En Santa Fe, la Unión Industrial (Uisf) y la Federación Industrial (Fisfe) le pidieron al gobierno santafesino que declare la emergencia industrial provincial por 180 días, con un esquema de funcionamiento similar a la emergencia agropecuaria. Las patronales piden asistencia financiera e impositiva, incentivos productivos, reducción del costo energético, otra cobertura de seguro contra accidentes ambientales, pero también exigen la adhesión de la provincia a la nueva y regresiva Ley de ART que el macrismo intentó imponer por decreto y más tarde se sancionó en ambas cámaras durante 2017. La misma apunta a aumentar más aún las ganancias empresarias y recortar cada vez más los derechos de los trabajadores en términos de litigiosidad laboral.
La ministra de trabajo provincial Alicia Ciciliani dijo que los números eran impactantes para respaldar a los empresarios locales, "hay 200 empresas en proceso preventivo de crisis, esto afecta a 15.000 trabajadores”, dijo, dándose por enterada a esta altura del año de una realidad que sobre todo padecen los trabajadores de la provincia desde hace tiempo.
Es que desde 2015 cerraron 400 industrias, y en lo que va del año otras 240. Dentro del espectro industrial, la rama más afectada es la metalúrgica, con al menos 660 despidos, concretados por empresas como Bambi, Mefro Wheels, Electrolux, , Metalkrom y Liliana de Rosario, Vasalli de Firmat. Empresas como Helvética de Cañada de Gómez suspendieron a todo su personal y Electrolux dio vacaciones adelantadas, mientras que Metalsur suspendió a 400 empleados. El derrumbe es particularmente evidente en la llamada “línea blanca” que produce en Rosario el 90% de las heladeras nacionales. Aquí se vio una caída del 11% en heladeras y 63% en freezers en abril de 2018 frente a igual mes del año anterior, en tanto que la entrada por importación de línea blanca creció un 108%.
El gobierno parece estar de acuerdo con revisar las propuestas de los empresarios, concederles sus pedidos y avanzar, entre otras cosas, sobre los derechos de los trabajadores. “Están reclamando la ley de ART y nosotros creemos que hay que adherir tal cual lo tiene Córdoba, para bajar los costos, y tenemos que hacer una cantidad de esfuerzos que estamos analizando y el gobernador seguramente lo va a decidir en las próximas horas", manifestó Ciciliani, dando luz verde.
Queda por ver que harán las conducciones sindicales. La UOM mira pasar las consecuencias del ajuste con sus salarios devaluados, dejando que corran suspensiones, cierres, y despidos. El Secretario General de la UOM Antonio Donello y el abogado Pablo Cerra ya anticipaban en junio el panorama, pero no tomaron una sola medida en defensa del salario, contra los despidos y contra el ajuste del gobierno y el FMI; mientras en cambio, las patronales buscan no sólo mayor financiamiento y una salida a la crisis, pero sobre todo, quitarle derechos. |