Bajo sus sotanas quisieron ocultar los abusos sexuales a menores, pero ya no les dio para más. El jueves pasado, la novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago evaluó nuevos antecedentes y revocó la sentencia previa, por lo que condenó a la Iglesia a indemnizar por 450 millones de pesos (670.000 dólares) -la cifra más alta a la que ha sido obligada a pagar la Institución- a James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, quienes fueron víctimas de abuso sexual por parte de Fernando Karadima.
¿Cuáles fueron estos nuevos antecedentes que dieron un giro en esta causa? El día jueves, salió a la luz pública un correo electrónico de febrero del 2009 enviado por el cardenal Errázuriz al entonces nuncio -representante diplomático del papa- Giuseppe Pinto donde se señaló que “la presentación de las denuncias ante el promotor normalmente calma la agresividad de los acusantes. Por respeto a Karadima no le pedí al promotor que lo interrogara y sólo le pedí a Andrés Arteaga -obispo auxiliar de Santiago- su parecer”.
El correo además decía "Como se trata de hechos prescritos cerré la investigación. Así quise protegerlos, consciente de que mi manera de proceder, si los acusadores llevasen algún día el caso a la prensa, se volcaría en contra de mí”
Así mismo Errázuriz dijo que no podría quedar registro de ese mensaje "porque cualquiera infidencia de otras personas que tengan al archivo en el futuro puede causar un daño muy grave."
Este fallo no se ha publicado, pero la resolución se espera que se dé a conocer en los próximos días.
Profundización de la crisis
No existe duda que la institución que se ha visto mayormente afectada a nivel mundial durante los últimos años ha sido la Iglesia Católica. Esto a causa del develamiento de cientos de casos de abusos sexuales a menores por parte de sus integrantes.
Ante esta situación, particularmente en Chile, las autoridades eclesiásticas vieron la necesidad de tapar los abusos como fuera. Eso se transformó en una olla a presión que con el tiempo terminó estallando y vinculando directamente a los altos mandos de la Iglesia con encubrimiento. Lo que hoy ha sido demostrado y profundiza una crisis que ya se veía demostrada en la opinión pública con una desaprobación hacia la Iglesia Católica con más de un 80%.
Es en este escenario que resulta, al menos, cuestionable el peso que se les da a las posiciones que presenta la Iglesia Católica en diversas opiniones en asuntos de políticas públicas. Pues mientras abusan a menores se muestran acérrimos a abrir discusiones como el derecho al aborto, o la ley de identidad de género, evidenciando la doble moral de esta Institución.
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