En su nota lo que se quiere es demonizar como “violentos” a los que ese día nos manifestamos y principalmente a los dirigentes ceramistas, por ello Laria afirma cosas tales como: “La falta de respeto a los derechos de propiedad, la mirada indulgente a la criminalidad profesional, las cesiones permanentes a las metodologías extorsivas que no reparan en medios amparándose en supuestos fines legítimos, nos instalan ante un escenario dantesco de retorno a la ley de la selva. En este contexto, los casos de justicia por mano propia, que siempre es excesiva y arbitraria, se reproducen a diario, dejando un saldo de víctimas fatales que causan horror y espanto. Estamos a la puerta de convertirnos en un narco-Estado que puede alterar gravemente nuestra forma de vida”
Lo que no dice es que lo que alterara la forma de vida de generaciones enteras es la expoliación de los recursos naturales y la contaminación del suelo por parte de la explotación petrolera. Es interesante que el periodista hable de “criminalidad profesional” cuando los grandes delitos contra el pueblo entero y los grandes crímenes sociales no son considerados delitos, y por supuesto los verdaderos criminales de guante blanco, políticos y empresarios corruptos, no son jamás sentados en el banquillo de los acusados por la justicia clasista. Tampoco dice nada el periodista de la impunidad reinante en la provincia en la mayoría de los casos de gatillo fácil y represión como lo demuestran las causas Fuentealba II, zona liberada, torturas en la unidad 11 y la escandalosa impunidad del ex gobernador Jorge Sobisch por ser el responsable político del asesinato del docente Carlos Fuentealba.
A tono con esta nota, el Jefe de los Fiscales José Gerez, salió ayer en los medios diciendo que iban a impugnar el fallo que la Jueza Mara Suste dictó a pedido del representante del Ministerio Público, el Fiscal Ignacio Di Maggio. Para ello apela a cualquier argumento, incluso insostenible desde el punto de vista jurídico, ya que hay un principio general del derecho que señala que “nadie puede alegar su propia torpeza” y una garantía constitucional que prohíbe que se pueda acusar o juzgar dos veces a una persona por un mismo hecho cuando ya fue sobreseído.
Ambos quieren que se vuelva a criminalizar un caso que por propio pedido del fiscal ya está sobreseído, es decir, resuelto y juzgado.
Nada dicen, ambos, periodista y abogado, de la impunidad que se cierne sobre el intento de homicidio policial al joven Rodrigo Barreiro. Recordemos que el 28 de agosto de 2013 la policía de Neuquén, bajo las órdenes de la Fiscal Gloria Lucero, reprimió a las miles de personas que llegaban a manifestarse a la Legislatura Neuquina en contra el acuerdo YPF Chevron.
La represión comenzó ni bien los manifestantes estaban llegando, en lo que fue una clara provocación montada por la Policía y el Gobierno, se reprimió a las Madres de Plaza de Mayo, los compañeros del pueblo mapuche, ceramistas, docentes, trabajadores estatales, personalidades que viajaron de diferentes lugares. El saldo: decenas de heridos y el docente Rodrigo Barreiro con una bala policial de plomo instalada en su cuerpo. Represión desatada a capa y espada para defender los intereses de las petroleras, aún a costa de la vida de quienes manifestaban su disconformidad con este acuerdo de entrega de los recursos naturales.
Nada dicen tampoco sobre que la misma Policía que reprimió y casi asesina a Rodrigo Barreiro armó luego “informes especiales”, en realidad un verdadero trabajo de infiltración en la marcha, con filmaciones y fotos en las que señalaba a los dirigentes sociales y sindicales cual si fueran Bin Laden. En esos informes ilegales se basa la acusación de la causa. Para identificar a los imputados, como consta en la causa penal, se reunieron decenas de policías que hacen inteligencia ilegal a señalarlos. Y un año y medio después el Fiscal solicita la formulación de cargos contra algunos de los trabajadores acusados y sorpresivamente el día anterior a que se realice la audiencia y ante un paro provincial de la CTA y una movilización al Juzgado, el fiscal solicita el sobreseimiento de los mismos por falta de pruebas para demostrar las conductas, y reconociendo la inexistencia de delito pues la sesión se llevó delante de manera tal que se votó el entreguista acuerdo secreto.
Ante esta situación el Fiscal del TSJ sale a anunciar que van a intentar “reabrir la causa” porque tiene que “primar la ley”. Claramente un discurso para la tribuna porque como el Dr. Gerez sabe, ello es imposible.
A la vez, qué interesante comparación hace Laria de esta causa con la idea del narco-Estado, como si los grandes delitos como el narcotráfico, la trata de personas, no fueran nada y el problema estuviera en la movilización del pueblo que reclama sus derechos. Sus discursos son parecidos a los de las campañas de “Ley y Orden” que en verdad buscan legitimar salidas represivas y reaccionarias para el pueblo pobre y trabajador, que son en definitiva los que la justicia y este tipo de campañas estigmatizan y persiguen.
Cuando se quiere justificar represiones con frases como que ‘la que debe primar es la ley’, acusando a los que luchan de ‘antidemocraticos y de violentos’, lo que se esconde es que la ley es para los de arriba, y los palos para los de abajo, y que en verdad lo que se busca es justificar la represión y legalizar las causas penales para seguir criminalizando la protesta social.
Está claro que ambos son voceros de un gobierno que quiere imponer su política entreguista a fuerza de la represión directa como fue ese día en la Legislatura con balas y gases, o de manera indirecta por la vía de la justicia penal, siempre servil a estos intereses. Y que para lograrlo, no dudan incluso en violar su propia legalidad que tanto proclaman. |
