Los grandes medios han prestado atención a una noticia surgida del propio entorno de Cambiemos. Un grupo de funcionarios y diputados oficialistas viene discutiendo el borrador de la nueva “Ley de Ética Pública”, que luego Macri enviará al Congreso. La discusión la comanda Laura Alonso, la polémica titular de la Oficina de Corrupción, que en dos años y medio no impulsó ninguna investigación por corrupción o “conflicto de intereses” contra funcionarios del gobierno.
Lo cierto es que en la última reunión “saltó” que se había eliminado el punto que obligaba a todos los dirigentes sindicales a presentar su declaración jurada patrimonial. Desde el sector de Carrió pusieron el grito en el cielo y están convencidos de que fue una gestión del (ex) ministro Jorge Triaca. Según trascendió en Infobae, “desde la secretaría de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, le hicieron saber a la OA de la "sensibilidad" reinante en el universo gremial por la situación judicial de Hugo Moyano, investigado por manejos irregulares de fondos millonarios. El mismo mensaje le habría hecho llegar el ministro de Producción, Dante Sica”. En Clarín aseguran que la medida fue vista "también como un gesto amigable hacia a la CGT en vísperas de un diciembre caliente, con amenazas de paro y movilización siempre latentes".
Desde el Ministro de Trabajo negaron presiones, pero es posible que un sector del gobierno prefiera "golpear para negociar". Así buscarían continuar el pacto con las cúpulas sindicales que garantizan gobernabilidad. Pero más allá de las especulaciones inmediatas, lo cierto es que la medida abre un debate interesante sobre los sindicatos, los manejos de sus cúpulas y el Estado.
En primer lugar, hay que decir que la Ley de Ética Pública está prevista justamente para funcionarios públicos que administran fondos del Estado. El intento de incorporar a las organizaciones gremiales, y en este caso a sus representantes, es un nuevo intento de injerencia estatal en la vida sindical.
En segundo lugar, es el Estado el principal responsable de la burocratización y corrupción de los dirigentes gremiales. Las leyes sindicales son moldes para fabricar burócratas. Burócratas que no trabajan por décadas, que pueden designarse sueldos millonarios, que manejan cajas también millonarias con fondos que les transfieren el propio Estado y las patronales (todo tipo de descuentos incluidas las “cuotas solidarias”). Incluso brindándoles en muchos casos negociados como sucede con las tercerizadas o las “bolsas de trabajo”.
En tercer lugar, hay una fuerte cuota de demagogia de Cambiemos. El sindicalista modelo de Macri ha sido Gerónimo Venegas, procesado por los negocios con las obras sociales y “con más propiedades que el aloe vera”, como se dice en la calle. La Izquierda Diario ha mostrado que los (ex) triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña ganaban por mes cerca de 300 mil pesos entre el gremio, la obra social y sus cargos parlamentarios. Pero que otros como Armando Cavalieri, Rodolfo Daer y Luis Barrionuevo también cobraban “sueldos” superiores a los 200 mil pesos. O sea, lo mismo que los funcionarios, jueces, diputados y senadores. Ni Cambiemos, ni mucho menos el PJ, quieren combatir los privilegios y prebendas de ninguna casta. A lo sumo castigar a los que se zarpen (como los escandalosos casos del Pata Medina o Marcelo Balcedo) o disciplinar a través de algunas causas a dirigentes (hoy) opositores, como los Moyano.
Pero hay una forma de enfrentar la burocratización de los gremios y el enriquecimiento de sus dirigentes. Como plantea el clasismo, se trata de pelear por la independencia de las organizaciones obreras del Estado y las patronales. Y junto a ello por la más amplia democracia sindical. Porque el modelo sindical peronista le otorga a esas cúpulas un “poder de policía interna” que les permite acallar a cualquier oposición interna que critique sus manejos y negociados.
¿Una utopía? Para nada. Cuando el Sindicato Ceramista de Neuquén fue recuperado por los sectores combativos reformaron su estatuto. Allí, las decisiones se toman en asamblea, los integrantes de la comisión directiva cobran igual que en la fábrica y deben volver al trabajo al terminar un cargo. En seccionales docentes recuperadas por la izquierda también se han eliminado privilegios.
La pelea contra la burocratización y el enriquecimiento de las conducciones sindicales no va a venir jamás de las manos de Laura Alonso, Elisa Carrió ni Jorge Triaca, el hombre que interviene sindicatos para hacer negocios personales y cuyo padre llegó a tener casas en Miami y caballos de carrera como sindicalista del plástico. Es una tarea del clasismo, sobre todo si abre paso a las nuevas generaciones de jóvenes y mujeres para revolucionar los sindicatos. | 
