Los partidos opositores acusan a ministros y dirigentes del gobierno de Jovenel Moïse y su antecesor Michel Martelly, de haber engordado sus cuentas bancarias con más de 2 mil millones de dólares procedentes de los fondos venezolanos y de la ayuda humanitaria tras el terremoto de 2010, donde más de 300 mil personas murieron y alrededor de millón y medio quedaron sin hogar.
La población asiste a una nueva jornada de movilización ante el escándalo de corrupción vinculada a un programa petrolero venezolano, dejando al menos seis asesinados como saldo de la represión, mientras otros medios y organizaciones apuntan a destacar 11 personas fallecidas y cientos de heridos en la ciudad de Puerto Príncipe.
El gobierno se vio presionado a modificar la agenda sobre el acto conmemorativo de la Batalla de Vertières, desplegando a más de 3 mil agentes policiales ante lo que llamaron una alta “posibilidad de disturbios por parte de grupos opositores”.
El pueblo haitiano ha refrendado la exigencia de dar paso a los procesos judiciales en contra de los responsables del desvío de unos 3.800 millones de dólares de Petrocaribe. Según una investigación del Senado, al menos 14 ex funcionarios estuvieron vinculados al desvío de los fondos durante el gobierno del ex presidente Michel Martelly (2011-2016) y ninguno ha sido procesado judicialmente.
Cabe recordar que durante este año el gobierno de Jovenel Moïse, del derechista Partido Haitiano Tèt Kale, firmó un acuerdo de ayuda "humanitaria" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el que exigía una serie de medidas de ajuste social necesarias, según el organismo internacional, para "estabilizar" la catastrófica situación económica del país.
La medida causó la salida masiva de trabajadores agrupados en los principales sindicatos y población en general que hicieron sacudir el país caribeño con una huelga general contra el aumento al precio del combustible; de entre 38% y 51% a los precios de la gasolina, el diésel y el querosen, como parte del plan fiscal exigido por el FMI.
El hartazgo expresado por la población haitiana también incluye el señalamiento de fraude electoral en complicidad con las fuerzas de ocupación de las Naciones Unidas (acusadas de una sistemática violación a los derechos humanos en Haití desde el terremoto), por lo cual las protestas no han cesado en exigir la salida del mandatario derechista.
Los manifestantes han bloqueado calles y avenidas; negocios han permanecidos cerrados y el transporte colectivo y el comercio informal han quedado completamente paralizados.
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