El líder de la comunidad rarámuri y defensor de los recursos naturales, Julián Carrillo Martínez, fue asesinado este miércoles en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo.
El activista era beneficiario del mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos como muchos otros activistas o defensores de los bienes comunales en América Latina, sin que eso fuera impedimento para sus agresores y asesinos.
La Fiscalía General del Estado instruyó para que se investigue a partir de la consideración de que el crimen pudo haber provenido de los caciques de la región, como respuesta a la defensa que ha realizado de su comunidad y de los derechos de los pueblos originarios de la sierra de Chihuahua.
El Gobierno del Estado dijo condenar el hecho, sin embargo favorece la destrucción de bosques y el despojo de bienes comunes a tarahumaras contra las que luchaba Carrillo.
Con Julián Carrillo, suman 17 líderes rarámuris asesinados en Chihuahua.
En 2017, la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara de Chihuahua denunció que los caciques Cornelio y Aurelio Alderete destruyeron con maquinaria agrícola un terreno de ocho kilómetros de largo, donde había más de mil 800 árboles de pinos, encinos, tascates y demás flora. La construcción de la brecha implicó la destrucción de cultivos de maíz y de cercos de alambres de púas de familias indígenas, incluyendo amenazas y hostigamiento para esas comunidades.
Ese mismo año fueron asesinados, Guadalupe Huet Gómez, activista y consejero de la Organización Nacional del Poder Popular en la comunidad de Cruzton del municipio Venustiano Carranza, Chiapas. Además de los hermanos Agustín y Miguel Ángel Vázquez Torres, defensores wixárricas de la comunidad San Sebastián Teponahuaxtlán, en Jalisco.
Los ataques son clara expresión de una serie de represalias por parte del Gobierno de Chihuahua para frenar la resistencia contra los megaproyectos y favorecer los intereses de las empresas que buscan imponer sus proyectos a costa del despojo y saqueo de las comunidades.
Tan solo en 2016 fueron asesinados 137 defensores de bienes comunales (40% de ellos eran indígenas), uno de los peores años para los ambientalistas a nivel mundial, donde también destaca el asesinato político de la indígena lenca, Berta Cáceres en Honduras. | 
