Por unanimidad este martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó una queja interpuesta por la defensa de Luis Oscar Chocobar, que había cuestionado la decisión de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirmó su procesamiento sin prisión preventiva y modificó la calificación legal que se había fijado en primera instancia –homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa-, por el de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber.
El fallo fue firmado por el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.
Las evidencias contra Luis Chocobar lograron que hasta el oficialista presidente de la Corte Suprema votara a favor. Es que las cámaras registraron cuando en diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, el policía Luis Chocobar disparó por la espalda a un joven que huía luego de cometer un robo. Pablo Kukoc de 18 años murió horas más tarde en el Hospital Argerich.
Las cámaras no solo registraron que el policía disparó contra el joven por la espalda, sino que además estaba en el piso. A pesar de estas pruebas Mauricio Macri lo recibió en la Casa Rosada y junto a la ministra Patricia Bullrich se fotografiaron con el asesino del joven Kukoc. La foto retrató también al jefe de Gabinete, Marcos Peña; al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.
El gobierno intentó hacer de éste, un caso testigo. Su política apuntaba a lograr la impunidad de Chocobar y de todas las fuerzas represivas, a las que se les daba vía libre para realizar ejecuciones sumarias y cualquier tipo de vejámenes. A esto, posteriormente, se lo conoció como la “doctrina Chocobar”. Intentaban imponer la ejecución sumaria como una política de Estado.
Sin embargo, más allá de cierto apoyo que recibió el gobierno desde sectores manos duristas, la mayoría de la población se expresó entre el repudio y la preocupación.
Todos los gobiernos constitucionales dejaron correr el accionar de la policía del gatillo fácil. El encubrimiento por parte de funcionarios y organismo estatales fue una constante en estos casos, pero ningún gobierno fue tan lejos de legitimar esta práctica criminal. Cambiemos dijo: “¡Sí, se puede!”.
No obstante el Policía Local de Avellaneda fue procesado, primero por “exceso de legítima defensa” y luego cambiaron la caratula a “homicidio”. En enero, el juez de Menores Luis Velázquez procesó a Chocobar por "homicidio agravado por uso de arma y en exceso de la legítima defensa." La Cámara del Crimen ratificó el procesamiento y modificó la carátula a "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber". Luego la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó por "inadmisible" un recurso interpuesto por la defensa. Por esto es que los abogados de Chocobar decidieron recurrir a la última instancia que les quedaba: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Entretanto, el juez Velázquez debe determinar si Chocobar disparó al joven cuando estaba en el piso, lo que agravaría la calificación penal por alevosía. Para esto el juez debe analizar las cámaras de seguridad instaladas en el lugar del hecho.
Cuando el Gobierno defendió la doctrina Chocobar
La política represiva del Gobierno, que pretendió convertir la “doctrina” Chocobar en política de Estado, es confirmada no solo cuando Macri decide felicitar al policía Chocobar después que este matara a un joven por la espalda, sino también cuando defendió el accionar de la Prefectura Nacional que asesinó, también por la espalda, al joven mapuche Rafael Nahuel. En este último caso Macri se enfureció cuando Bullrich sostuvo que los prefectos habían llamado para pedir “permiso” para disparar contra una comunidad que solo reclama sus tierras ancestrales.
Por su parte la ministra de Seguridad también defendió el accionar de la policía del gobernador kirchnerista de Tucumán, Juan Manzur, luego que un niño de 12 años fuese asesinado por la espalda. En esa oportunidad la ministra sostuvo: “Cuando un policía da la voz de alto, la persona se tiene que detener. No hay discusión.
Lamentablemente, un chico de 11 años le tiró a la Policía. Esa es la prueba que hizo la fiscal”. Con estas palabras justificó Bullrich el crimen de un niño y respaldó a los policías que esa noche salieron de caza, porque como dijo cuando mataron a Nahuel “Nosotros le creemos lo que nos dicen las fuerzas y no tenemos por qué no creerles”.
Cada 23 horas una persona, en su mayoría jóvenes, es asesinada por el brazo represivo del Estado. Cuando esos casos llegan a los Tribunales y las fuerzas represivas reciben condenas, por un lado se debe a la movilización de la familia de las víctimas, los organismos de derechos humanos y sociales, y por el otro cuando las pruebas contra los uniformados no dejan dudas que cometieron un crimen.
La condena que recibieron los Prefectos por torturar (una calificación excepcional) a dos jóvenes que integran el colectivo La Poderosa, así como el policía de la Ciudad que recibió la pena máxima por matar al Cristian "Paragüita" Toledo, no fueron graciosas concesiones otorgadas por el Poder judicial, sino justamente porque atrás de estas condenadas hubo familiares y organismos sociales y abogados que aportaron pruebas irrefutables para conquistar estos fallos. Mientras que muchos otros de estos casos quedan impunes.
El fallo que emitió ayer la Corte Suprema de Justicia significa que ni la Corte amiga del Gobierno puede avalar tanta impunidad.
| 
