Aunque se han logrado algunos avances desde 1995, cuando la ONU adoptó la declaración con la firma de 189 Estados, no hay aún “ningún país del planeta” donde se haya conseguido la plena igualdad entre los géneros.
Amnistía pidió a la ONU que revise el contenido del documento, y tome medidas para promover y proteger los derechos de las mujeres, que, en un escenario de guerras, ocupaciones (cuya enorme mayoría encabezan EE. UU. y la OTAN) y enfrentamientos, “están expuestas a grandes abusos”, como violaciones, secuestros y esclavitud sexual.
En todo el mundo, las mujeres afrontan discriminación, se les niega el acceso a participar en la economía y la política, perciben salarios más bajos que los hombres, cuentan con menos derechos laborales y sufren acoso y violencia doméstica.
En zonas de conflicto como Afganistán, Sudán del Sur, la república Democrática del Congo o el noreste de Nigeria, “hay una escalada de violencia contra las mujeres”, denuncia la organización. Asimismo en países como el Estado español, crece a un ritmo escalofriante la tasa de femicidios (aunque a menor escala, también han crecido en Argentina). Y al mismo tiempo, mujeres inmigrantes de África y Medio Oriente sufren en numerosos países de la Unión Europea las consecuencias de políticas de xenofobia e islamofobia, que las someten a las peores condiciones económicas y laborales. Muy similar es el panorama para las millones de migrantes latinas que, en Estados Unidos, ocupan la mayoría de los empleos precarios y comparten con las afroamericanas la sobrerrepresentación en los puestos de trabajo con salario mínimo.
En multitud de Estados las mujeres afrontan violencia de género y otros abusos, como matrimonios forzosos y mutilación genital, y “se les niega el acceso a la justicia”, al tiempo que los perpetradores gozan de impunidad, como mostraron las grandes movilizaciones en India en protesta por el aumento de las violaciones y la impunidad que brinda la justicia a los violadores.
La organización también señaló que en muchos países las mujeres aún no pueden decidir sobre sus propios cuerpos e incluso “son encarceladas si se sospecha que han abortado”, tal es el conocido caso de Guadalupe Vázquez, una trabajadora domestica de El Salvador, condenada a 30 años en prisión, tras sufrir un aborto espontaneo producto de una violación, y que recientemente consiguió un indulto a raíz de una gran campaña internacional por su liberación. Otras 129 mujeres de ese país siguen encarceladas por el mismo motivo. La penalización del aborto se encuentra en los primeros motivos de muerte materna en el continente, y representa una de las mayores demandas de organizaciones feministas y de mujeres en varios países como Argentina, donde recientemente volvió a desatarse la polémica por declaraciones del flamante ministro de Salud, y la negativa de la presidenta Cristina Fernández a abordar el debate.
Fuentes: EFE / Diario El Mundo España / es.amnesty.org/micuerpomisderechos/ |
