La Fiscalía les acusa de delito de rebelión y de malversación de caudales públicos, por haber supuestamente dado autorización de gastos desde el Govern para la organización del 1-O a pesar de que hubiera sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
En su escrito de hoy, enviado a la prensa antes que a los abogados defensores, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Oriol Junqueras de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público.
El Ministerio Público también acusa a varios exconsellers, como Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva o Dolors Bassa, solicitando una pena de 16 años de cárcel por rebelión. Para el ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart la pena solicitada es de 17 de años de cárcel. Para la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también recae un pedido de 17 años.
Como es sabido, los acusados y acusadas se encuentran en prisión preventiva y frente a las altas penas continuarán en esta situación hasta que se celebre el juicio, cuya fecha aún no está definida.
Además de la situación de las personas presas, se encuentran procesadas otras nueve por los mismos hechos. Como es el caso de exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, para quienes la Fiscalía solicita 7 años de cárcel por un delito continuado de desobediencia grave, además de multas. Para la diputada de la CUP, Mireia Boya, y los ex miembros de la Mesa del Parlament procesados, el Ministerio Público solicita una sanción económica, también por desobediencia.
Además de la causa que lleva el Tribunal Supremo, otros están procesados en la Audiencia Nacional, entre ellos el entonces jefe de la policía autonómica de Catalunya -el ex Major de los Mossos d’Esquadra-, Josep Lluís Trapero, a quien la Fiscalía de este organismo acusó hoy también de rebelión y pidió para él once años de cárcel.
En este caso, ministerio público agrava la calificación de la jueza que instruyó el caso, quien procesó a Trapero por sedición, un delito que conlleva menos años de cárcel.
La rebelión está castigada en la legislación española con una pena que oscila entre 15 y 30 años, mientras que la sedición, que implica que no hubo un alzamiento violento, conlleva unas penas de entre 10 y 15 años.
Por su parte, el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, harán una declaración institucional desde el Parlament a las 13:45 horas para valorar los escritos de acusación de la Fiscalía.
Reacciones ante las acusaciones de Fiscalía
Las reacciones en contra no se hicieron esperar a través de las redes y la prensa. Betona Comín, la hermana del conseller Toni Comín, en su cuenta de Twitter se preguntaba: ¿esto es democracia?
El president de la Generalitat, que esta noche se presentará al centro penitenciario de Lledoners al acto unitario a un año del encarcelamiento de los exconsellers, ha dicho que, “Se enfrentan a lo intolerable para un demócrata, a lo inaceptable para un pueblo que se ha autodeterminado”.La última de las humillaciones se pretender vendernos "gestos" que no son sino agravantes de las posiciones iniciales. Nos enfrentamos a la intolerable para un demócrata; al inaceptable para un pueblo que se ha autodeterminado."
Jordi Sánchez, expresident de l’ANC y dirigente de Junts per Catalunya, dijo: "Hay más odio y agresividad en el escrito de la Fiscalía que en todo el proceso. La Fiscalía no podrá mentir permanentemente. No caigamos en su provocación. Respuesta digna y no violenta. La absolución llegará #absolución."
Jordi Cuixart anunció, "Mensaje desde la prisión: Alguien se piensa que por 17 años de prisión nos harán renunciar a los objetivos, derechos y libertades nacionales? No conocen Òmnium ni la sociedad catalana".
El actual vicepresident de Catalunya, Pere Aragonès, dijo que ’hoy el Estado español ha escrito su sentencia", y advirtió que "este proceso es imparable, no nos pararán por muchos años de prisión".
Por su parte, el teniente alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, cree que la petición de la Fiscalía española es tirar ’gasolina al fuego’. ’25 años para querer votar, para hacer declaraciones políticas. Sin violencia. Un disparate. No sólo contra el mundo independentista, sino contra las garantías penales de todos."
El diputado de ERC en el Congreso español Gabriel Rufián compara la petición de penas a Junqueras con la sentencia de la Manada: ’25 años de prisión para votar y 9 por violar ’. ’Son unos salvajes. Y si callas, ignoras que el siguiente puedes ser tú ’.
Vidal Aragonés, diputado por la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) dijo, "Lo que está en juego con esta Causa General no es sólo la libertad y los derechos políticos y civiles de las personas que serán juzgadas sino la posibilidad de que cualquier pueblo del Estado pueda ejercer nunca el derecho a la autodeterminación".
El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, también se pronunció:
También hubieron reacciones a favor de el pedido de penas, como el exportavoz de Ciudadanos en el Parlament, Jordi Cañas, a dicho que la acusación es "por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Por violar y derogar el Estatuto y la Constitución, por intentar dar un golpe de estado contra la democracia y el estado de derecho, y por amenazar la convivencia. De nada", en respuesta al tuit de Rufián.
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