Una justicia cuya estructura incluso apenas fue maquillada después de la dictadura y que acumula el máximo descrédito en un momento en donde esta institución tiene tanto o más peso que los propios partidos en el escenario político del Estado.
La banca, en manos de los capitalistas, solo está al servicio de sus negocios y ganancias. Es hoy el sector patronal con mayor poder económico y con un fuerte lobby político y entre la judicatura.
Por ello es imprescindible acabar con la casta judicial, sin ninguna independencia política, al servicio del Régimen y los capitalistas. Conquistando la elección de jueces mediante el sufragio universal, así como la implementación de los juicios por jurados populares.
Y es que los lazos entre poder ejecutivo, judicial y financiero son visibles a los ojos de la gran mayoría de la sociedad. Esperar que este Régimen legisle o se posicione del lado del usuario contra los intereses de la banca es una quimera. Los que hoy están en los asientos del Congreso estarán mañana en los asientos directivos de los grandes bancos y empresas.
Una alianza entre diferentes esferas del Régimen que garantiza suculentos negocios con dinero público. Además con una fórmula invencible, inversión con el dinero de la población trabajadora en negocios privados que, en caso de fracaso se socializan las pérdidas y en caso de ganancias se disfrutan de forma privada.
Por ello, frente a albergar esperanzas en las medidas del gobierno o en la judicatura, la única solución posible es la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores y de los usuarios. Poner las grandes finanzas bajo el control de los trabajadores es la única fórmula que permitiría establecer créditos baratos, una planificación de la economía centrada en los intereses de la gran mayoría de la población.
Una medida que no va en contra del dinero de los pequeños ahorristas, sino contra las grandes fortunas del capital financiero.
De esta manera, se pondrá fin a los desahucios con su expresa prohibición y se podrá expropiar los pisos vacíos en manos de la banca y los especuladores, que son nada menos que el 80% de los existentes y crear así un parque público de viviendas cuyos alquileres no superen el 15% del salario familiar. La única forma seria de acabar con la especulación urbanística y la gentrificación.
Expropiar a la banca privada, sin indemnizaciones, para poder establecer un sistema de in-versión y crédito que beneficie al conjunto, y no solo a un pequeño grupo de grandes empresarios que especulan con nuestro dinero y que en caso de mal negocio recuperan sus pérdidas con más dinero de nuestros bolsillos.
Para acabar con las puertas giratorias entre el Estado y las grandes empresas, que todo cargo político, empezando por el jefe del Estado, no cobre más que un docente. Y la prohibición explicita de no poder formar parte de los directorios de grandes empresas.
Todas estas medidas pueden ser resueltas en procesos constituyentes libres y soberanos en el territorio del Estado, que no vendrá de la mano de los partidos que sostienen a este régimen como son el PP junto al PSOE y la nueva derecha como ciudadanos, sino producto de la lucha y la movilización de los trabajadores y los sectores populares.
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