La planta aceitera rosarina “Santa Clara”, propiedad de Molinos Río de la Plata del grupo Pérez Companc, continúa atacando a sus trabajadores mediante “aprietes” para que acepten los retiros mal llamados “voluntarios”. Según relatan los trabajadores, desde septiembre a la fecha unos cincuenta operarios fueron desvinculados de la empresa mediante estos despidos encubiertos.
Es parte de las grandes multinacionales exportadoras que exhiben ganancias récord en el país y en todo el mundo, y que vienen golpeando sobre los trabajadores del sector con el propósito de aumentar la precarización y avanzar sobre sus derechos conquistados.
Los ataques a los aceiteros comenzaron en Cargill de Villa Gobernador Gálvez-Punta Alvear con el despido de 45 trabajadores, y más tarde siguió Bunge Ramallo , con el despido de más de 50 aceiteros y químicos. Molinos adelantó vacaciones y abrió los retiros voluntarios. También Bunge, pero esta vez de Puerto General San Martín, intentó imponer retiros. Finalmente acordó con el sindicato dirigido por Reguera que el gremio intervendría para que los operarios se adapten a los ritmos de producción exigidos por la empresa, a cambio de frenar los retiros.
Llama la atención la falta de respuesta del sindicato ante una práctica tradicionalmente neoliberal de las empresas, que utilizan los mal llamados retiros “voluntarios” como forma de coerción para despedir personal.
Una empresa que no tiene ninguna crisis
Molinos tiene dos divisiones: Molinos Río de la Plata y Molinos Agro. Además de la producción de biodiesel, harina de soja y derivados, Molinos es una de las principales elaboradoras de productos de consumo masivo, junto con Arcor y Unilever. Es la dueña de marcas como Luchetti, Matarazzo, Gallo, Terrabusi, Exquisita y Canale, entre otras muy conocidas. Estas formadoras de precios aprovechan su situación oligopólica en el mercado para su propio beneficio, en contra de los sectores que consumen mayoritariamente sus productos. Cada crisis, cada aumento en la cotización del dólar, cada salto en la inflación es usado por estos empresarios inescrupulosos para aumentar los precios y acrecentar de esa manera sus ganancias. A fines de agosto, cuando la corrida contra el peso entró en una espiral, Molinos, Arcor y Unilever suspendieron sus ventas para remarcar los productos.
Actualmente esta compañía tiene en su haber causas judiciales por evasión impositiva y otras maniobras contables para eludir el pago de impuestos al Estado. Una de las causas que inició la AFIP en su contra le exige, entre otros ítems, el pago de una diferencia por Ganancias por un monto de $1.200 millones de pesos. El año pasado esta causa fue anulada por el el poder judicial federal, aportando impunidad al accionar de esta empresa.
Macri no podía ser menos y hace unos meses le perdonó por decreto a esta familia una deuda $2.700 millones de pesos que mantenía con el Estado.
Como se ve, ninguna crisis afecta a este gigante de los productos de consumo masivo y del agro, que además de enriquecerse con el mercado interno, aprovecha las grandes ventajas otorgadas por un peso barato para embolsar abultados beneficios con la exportación de maíz, biodiesel y derivados de la soja.
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