El triunfo de Patricio Aylwin en las elecciones presidenciales de 1989 (que asumió el 11 de marzo de 1990) generó expectativas en amplios sectores de la población, las que vieron la posibilidad de terminar con diecisiete de dictadura cívico-militar –luego de la derrota sufrida en las movilizaciones y grandes protestas populares de mediados de los ‘80 y de los inicios de las conversaciones entre militares, partidos políticos y empresarios, respecto a la posibilidad de iniciar una vuelta a la democracia.
La Concertación prometía en su programa de gobierno avanzar en el camino de la verdad y la justicia; sin embargo, la realidad es que aceptaba las reglas de la transición pactada y la institucionalidad impuesta por la dictadura: Constitución del ‘80, senadores designados y vitalicios, sistema binominal, leyes de amarre, Ley de Amnistía, entre otras. La lucha por la verdad y la justicia se transformaría en los gobiernos de la Concertación por la lucha por la “justicia en la medida de lo posible” y la política de la reconciliación nacional. Es que la transición pactada tuvo como fundamentos la impunidad y la continuidad de las políticas neoliberales de la privatización, la mercantilización de la salud, las pensiones y la educación, la precarización del trabajo y la defensa del Código Laboral impuesto en 1979, la destrucción de las organizaciones sindicales y sociales y el autoritarismo, dando paso a un régimen político que se caracterizó –salvo algunas reformas cosméticas– por la mantener la herencia de la dictadura.
La transición se construyó así sobre el edificio institucional que la dictadura erigió para garantizar la continuidad del modelo económico, político y social neoliberal. Se trataba de garantizar una democracia tutelada o protegida, un régimen antidemocrático construido desde la lógica de la Constitución del ‘80 y el sistema binominal (1), donde existían un número de senadores designados por Pinochet que garantizaban la continuación de sus políticas, en la que las fuerzas armadas actuaban como garantes del orden institucional teniendo un alto grado de autonomía y una alta representación en el Consejo de Seguridad Nacional del Estado. Pinochet quedaba al frente del ejército durante otros ocho años, tras los que asumía como senador vitalicio. La reforma a la constitución era prácticamente imposible, siendo necesarios más de dos tercios de los votos para cualquier cambio.
La Concertación aceptó esta institucionalidad y la mantuvo en sus aspectos fundamentales, aun cuando proponía algunas reformas que no cuestionaron el modelo en su conjunto. Ya en 1987, Aylwin delineaba su posición respecto a la “salida” de la dictadura, señalando que era necesario “lograr una salida democrática, pacífica, concertada, respaldada por la voluntad popular”, pero también “crear las condiciones para que las Fuerzas Armadas y de Carabineros abandonen el poder preservando su dignidad institucional, sin actitudes de venganza, reafirmando su rol de defensa de la soberanía nacional” (2); su visión respecto a la Constitución del ‘80 no era muy diferente, poco tiempo después de las primeras masivas protestas nacionales que comenzaron a enfrentar a la dictadura pinochetista (3), el presidente de la Democracia Cristiana diría que cuestionar esta Constitución no era una “cuestión de principios”, había que “eludir” por tanto el tema de su legitimidad para actuar dentro de los márgenes que la Constitución”(4).
En la medida en que se acercaba el plebiscito de 1988, la Alianza Democrática –antecesora de la Concertación (5) – llamó abiertamente a inscribirse en los registros electorales; tras el triunfo del No se hicieron algunas sucintas reformas, como la derogación del artículo que facultaba al presidente para disolver la Cámara de Diputados, aumentar el número de senadores y derogar el artículo 8vo. para promover un mayor pluralismo; dejando temas fundamentales fuera de la negociación entre los militares, la derecha y la Concertación, como “la institucionalidad política de las Fuerzas Armadas, el fuero parlamentario (o inmunidad parlamentaria) de Pinochet y la ley de amnistía”(6).
