Cuando Macri anunció su intención de convertir a Campo de Mayo en una “reserva natural”, los organismos y personalidades de derechos humanos, sobrevivientes y familiares expresamos nuestro total repudio ante semejante intento de convertir en un “parque” al mayor centro clandestino del país, en el que desaparecieron más de cinco mil compañeros y compañeras, que tuvo una maternidad clandestina en la que nacieron y fueron apropiados más de 200 niños y niñas.
El decreto 1056/2018, publicado en el Boletín Oficial de este jueves, dice textualmente que “el presidente de la Nación Argentina decreta: artículo 1º.- Establécese en el predio ’Campo de Mayo’ (...) un régimen especial de manejo y conservación del ambiente denominado ’Reserva Ambiental de la Defensa Campo de Mayo’ que, sin desmedro del ejercicio y práctica de las actividades vinculadas a proveer a la Defensa Nacional, la soberanía y los intereses vitales de la Nación, preserve los elementos de significativo valor para la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio cultural de la Nación”.
Realmente es una provocación a todos los que desde hace más de 42 años luchamos contra la impunidad que les fue garantizada por todos los gobiernos constitucionales a los genocidas militares y civiles y a los nietos y nietas que fueron apropiados en esa maternidad clandestina y que aún hoy siguen sin conocer su identidad.
En marzo de este año, a pocos días de un nuevo aniversario del golpe genocida, junto a Mirta Baravalle (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora) presentamos ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de San Martín una medida cautelar de “no innovar” respecto al predio militar de Campo de Mayo.
Mirta es querellante en la Causa 4.012 “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc.”, abierta en 2011. En esa presentación se le pide al Poder Judicial Federal que “en virtud de lo dispuesto por el art. 261 y concordantes” del Código Procesal Penal de la Nación, se dispongan “los medios necesarios a fin de mantener en condiciones de conservación suficientes del predio ubicado en Campo de Mayo”.
En tal sentido se solicita que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación y al propio Ejército que “se abstengan de realizar cualquier tipo de medidas que impliquen la movimiento o modificación del terreno, sus características y topografía como así también de las instalaciones y construcciones de dicho predio”.
Alertamos en ese momento que la intención presidencial implicaba nada menos que “una obstaculización” de la investigación penal en curso dentro de la megacausa Campo de Mayo. En esa presentación planteamos que “atento que en esta causa se investigan delitos aberrantes como la desaparición forzada de personas, torturas, homicidios, apropiación de bebés, violaciones sexuales, entre tantos otros delitos” acontecidos en el predio de Campo de Mayo, corresponde que el juez “tome las medidas pertinentes para evitar que puedan destruirse pruebas significativas para el desarrollo de la presente investigación en esta causa”.
Lo cual hace “imprescindible que no se modifique ninguna de las características del predio y nos posibilite continuar con la investigación”.
En su pedido de “no innovar”, Mirta Baravalle recordó que “por el paso del tiempo, ya más de cuatro décadas, y porque aún existen personas desaparecidas vistas por última vez en Campo de Mayo, y se siguen recibiendo denuncias, es que se hace imprescindible la conservación del lugar para continuar con nuestra investigación, por lo que, lo propuesto hasta aquí por el Poder Ejecutivo Nacional implicaría obstruir la investigación judicial”.
Además, en ese escrito enumeramos algunos de esos casos: la declaración judicial
de inconstitucionalidad de un decreto presidencial de 1988 que ordenaba demoler nada menos que la ESMA; una cautelar de 2004 que ordenaba preservar el campo de deportes contiguo a la misma ex Escuela de Mecánica de la Armada; otras cautelares dictadas en la Plata preservar pruebas en el predio donde funcionó el “Pozo de Arana”; y el allanamiento, registro de pruebas y prohibición de innovar dictada para preservar el ex centro clandestino “Virrey Cevallos”. Y suma casos similares en Uruguay.
Durante todos estos años, quedó más que comprobado que Campo de Mayo se destacó por ser un lugar de exterminio, por lo que solo hubo una pequeña cantidad de sobrevivientes, cuyos testimonios resultaron claves para la investigación.
Además de oficiales y suboficiales del Ejército, allí prestaron servicios miembros de la Policía Federal, de Prefectura y Gendarmería, que aportaron guardias e interrogadores.
Haciendo una comparación histórica, así como Auschwitz sigue estando bajo una estricta preservación dado que es “escenario de un crimen que todavía se está investigando”, ya que “mientras queden testigos y perpetradores vivos” se trata de una “causa abierta”; así debe pensarse y actuar en consecuencia respecto a los reductos, destacamentos y predios militares, policiales, de inteligencia, tanto militares como de empresas y de civiles utilizados para perpetrar el genocidio en Argentina.
Este decreto es un ataque a la lucha contra la impunidad, a los sobrevivientes, a los familiares y a la sociedad en su conjunto. Es una muestra brutal del negacionismo del gobierno de Macri y que desde el Estado hay una decisión de obstaculizar los juicios y la exigencia por el juicio y castigo en cárcel común para todos los genocidas. | 
