El 15 de diciembre del año pasado a las 00:30 hs, cuando transitaba con su moto y salía a festejar el ascenso de su querido club, una Ford Ranger de la Policía Metropolitana conducida por el oficial Daniel German Castagnasso –acompañado por el subinspector José Daniel Soria Barba–, lo atropelló y mató en la intersección de las calles Brandsen y Dr. Ramón Carrillo, en el barrio de Barracas.
Homicidio y encubrimiento
La Izquierda Diario se contactó con los padres de Nehuén, quienes relataron las numerosas irregularidades que hay en la investigación y aportaron datos específicos de la causa.
Una vez producido el impacto, la Policía llamó inmediatamente a otro patrullero. Los testigos –por motivos de seguridad no revelaremos sus identidades– declaran que otra camioneta de la Metropolitana se hizo presente en el lugar a los pocos minutos. Sin embargo, la ambulancia llegó al lugar para asistirlo con una demora de media hora. Inexplicable en un zona rodeada de hospitales (el Argerich está ubicado a menos de 20 cuadras).
No es un dato menor que el fiscal y efectivos de la Policía Federal de la comisaría 28 concurrieran al lugar del hecho recién a las 6 de la mañana, acuando el Juez ordenó intervenir. Es decir que la escena estuvo liberada a la Metropolitana durante seis horas.
Los testigos afirman que el patrullero cruzó en rojo a gran velocidad, sin balizas, ni sirenas (según datos periciales la moto fue arrastrada veintiséis metros). La familia asegura que resulta una práctica habitual en el barrio y que aún hoy continúan haciéndolo con total impunidad.
Nehuén transitaba con casco por la calle Brandsen con su motocicleta Gilera GLA 110, cuya velocidad máxima es de 70 km/hs. La Izquierda Diario fue al lugar del hecho y comprobó que Brandsen a esa altura presenta una pronunciada pendiente ascendente, lo que demuestra que Nehuén circulaba a baja velocidad.
La causa y sus irregularidades
El expediente se tramita ante el Juzgado Criminal de Instrucción N° 4 de la CABA, a cargo del juez Fernando Mario Caunedo, y del Dr. Marcelo Martín Retes, fiscal a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal N° 23, de la CABA. Primero la carátula figuraba como homicidio simple, sin embargo a los pocos días se redujo a homicidio culposo, cuyas penas son aún más leves.
Los policías imputados declararon que circulaban con las balizas y sirenas encendidas, pero cuando se solicitaron las filmaciones de la cámara de seguridad ubicada exactamente en el lugar del hecho, los informes de la Metropolitana establecieron que ese 15 de diciembre la cámara solo registró imágenes del asfalto. Casualmente, las numerosas cámaras aledañas tampoco pudieron registrar imágenes del patrullero, ya que no funcionaban.
Asimismo, la moderna camioneta en la que circulaban los policías tampoco contaba supuestamente con el GPS que permitiría establecer la velocidad, ni la cámara a bordo con que cuentan todos los vehículos de las fuerzas de "seguridad". Esta situación resulta sospechosa en una fuerza en la que Mauricio Macri ha invertido 2650 millones de pesos.
No es un policía, es toda la institución
Este caso, aunque pretendan presentarlo como un simple accidente, pone al desnudo el nivel de impunidad con el que se maneja el aparato represivo del Estado y, si bien no es un caso típico de gatillo fácil, muestra la cara más cruda de la institución policial. En los últimos meses salieron a la luz varios casos similares, como el de Ismael Sosa asesinado por la policía provincial de Córdoba en el recital de La Renga; el caso de Ezequiel Reynoso, baleado por la espalda mientras conducía su moto; el de Franco Casco, asesinado por la narcopolicía santafesina; y el encubrimiento policial en el caso de Franco Zárate.
No podemos dejar de mencionar la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, luego de seis años de una lucha incansable que sensibilizó a toda la sociedad, tomándola como una causa propia. Estos casos son muestra de que es la juventud –y en particular la juventud pobre que vive en las barriadas populares– la principal víctima de la represión policial. Es el Estado que criminaliza la pobreza y agita el discurso de la inseguridad (en connivencia con los medios hegémonicos) a fin de darle mayor poder de fuego al aparato represivo.
De esta situación no sale indemne ninguna fuerza, ni las que responden a Cristina Kirchner, ni a Daniel Scioli en la provincia, ni a Macri en la Ciudad de Buenos Aires, ni a todas las policías provinciales que organizan el narcotráfico, la trata, los desarmaderos, etc. Por eso el CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) y los centros de estudiantes de Filosofía y Letras, Psicología y Ciencias Sociales de la UBA se ponen a disposición de sus familias y amigos para las denuncias, la organización y las movilizaciones necesarias por el castigo a los policías.
Número de contacto: 1522681812 | 
