La filtración de varios mensajes de WhatsApp donde el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, hace alarde de que la designación del juez Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo posibilitaría al PP tener el control “desde atrás” de la sala 2 del Tribunal desataron el escándalo. O, en realidad, hicieron evidente lo que ya todo el mundo sabía: los acuerdos y el “pasteleo” de los partidos del régimen para controlar la “casta judicial”, afín a sus propios intereses.
El líder de los populares se vanagloriaba de que producto del acuerdo con el PSOE, su partido seguiría “controlando la sala segunda desde detrás” [la Sala que puede juzgar a diputados, senadores y miembros del Gobierno] y presidiendo la sala 61 [la Sala que puede ilegalizar partidos políticos].
Tras conocerse los mensajes, la primera reacción ha sido la renuncia de Marchena a asumir como presidente del CGPJ y la “ruptura” del acuerdo entre PP y PSOE para la elección de sus miembros. Marchena seguirá presidiendo la Sala Segunda y será el encargado de juzgar a los dirigentes independentistas del procés.
Las “revelaciones” de Cosidó vuelven a exponer la farsa de la supuesta “división de poderes” que tanto reivindican los liberales, así como el contenido completamente antidemocrático de la institución judicial, cuyo órgano dirigente es designado a dedo por los partidos del Régimen. El CGPJ es un organismo compuesto por 20 miembros más un presidente, la mayoría de los cuales son designados por acuerdos de los partidos del Congreso y el Senado. El CGPJ controla el funcionamiento de los poderes superiores del poder judicial, como el Supremo, y entre sus funciones se encuentra el nombramiento y aprobación de ascensos de jueces y Magistrados.
Recordemos que las atribuciones del CGPJ son, según consta en su web oficial, garantizar “la independencia de los Jueces y Tribunales, cuando ejercen su función judicial, respecto al resto de poderes del Estado y frente a todos, incluso respecto a los demás órganos judiciales y los del propio gobierno del Poder Judicial”. Es decir, que el órgano que supuestamente tiene que garantizar la independencia del poder judicial respecto al resto de los poderes del Estado… ¡es designado en una negociación espuria entre el PP y el PSOE!
La “casta judicial” está formada, en su cúpula, por una elite de jueces millonarios, amigos del IBEX35 y de los políticos del Régimen. El presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional se encuentran entre los cargos mejor pagos del Estado con 149.007 y 140.061 euros anuales, respectivamente. Mientras que el presidente del CGPJ y Tribunal Supremo se embolsa 132.769 euros anuales y el vicepresidente del Tribunal Supremo un total de 118.802. Muy lejos, claro está, de la situación de millones de trabajadores y trabajadoras que no alcanzan el salario mínimo y que viven en la pobreza.
Las aproximadamente 15.000 personas que integran la judicatura (incluidos también el presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas, los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, el fiscal general del Estado y fiscales de Sala del Tribunal Supremo y más de 5.500 jueces, alrededor de 2.400 fiscales y unos 7.600 jueces de paz), cuentan además con fueros especiales.
El desprestigio de esta “casta” acomodada y antidemocrática viene creciendo en los últimos años. A ojos de millones la judicatura representa una institución corrupta, que mantiene la impunidad para los crímenes del franquismo mientras juzga a tuiteros y activistas. Una justicia para ricos, que cambia sentencias a golpe de teléfono para beneficiar a la banca, mientras encarcela a activistas por querer frenar los desahucios. Una justicia patriarcal, que culpabiliza a las mujeres víctimas de violencia machista mientras justifica a sus agresores. Una justicia de excepción, que encarcela a políticos independentistas catalanes mientras defiende la “unidad de España” y se niega a investigar las corruptelas de la monarquía.
Terminar con la “casta judicial” y el reparto de influencias y jueces entre los partidos del Régimen no es posible con la incorporación de algún magistrado de “probada profesionalidad”, como defiende Podemos tras haber entrado en la negociación de cargos con el PSOE y el PP. Es necesario tomar medidas radicales, como sería garantizar la elección directa de todos los jueces por sufragio universal, terminar con los cargos designados a dedo e imponer que todos cobren lo mismo que una maestra o un trabajador, al mismo tiempo que se garantiza la revocabilidad de los cargos y el establecimiento de juicios por jurados.
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