Este jueves se dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó 70 años de cárcel para Juan Carlos Moreno Ochoa, ’El Larry’, presunto líder de una banda integrante del Cártel de Sinaloa y acusado de participar en la planeación del asesinato de la periodista Miroslava Breach.
La que parece una respuesta por parte del gobierno federal y su inoperante Fiscalía Especial para la Atención de delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión está lejos, sin embargo, de responder a la exigencia de verdad y justicia en el caso de la corresponsal del diario La Jornada asesinada en Chihuahua el 23 de marzo de 2017.
El interés de la Fiscalía por recomponer su imagen quedó manifiesto en la insistencia de su informe en que en todo momento "se consideró la actividad periodística" de Breach como causa de la agresión. Sin embargo, no explican por qué la investigación apuntó sólo hacia uno de los lados en la relación que acusó la periodista entre crimen organizado y candidatos de partidos como el Acción Nacional.
Entre los "pendientes" que dijo tener aún la Fiscalía en el seguimiento del caso están un juicio oral y el cumplimiento de otra orden de aprehensión. Ni una palabra sobre el ex alcalde de Chínipas ni del vocero del Comité Directivo Estatal, ni mucho menos del secretario particular del gobernador Javier Corral. Todos ellos panistas que resultaron implicados durante las indagatorias de la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, políticos del PRI se han apresurado hipócritamente a "denunciar" esta actitud por parte del gobierno de Javier Corral. Esto como parte de un conflicto en las alturas en donde Enrique Peña Nieto y Corral han intercambiado "golpes" que incluyen denuncias por asfixia fiscal, protección y encubrimiento de responsables de fraudes millonarios como Alejandro Gutiérrez y César Duarte. Un conflicto entre quienes pelean el derecho a administrar la vida de millones de personas según sus intereses y los de los empresarios, pero que a la hora de acordar medidas como el Pacto por México, golpean como uno solo.
Son las voces de los trabajadores de la comunicación, sindicatos, defensores de derechos humanos, familiares de víctimas, etc., las que deben ser escuchadas. La justicia no vendrá de manos de los responsables ni de quienes se benefician de mantener el clima represivo para imponer sus ajustes. Sólo una comisión independiente podrá brindar a víctimas y familiares el acceso a la verdad y la justicia. | 
