La semana política estuvo cruzada por la polémica alrededor de las constantes irregularidades del gobierno de Jayat y el pedido de interpelación. Los supuestos paladines de la democracia y la transparencia y su defensa a ultranza de un régimen antidemocrático en el que como reyes pretenden no rendir cuentas al pueblo trabajador.

La punta del iceberg: el pedido de interpelación al intendente y otros funcionarios votado en la última sesión del Concejo Deliberante de Libertador. El dictamen presentado por el bloque del PTS/FIT, se aprobó en la comisión de asuntos especiales y su tratamiento fue habilitado en el orden del día, que es responsabilidad de la presidencia del organismo, a cargo del oficialista Rolando Flores. Dicho dictamen fue votado a favor con cinco votos. Los tres ediles oficialistas votaron en contra. La votación mostró una definición: Jayat no puede seguir sin dar explicaciones al pueblo. Su negación reiterada es la mejor muestra de un gobierno que pretende avanzar en el ajuste con decretos, vetos y sin rendir cuenta como si tuviera poderes cuasi monárquicos.

Una democracia para ricos cuya legalidad protege a los poderosos y ataca los derechos de las mayorías populares.

Pero, ¿Qué hay debajo de esta punta que asoma en la superficie? ¿Qué relación existe entre las formas y el contenido de un régimen social y político que se basa en la riqueza de una minoría y la explotación de la mayoría social? Vamos por parte:
“No aclares que oscurece”, habría que decirle a los funcionarios municipales y provinciales que salieron a criticar el pedido de interpelación. El primer argumento de que la forma del proyecto no correspondía, fue reemplazado por el siguiente postulado: la ley justifica que el intendente no puede ser interpelado por nadie. No hay ningún punto de la Carta Orgánica ni el Reglamento Interno que plantee la interpelación del mismo, dicen los “demócratas”.
Ahora bien, lo que existe en la Carta Orgánica y Reglamento Interno es un vacío (para nada inocente), ya que tampoco se establece la negación taxativa que se pueda llamar al intendente a dar explicaciones ante los concejales. Pero lo que sí se afirma en el art 32, inc 10 de la Carta Orgánica es que los concejales por su propia investidura tienen el derecho de acceder a todas las fuentes de información municipal. Como también el inc 9 del mismo artículo señala que los concejales tienen la atribución de citar a dar explicaciones a los funcionarios (secretarios). Estos artículos son violados sistemáticamente hace más de 1000 días por el oficialismo, por lo que al pedido de interpelación se llega como forma de acceder a los informes solicitados y nunca respondidos. Sobre esta violación del Reglamento que tanto defiende el oficialismo, deberían dar una explicación los funcionarios como Rotella o Flores que critican de manera pedante a la izquierda de no conocerlo. La propia Constitución Provincial establece la obligación de los funcionarios a rendir cuentas en su art 196 inc 2 (rendir cuentas supone hacerlo en los organismos correspondientes y no en un programa de televisión oficialista). No extraña, además, que para “trabar” los pedidos de informes el actual oficialismo recurra a una ordenanza del gobierno de Llanos del año 1997, que exige los dos tercios! para aprobar pedidos de informes. Toda una legislación a favor de no rendir cuentas. En este sentido, el actual oficialismo como el anterior defienden un régimen que otorga al ejecutivo poderes cuasi monárquicos: decretos, vetos, no rendir cuentas a nadie.

Hecha la ley, hecha la trampa

Cómo se aplica lo anterior a la discusión en curso: el gobierno de Jayat es una intendencia débil que perdió las últimas elecciones a manos del Frente de Izquierda (mal que le pese al funcionario Rotella). El intento escandaloso de fraude electoral que quisieron hacer para tapar esa derrota enterró su relato de transparencia, republicanismo y diálogo. Prohibido olvidar el intento (fracasado) de fraude.

