“Coto yo te conozco “ es el lema comercial con el que la cadena de supermercados publicita su marca. Lo que no se conocía de Coto, Alfredo y su hijo Germán, es que en una de las sucursales de la cadena , precisamente la del barrio porteño de Caballito, en la calle Paysandú al 1800, guardaba un arsenal de guerra, que solo puede poseer un grupo de acción de las fuerzas de seguridad, al estilo “Halcón o Geo”.
Ambos quedaron procesados “tenencia ilegítima de materiales explosivos”, “acopio de armas de fuego, piezas o municiones” y "adulteración o supresión del número o grabado de un arma". Dicho de otro modo, el dueño de la famosa cadena de supermercados fue responsabilizado penalmente por delitos graves e inhabilitado como usuario de armas, al igual que su empresa (que no podrá ser usuaria colectiva), a raíz del hallazgo de este arsenal.
Nadie sabe como se encontraba allí ese verdadero arsenal, lo que resulta como mínimo extraño ya que las armas encontradas pertenecía a la Policía Federal y a la Prefectura. Ni las fuerzas de seguridad, ni la justicia habían dado cuenta de que Coto escondía ese arsenal. Este ocultamiento clandestino está plagado de complicidades y fue denunciado de forma anónima.
¿Qué escondían Alfredo y su hijo? Más de 200 granadas, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, gas pimienta, 3800 municiones, un silenciador, 14 chalecos antibala, 22 cascos. Dentro de ese combo, además de las granadas, proyectiles de gases, municiones, escudos, chalecos y cascos, había armas registradas a nombres de otros usuarios, un revólver con el número adulterado, escopetas con pedido de captura y lanza gases con número borrado.
A la vez, una veintena de armas que se supone que debían estar allí, consignadas por Coto como usuario colectivo, no estaban. Y una buena parte del armamento hallado pertenecía a la Policía Federal y a la Prefectura. Esto agrava la situación ya que su uso está prohibido para cualquier persona que no integre esas fuerzas.
Había además armamento con los números de serie adulterados, otro con la numeración limada y otros tantos con permisos vencidos. Entre las varias explicaciones que dio Coto en sus presentaciones judiciales, dijo que no tenía conocimiento ni manera de controlar todo en su compañía, que podía haber existido un “exceso de confianza” con “organismos de seguridad” y que, de todos modos, había sufrido hechos de violencia que lo llevaron a armarse.
La denuncia cayó en el Juzgado del juez federal Sebastián Ramos, quien firmó la resolución por el que también les impuso a los Coto un embargo por tres millones de pesos. Los delitos que les atribuyen no son para nada menores. El acopio de armas, por ejemplo, prevé penas de 4 a 10 años de prisión. La tenencia, de 3 a 6 años, y la adulteración de la numeración, de 3 a 8 años de cárcel. En un juicio oral podrían implicar condenas de cumplimiento efectivo. Por ahora, sin embargo, el juez no encontró peligros procesales que justifiquen sus detenciones.
Lo que si ordenó es notificar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) sobre la inhabilitación de ambos, Alfredo y Germán Coto, para tener armas de manera individual, y como “usuario colectivo” a través de la empresa. También fue procesado un agente de Prefectura, Cristian Javier Oscar González, porque parte del armamento que apareció en Coto estaba bajo su órbita. Y fue citada a indagatoria una comisaria inspectora, Estela Herrera, quien estaba a cargo de custodiar una serie de armas que venían de una licitación en la provincia de Buenos Aires, y que aparecieron en el supermercado.
El arsenal llegó a encontrarse por una investigación que se inició después de una inspección de la Anmac en la sucursal de la cadena de Coto en Caballito. Pero no fue el organismo de donde surgió la denuncia, sino que llegó de forma anónima a la Unidad Fiscal especializada en la Investigación de ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y materiales controlados (Ufiarm), que conduce el fiscal federal Jorge Di Lello.
Lo llamativo del caso es que poco se conoce sobre las vinculaciones de Coto con las fuerzas de seguridad y como todo ese arsenal se ocultaba ahí. Además, salida a la luz la denuncia, salvo Pagina 12, que ahondó en la investigación y dio a conocer los datos que utilizamos en este medio, ningún otro medio, de los masivos sobre todo, hablo del tema hasta el momento.
Es evidente el entramado de complicidad y ocultamiento que hay detrás de semejante hecho y queda claro el grado de poder económico del empresario lo que seguramente le otorgaba impunidad.
La fiscal Paloma Ochoa, además de corroborar la existencia del arsenal y sus anomalías, había pedido imputar también a los responsables de la agencia de materiales que tras la inspección no decomisaron los explosivos y el material prohibido. Pero por ahora el juez Ramos dispuso faltas de mérito, entre ellos del coordinador de inspecciones Juan Diego Kotelchuk.
Cuando el empresario tuvo oportunidad de defenderse en una indagatoria, Alfredo Coto ensayó diversas explicaciones. Una de ellas, era que posiblemente la presencia de ciertas armas en su supermercado respondiera a un “exceso de confianza” de las empresas que le proveían seguridad. Aunque Alfredo ya tiene su propia seguridad y una relación fluida con las fuerzas de seguridad por el vínculo cercano de años.
A la vez sostuvo que él no pudo haber cometido delito alguno porque, dada la estructura de su empresa, no podía conocer todos los movimientos. De todos modos había armas tanto a su nombre como de su hijo Germán. Pero planteó que: “seguramente agentes de la Prefectura, Policía Federal y Gendarmería habían dejado armas suyas allí.” También argumentó que algunas armas estaban allí desde hacía al menos tres años por “graves y reiterados hechos de violencia que se generaron contra locales y dependencias del a empresa”.
Para el juez Ramos, los Coto cometieron delitos graves, aunque por ahora no encontró motivos para dejarlos detenidos. |
