Ayer este diario informaba de un nuevo crimen a manos de la Policía Bonaerense: cuatro detenidos habían muerto encerrados en los calabozos de la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría, en el sur del Gran Buenos Aires, a consecuencia de un incendio que los efectivos decidieron dejar que se desarrolle hasta consumirse.
Los calabozos de la comisaría, que tenían 27 detenidos en un espacio habilitado solo para 10, estaban clausurados judicialmente desde marzo. Sin embargo la gobernadora María Eugenia Vidal, su ministro de “Seguridad” Cristian Ritondo y la propia Corte Suprema de Justicia bonaerense decidieron no hacer nada para que esa orden judicial se llevara a la práctica.
Esta mañana, a los fallecidos Jeremías Rodríguez (19), Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60) y Juan Lavarda (59), se sumaron otros dos. Se trata de los jóvenes Miguel Ángel Sánchez (31) y Elías Soto (20). Ambos no pudieron sortear la gravedad de las quemaduras y heridas y finalmente perdieron la vida.
Según informaron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el alojamiento en la comisaría de Esteban Echeverría el jueves a la noche transgredía el tiempo máximo de 48 horas que una persona puede estar alojada en estas dependencias. Casi la mitad llevaba más de 4 meses en ese lugar y todos superaban el plazo de dos días.
En el caso de Sánchez, su detención era por el “delito” de “tenencia simple de estupefacientes”, es decir por habérsele encontrado en la calle con un porro u otra sustancia para consumo personal.
Pena de muerte
Desde el primer momento las grandes empresas periodísticas salieron a “bancar” a María Eugenia Vidal, a su ministro de “Seguridad” Cristian Ritondo y a la propia Policía Bonaerense, buscando instalar la idea de que todo comenzó con un “intento de fuga” de los 27 detenidos. Un clásico del periodismo encubridor de las instituciones represivas del Estado.
Por el contrario, si bien aún no se conocen los resultados de las pericias, de acuerdo a testimonios de familiares de las víctimas y de testigos, todo habría surgido por un reclamo de parte de los 27 detenidos de condiciones mínimas de detención. Concretamente pedían colchones, ya que llevaban semanas y hasta meses durmiendo sobre mantas, cartones y papeles.
De acuerdo con el informe que la Policía le pasó al juzgado interviniente, fueron precisamente esos elementos los que se quemaron y terminaron incendiando los calabozos. Como son elementos que requieren un tiempo mucho mucho mayor de encendido y de elevación de temperatura que un colchón u otro elemento, se presume que los efectivos policiales dejaron conscientemente que el incendio se desarrollara durante un largo rato y nunca abrieron los candados para que los presos pudieran salvar sus vidas.
Así lo consideraron también desde la Comisión Provincial por la Memoria. Roberto Cipriano García, secretario de la CPM, en diálogo con La Izquierda Diario afirmó que “lo que está claro es que se trataba de reclamo elemental sobre algo básico como tener colchones para dormir. Era de noche, se tenían que turnar para dormir y encima tenían que hacerlo sobre mantas”.
A su vez García informó algo que es de suma gravedad: “Cuando empezó el fuego y los detenidos pidieron ayuda, lo que hizo la Policía fue cerrar la llave de paso de agua, con lo cuál no tenían agua para apagar el incendio”.
Según las versiones de familiares y de testigos, en ese momento algunos efectivos miraban la situación y les decían con sorna a los detenidos “ahora se van a quemar como ratas”.
Modus operandi policilal
Para García se repite el modus operandi que en la Masacre de Pergamino, ocurrida en marzo del año pasado con un saldo de siete detenidos muertos y otros tanto heridos. “Hicieron lo mismo, cerraron la llave de paso de agua y los detenidos no podían apagar el fuego”, sentenció.
En estos momentos otros dos jóvenes que estaban en los calabozos al momento del incendio se encuentran en estado grave, peleando por su vida, con lo cual la lista de fallecidos no se puede dar por cerrada.
Hasta el momento ningún funcionario provincial salió a dar explicaciones sobre lo ocurrido, haciendo un silencio deliberadamente cómplice con el accionar criminal de la Bonaerense.
“Esto es coherente con lo que dijo tiempo atrás el ministro Ritondo, que los prefiere ’amontonados’ y no en la calle. Estas son las consecuencias directas de lo que él llama ’amontonamiento’, que no es otra cosa que la decisión de una política criminal”, concluyó Cipriano García.
La Policía (sea la Bonaerense o cualquier otra) tiene diversas formas de matar a las hijas e los hijos de la población trabajadora. Con el gatillo fácil, con la desaparición forzada, con la torturas en comisarías, con supuestos “enfrentamientos” con delincuentes que nunca se esclarecen.
También con las muertes derivadas del desarrollo del gran delito (narcotráfico, trata de personas, robo de automotores, etc.) que es o regenteado directamente por comisarios o es “controlado” desde seccionales o destacamentos.
A esos crímenes hay que sumar hechos como este. Como ocurrió en Magdalena en 2005 o en Pergamino el año pasado. | 
