Mientras la derecha avanza a conquistar gobiernos en Latinoamérica con el recientemente electo Bolsonaro en Brasil, y con gobiernos como el de Piñera que salen a defender su proyecto económico -ya que Bolsonaro incluso plantea replicar las AFP en Brasil, condenando a millones de trabajadores a una vejez de pobreza- es fundamental no ceder ningún centímetro a proyectos como el de “Aula Segura”, que buscan disciplinar y criminalizar a los movimientos sociales. En particular hoy este proyecto quiere transformar en enemigos a estudiantes, profesores y apoderados; esto, considerando que la gran oposición que han tenido los últimos gobiernos - tanto de la derecha como de la NM- han sido los estudiantes y profesores movilizados en las calles. Dos sectores que se han aliado, por ejemplo, en la lucha por la educación gratuita.
El gobierno de Piñera, y ahora la misma Nueva Mayoría -que terminó optando por maquillar el proyecto de “Aula Segura” a través de las modificaciones- utilizan como argumento el problema de la violencia, pero dejan de lado el origen estructural de la violencia, y lo transforman en un problema individual o del establecimiento educativo. Esto es así en el proyecto de “Aula Segura”, como también en los proyectos “suavizados” de la NM y el PC, e incluso en la modificaciones que ellos mismos plantearon ahora en la comisión de educación, ya que el proyecto mantiene su núcleo central, que es el punitivismo (o sea, más sanciones).
Pero en la realidad, respecto del problema de la seguridad -del que tanto alarde hace la derecha con su política de mano dura-, sabemos que son ellos mismos los responsables. Es la precariedad de un sistema educativo agobiante y desigual, ya que mientras hay colegios para ricos -cuyas mensualidades sobrepasan varias veces el sueldo mínimo-, hay colegios para pobres con 45 estudiantes por sala, una doble o triple jornada que no deja tiempo para nada, una jornada escolar completa cuyo objetivo real es que los padres pasen más horas trabajando, mientras los niños cargan con una de las jornadas escolares más extensas que existen.
Son las familias de nuestros estudiantes quienes padecen la precarización a través de los bajos salarios, muchas veces con el sueldo mínimo, con una realidad de violencia intrafamiliar, sin educación sexual, con una educación desde el estado aún basada en el conductismo y en formar mano de obra barata. Por todo esto y más, esta educación de mercado es el caldo de cultivo de la violencia en los colegios. De esto es responsable la derecha y la dictadura militar que nos impuso la educación de mercado, así como la ex Nueva Mayoría, que es el bloque político responsable no sólo de mantener la educación de mercado que heredamos de Pinochet, sino de profundizarla, pasando por encima, por ejemplo, de los profesores con la carrera docente o la falsa desmunicipalización -ambos proyectos contaban con un rechazo prácticamente unánime del profesorado a nivel nacional-, y también imponiendo pruebas estandarizadas y manteniendo el lucro en la educación.
Los sectores que impulsan este proyecto de ley -que en realidad nace para poder reprimir de mejor manera la protesta estudiantil, al igual que la ley Hinzpeter que intentó llevar adelante Piñera durante su primer gobierno, que igualaba la protesta callejera con terrorismo- hipócritamente señalan que es para “prevenir la violencia en la escuela”, según la misma ministra Cubillos. O sea, se habla de cómo enfrentar la violencia en la sala de clases, pero no de cómo enfrentar a un sistema y una educación de mercado que de conjunto son pilares de la violencia de esta sociedad; por esto, es necesario democratizar las escuelas con consejos escolares y de convivencia efectivos y resolutivos, democráticos, compuesto por; estudiantes profesores y apoderados.
Esto, tomando ejemplos como el del Liceo A-90 durante las movilizaciones del 2011, el cual fue gestionado democráticamente a través de la autoorganización de estudiantes, profesores y apoderados, quienes incluso deliberaron resolutivamente en cuanto a temas conductuales, desde una perspectiva formativa y no punitiva. Además de la urgencia de reducir el número de estudiantes por sala a menos de 20, dar verdadera estabilidad laboral a todos los trabajadores de la educación, terminando con los despidos y las reubicaciones, acabando con la figuras de reemplazo, contratos “SEP” y contratos a plazo fijo, disminuyendo el agobio y mejorando la educación personalizada, integrando un mayor número de personal dedicado, psicopedagogos, psicólogos, educadores diferenciales, asistentes sociales, etc. Estos equipos profesionales, que son un apoyo pedagógico fundamental, hoy se encuentran totalmente precarizados en lo laboral, ya que este año, por ejemplo, el PIE -dependiente de CMDS- puso a disposición (o sea, reubicó o dejó sin establecimiento) a prácticamente a todos sus trabajadores.
Además, obtener la relación 50:50 efectiva entre horas lectivas y no lectivas, mejorar la infraestructura educativa y recreativa, el aumento de la planta docente para implementación de talleres complementarios, terminar con la política represiva el Sename, instalar casas de acogida y una ley de emergencia contra la violencia hacia las mujeres y los niños; y por último, establecer un financiamiento integral a la educación en todos sus niveles (y no vía voucher por subvención escolar diaria). Es lo que hace falta para realmente comenzar a prevenir situaciones que desbordan en la escuela, y no plantear meras sanciones o soluciones parche a los problemas que nos enfrentamos los trabajadores de la educación.
Pero conquistar estas demandas no será por voluntad el gobierno. Ya lo hemos visto con las demandas más mínimas docentes, donde el gobierno de Piñera ha sido totalmente intransigente, y el Frente Amplio ante esta discusión - con Mario Aguilar a la cabeza del CdP - ha sido más bien ambiguo (en una de sus primeras declaraciones, lo que planteó Aguilar fue una preocupación por los directores y la posibilidad de que ahora se agobiaran por exceso de facultades); además, no han impulsado seriamente un plan de movilización (de hecho, en el último paro de 48 hrs dividieron y parcelaron las fuerzas a nivel nacional), sin plantear nuevas acciones. Esto ha sido en unidad con la ex NM, que tampoco ha impulsado ningún tipo de lucha en las calles contra los ataques de Piñera (es más, terminaron votando a favor del salario mínimo indigno del gobierno). Por todo esto, los profesores junto a los estudiantes y apoderados debemos organizarnos para plantear nuestro rechazo al proyecto “Aula Segura”, que criminaliza a los estudiantes y nos divide. Ante esto, hacemos un llamado a discutir en cada una de nuestras escuelas esta situación y votar el rechazo al proyecto. Y exigimos que la conducción nacional del Colegio de Profesores salga de la ambigüedad y convoque a una gran movilización en contra de esta iniciativa de S. Piñera, con los estudiantes, tal como lo hemos hecho desde el 2006, codo a codo en las calles. |
