminicidio y la militarización, articulado democráticamente desde cada barrio, casa, escuela, hospital, fábrica, colonia y centro de trabajo.
Este movimiento tiene que ser la base para el impulso de Comisiones de Investigación Independientes, integradas por familiares de las víctimas, organizaciones feministas, sindicales y defensores de derechos humanos, así como por jóvenes, vecinos y trabajadores de los barrios obreros y populares en donde se vive más crudamente la violencia feminicida.
Con estas grandes fuerzas organizadas y en las calles, es como podríamos exigir e imponer que el presupuesto federal destinado para prevenir y erradicar la violencia feminicida sea controlado y administrado por Comisiones Independientes, para garantizar medidas sociales y políticas públicas contundentes y realmente efectivas para la protección de la vida de las mujeres.
*Lucy González y Soledad Farfalla son integrantes de la Agrupación de Mujeres - LGBT+ Pan y Rosas. |