Según Manuel Antonio Garretón y otros intelectuales de la Concertación, la transición chilena era una transición “incompleta”, por lo tanto de lo que se trataba era de eliminar los “enclaves autoritarios heredados” (7); sin embargo ya en 1992, el mensaje presidencial de Aylwin daba la transición por terminada, lo que evidencia que la Concertación buscaba ahora discutir hacia el futuro y no reabrir el debate del pasado, a la vez que se aceptaba y buscaba perfeccionar el sistema económico. La imagen de Pinochet entregando la banda presidencial a Aylwin simboliza claramente esta transferencia ordenada y pacífica que caracteriza la transición chilena.
El programa de gobierno de Aylwin proponía la “plena democratización” política, respecto y promoción de los derechos humanos y verdad y justicia (sin plantear la derogación de la Ley de Amnistía ni la cárcel o justicia a los violadores de derechos humanos), reforma en el Poder judicial y a la Ley Antiterrorista, democratización y descentralización política; en lo económico, un principio de “equidad” y “justicia social”, donde el Estado promueva el “crecimiento” y la modernización, avanzando hacia relaciones de diálogo entre trabajadores y empresarios, la “eliminación del desempleo y la extrema pobreza”, entre otros aspectos (8).
Era un programa que no cuestionaba el modelo económico neoliberal impuesto en la dictadura, simplemente proponía la idea de un crecimiento con mayor equidad; aceptaba la idea de la democracia protegida y la legitimidad que había alcanzado la llamada obra económica de la dictadura nunca fue puesta en juego, hasta la actualidad se diferencia entre la obra económica de la dictadura y el resto de sus políticas; figuras tan relevantes como Andrés Zaldívar “sostiene sin peros de ningún tipo que la “herencia positiva” de Pinochet ‘fue la transformación económica’” (9). Según el economista Hugo Fazio, el gobierno de Aylwin tuvo un gran continuismo con las políticas de la dictadura, sobre todo en el ámbito económico; por eso no cabe hablar del “programa abandonado” de la Concertación.
Así, la transición a la democracia se fundó en la continuidad e incluso profundización gran parte del modelo implementado en dictadura y en la lógica del pacto social y el consenso. Las grandes demandas sociales quedaron olvidadas, entre ellas las de la clase trabajadora, cuando se mantuvo el Código Laboral que impuso en 1979 con sangre y fuego la dictadura, de la mano del entonces Ministro de Trabajo José Piñera.
El Partido Comunista también fue parte de este proceso, ya sea llamando a votar a Aylwin u otros candidatos de la Concertación, hasta lograr integrar hoy el gobierno de la Nueva Mayoría.
De este modo se instalaba el ciclo de los gobiernos concertacionistas, que duró 20 años.
Referencias:
1.El sistema binominal que rige hasta la actualidad favorece sólo a los grandes partidos o coaliciones, de la derecha y la Concertación.
2. Retamal Ávila, J. (1990). Aylwin: la palabra de un demócrata. Santiago de Chile. Planeta. P. 335
3. Y que aceleraron la política de acuerdos entre la dictadura y la oposición de los partidos que luego conformarían la Concertación.
4. Godoy Arcaya, Ó. (1999). La Transición chilena a la Democracia Pactada. En: Revista Centro de Estudios Públicos, N° 74. Otoño 1999. Santiago. CEP. p. 90.
5. Que se constituyó en febrero de 1988.
6. Godoy Arcaya, Ó. (1999). La Transición chilena… Op. Cit., p. 104.
7. Garretón, M. A. (1995) Transición incompleta y régimen consolidado. Las paradojas de la democratización chilena. En: Revista de Ciencia Política, Santiago de Chile, v. XVI, n. 1-2, 1995. p. 22.
8. Programa de Gobierno. Concertación de Partidos por la Democracia. Documentos: La Época. Julio. 1989
9. Fazio, Hugo. (1996). El programa abandonado. Balance económico social del gobierno de Aylwin, Santiago de Chile. LOM Ediciones, p. 25. |
