Luego de que la Cámara de Diputados de Santa Fe diera media sanción al proyecto de ley que contempla un aumento impositivo a bancos, cerealeras y acopiadoras de granos para compensar la quita de subsidios que recibe el transporte del Estado nacional, comenzó formalmente el debate en el Senado. El texto establece el aumento del impuesto Inmobiliario para acopiadoras de granos y bancos, y un incremento del Impuesto de Ingresos Brutos para 18 cerealeras radicadas en la provincia, que de tributar 0,25% pasarían a pagar el 1% de su facturación. También prevé aumentar el Impuesto al Sello.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Agricultores Federados Argentinos (AFA), la Sociedad Gremial de Acopiadores de Rosario, la Sociedad Rural de Rosario (SRR), y las entidades que componen la Mesa de Enlace provincial asistieron a sendas audiencias de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado. Quienes se encontraron ausentes fueron los representantes de la Cámara Industrial Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Granos (CEG).
Durante las audiencias las entidades plantearon su rechazo argumentando que este incremento sería trasladado a los productores agrarios, a los que la sequía les trajo grandes perjuicios, que la presión tributaria por derechos de exportación es elevada, y que sufren la competencia en el mercado internacional, con restricciones a la exportación de biodiesel en Estados Unidos y la Unión Europea, entre otras razones que esgrimieron.
Sin embargo los representantes de estos sectores nada dicen de las ganancias extraordinarias que amasaron durante este año, principalmente producto de la devaluación. Ya durante 2017 diez de estas cerealeras aparecían como parte de las empresas mejor posicionadas en el ranking de exportaciones del país, con una facturación conjunta de 18.170 millones de dólares. Las ganancias de las agroexportadoras dieron un salto luego de la devaluación de casi un 100% en pocos meses, con la divisa norteamericana llegando a tocar los 40 pesos. Si bien en el tercer trimestre de este año las exportaciones del complejo sojero tuvieron una caída del 25% interanual, lo cierto es que producto de la brutal devaluación sus ganancias en pesos aumentaron.
En el Senado las opiniones se encuentran mayoritariamente divididas entre dos posiciones: algunos legisladores rechazan de plano el proyecto, y otros opinan que hay que realizarle modificaciones. Las posiciones corren a cargo tanto de representantes del Frente Progresista como del peronismo. El senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri es el más duro opositor a la medida en el recinto, erigiéndose como ferviente defensor de las cerealeras radicadas en San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes. Por su parte, el bloque del oficialismo provincial tiene más detractores que impulsores de la medida, como los senadores Lisandro Enrico o Hugo Rasetto.
Ante este panorama el dirigente del Frente de Izquierda, Octavio Crivaro, aseguro que "queda demostrado cómo el gobierno de Lifschitz, a pesar de la retórica progresista, no tiene voluntad de ponerle un freno al poder que exhiben estas multinacionales. Los mismos senadores que fueron elegidos en la boleta del gobernador hoy se encuentran muy receptivos a los reclamos de las empresas del agro, que se llevan millones a través de los puertos del Paraná". Y continuó: "ni que hablar del peronismo, cuyo vocero Traferri transmite directamente las peticiones de este sector, que ya anunció como chantaje que de aprobarse la ley despedirá a trabajadores de sus plantas". Finalmente Crivaro señaló que "desde la izquierda planteamos que hay que aplicar impuestos a las grandes empresas para financiar el transporte, y también la educación y la salud, que se deterioran cada día más producto del ajuste".
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