Este mediodía concluyó el primer juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad (entre ellos crímenes sexuales contra personas detenidas desaparecidas) cometidos en los centros clandestinos de detención “Cuatrerismo-Brigada Güemes” (o “Puente 12”) y Comisaría de Monte Grande.
Durante un año se desarrolló el debate por graves violaciones a los derechos humanos de 150 personas cometidas en el centro clandestino de detención de Puente 12 (“Cuatrerismo-Brigada Güemes”) entre noviembre de 1974 y febrero de 1977 y en la comisaría de Monte Grande entre julio de 1976 y octubre de 1978.
Miguel Osvaldo Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua por ser coautor de homicidios agravados “por alevosía” y “por el concurso premeditado de dos o más personas”. También por violación y delitos sexuales sobre varias víctimas (lo absolvieron por otras) y por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados sobre un centenar de personas perseguidas políticas. Por los mismos cargos y por otra tanta cantidad de víctimas fue condenado también a perpetua Federico Antonio Minicucci.
Por su parte el genocida Nildo Jesús Delgado fue condenado a siete años y seis meses de prisión por “partícipe secundario” en parte de los casos. Alberto Faustino Bulacio recibió una pena de ocho años, también por “partícipe secundario” de varios delitos de lesa humanidad. Y Daniel Francisco Mancuso fue condenado a seis años de prisión, por la misma causa.
Sin embargo el mismo tribunal absolvió a los genocidas José Félix Madrid, Guillermo Horacio Ornstein, Carlos Alberto Tarantino y Ángel Salerno y ordenó calificar como “prescriptos” los delitos por los que fueron juzgados.
Bronca
Al momento de escuchar las sentencias absolutorias para los cuatro genocidas el público estalló de indignación y comenzó a cantar bien fuerte “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. También acusaron a viva voz de “cómplices” a los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y José Martínez Sobrino por el fallo que dejó libres de culpa y cargo a esos represores.
Los delitos por los que fueron juzgados Madrid, Ornstein, Tarantino y Salerno corresponden al período previo al golpe del 24 de marzo de 1976, es decir cometidos en el marco del terrorismo de Estado implementado durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón.
Pese a las condenas a Etchecolatz, Minicucci y otros genocidas, al finalizar la sentencia las expresiones de repudio se generalizaron entre sobrevivientes, familiares y demás miembros de organismos de derechos humanos.
En la explanada de los tribunales, rodeado de familiares y sobrevivientes, Eduardo Nachman, querellante en el juicio por el caso de su padre, dijo a La Izquierda Diario que él nunca confió “en los empleados de la Justicia. Nunca creí que esto fuera una instancia resolutiva. La indignante sentencia de hoy duele, pero más duelen los compañeros desaparecidos, los torturados, los asesinados que hoy no obtuvieron una condena para sus secuestradores”.
Consultado sobre qué explicación le encuentra a la sentencia diferenciada, entre condenas y absoluciones, Nachman afirmó que “esto se corresponde con el sistema constitucional que tenemos, ya que se condenó solamente a quienes se encargaron de secuestrar, torturar y matar durante la dictadura pero quedaron absueltos los del 74 y 75. Y eso da bronca por los compañeros. Condenan a los ’obvios’ pero salvan a los otros. Una cosa es la justicia y otra el Poder Judicial”.
Jueces de la gorra
El abogado Pablo Llonto, patrocinante de parte de las querellas, dijo a este diario que “como ha pasado en otros casos, esta es una sentencia con doble sabor, porque si bien han sido contempladas todas las peticiones que se hicieron sobre Etchecolatz y Minicucci, lo que duele es que haya habido beneficios para los policías bonaerenses. Preocupa mucho que este tribunal haya dicho que los tormentos aplicados en 1975 están prescriptos. Por todo lo que está pasando en otras sentencias es una barbaridad, un contrasentido”.
Llonto recordó que en diciembre de 2017 “este mismo tribunal le dio la domiciliaria a Etchecolatz en su momento. Hubo que pelear ante la Cámara de Casación para que esa resolución fuera rechazada. Y ahí es donde vamos a volver a pelear para dar vuelta la parte vergonzosa de esta sentencia”.
Vale decir también que el juez Martínez Sobrino había sido recusado años atrás por sobrevivientes y familiares de víctimas del genocidio como Chicha Mariani, María Victoria Moyano, Clara Petrakos y Paula Logares en el marco del juicio por el Plan Sitemático de Robo de Bebés, ya que está acusado de haber participado él mismo en una apropiación durante la dictadura.
El abogado Llonto agregó que “las absoluciones demuestran la notoria simpatía que tienen estos jueces con la represión de la Policía Bonaerense. Evidentemente estos jueces tienen la cabeza más con la gorra de la Bonaerense que con la justicia”.
Al mismo tiempo reconoció que “es muy bueno que haya habido condenas por delitos sexuales y también por considerar a parte de estos genocidas autores mediatos de homicidio en los centros clandestinos. Es bueno que se haya incluido la responsabilidad de Minicucci, quien era el jefe del Regimiento de La Tablada, sobre el centro clandestino de Puente 12 ya que nos va a permitir avanzar sobre otros oficiales del Regimiento”.
La sentencia está en línea con quienes consideran que todo empezó el 24 de marzo del 76. Algo que en función de todas las sentencias que ya hubo sobre casos anteriores al golpe resulta una contradicción y una terrible señal en contra.
Informe y entrevistas Maine García | 