Con esa debilidad a cuestas y como todo Cambiemos, Jayat se dispuso a avanzar con un ajuste sobre el pueblo trabajador. Para hacerlo, recurre a sus poderes cuasi monárquicos: decretó la emergencia económica y congelamiento de planta (sin justificación seria) luego de que no sea aprobada en el Concejo la adhesión al pacto fiscal que firmara Macri con los gobernadores (peronistas y kirchneristas incluidos). Vetó ordenanzas con derechos progresivos para los empleados municipales. Y se niega a dar explicaciones sobre las irregularidades, observadas hasta por el Tribunal de Cuentas, que lo dirige el propio oficialismo. Qué es lo que se cuestiona: un déficit de $41 millones, irregularidades en los sueldos de los funcionarios, pagos por más de $300mil al sr Juan Carlos Ruiz quien no tiene relación contractual con el municipio (a quien se le sigue pagando cifras millonarias: sólo en marzo de este año más de $120 mil), cheques sin fondos, entre otras cosas del ejercicio 2016.
Pero además, nunca dieron explicaciones sobre la irregular contratación de servicios a la proveedora Savedra Ely, sobre lo que demostramos que el vehículo contratado es propiedad del funcionario Carlos Vega. También siguen sin explicación las irregularidades en la contratación de maderas Gurrieri. Como tampoco pudieron justificar públicamente (nunca publicaron sus recibos) los abultados sueldos del intendente y sus principales funcionarios que son 20 veces más de lo que cobra un plan municipal. Ellos viven como ricos, mientras dos de cada tres municipales están precarizados, casi el 80% tiene salarios de pobreza y casi la mitad de indigencia.
Y ni hablar del escándalo de la Universidad de Quilmes, que como dijimos se comprobó que era un negocio y el oficialismo quiso usar cínicamente y con mentiras contra la izquierda. Ahora Jayat dice que autorizará el convenio por decreto. Luego de meses de pedir informes, se logró que manden el listado de inscriptos que son sólo 32 personas entre las que hay funcionarios y sus familiares, gente que puede pagarse los estudios. Jayat va a decretar que el municipio le pague una parte de la beca a funcionarios y familiares. Ahora bien, ¿Qué pasaba si cuando nos abstuvimos a apoyar este negocio y decían que había 200 inscriptos le dábamos el voto a favor para que destinen fondos para esa cantidad cuándo en realidad son sólo 32 inscriptos? ¿Quién se quedaba con esa erogación de fondos municipales? ¿Transparencia? Te la debo.
Pero volvamos al punto: la ley según el oficialismo justifica todas estas irregularidades y que no se den explicaciones. O sea, lo legal puesto en función de proteger a la casta política que descarga el ajuste sobre los trabajadores/as y a favor de los capitalistas. Pero ¿Qué pasa con la ley cuando se trata de los derechos de las mayorías? Esa también, te la debo.
¿Qué pasó con la venta del Ingenio La Esperanza con la que se justificó los despidos y represión? ¿Qué pasa con la ordenanza que no se cumple en Libertador y que le da a los empleados municipales el derecho a ocupar el puesto de un familiar fallecido? ¿Y con la persecución a los medios como canal 2 y la libertad de expresión? ¿O las persecuciones varias al derecho a la protesta y huelga? Para dar sólo unos ejemplos. Para pasar el ajuste a favor de los empresarios no importa que se violen las leyes que ellos mismos dicen defender. Es cada vez más evidente la relación entre forma y contenido a favor de los poderosos.

Las bancas como un puesto más de lucha

Siempre fuimos claros cuando dijimos que las bancas del Frente de Izquierda son puestos de lucha y están abiertas al pueblo trabajador. Los innumerables proyectos que presentamos son a favor de la mayoría popular trabajadora. Pero los límites del propio régimen político y social que desarrollamos más arriba demuestran que no alcanza sólo con sumar “más cargos” para que avancen las demandas de la clase trabajadora. En el Concejo hemos visto y denunciado cómo se le da la espalda al pueblo en esas instituciones. Sólo el PTS/FIT se opuso a que el aumento en el transporte lo pague la población y propusimos un impuesto a los empresarios para bajarle el costo de combustible a los trabajadores remiseros. Importantes proyectos como la prohibición de despidos y eximición de tasas municipales a quienes han sido despedidos el año anterior y éste, los han mandado a archivo por lo que siquiera quisieron darle tratamiento. Esos son sólo unos ejemplos.
Muchos nos han cuestionado por no asumir la Presidencia del Concejo Deliberante. Ante todo estos hechos queda más a las claras que asumir ese cargo sólo hubiese sido una adaptación a un régimen a favor de los poderosos que no se trata de reformarlo sino de superarlo revolucionariamente. Por eso las peleas que damos en los parlamentos están puestas en función de ayudar a avanzar la organización y la movilización de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres en la lucha contra el ajuste en curso y en la construcción de una fuerza política propia, independiente de los patrones y burócratas sindicales, que gane fuerza con agrupaciones en sindicatos y lugares de estudio. La defensa de las libertades democráticas y el desenmascaramiento de los partidos del régimen y su doble discurso permanente, están puestas en función de esa pelea de fondo.