Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema, habló este miércoles en una paqueta conferencia en el marco del ciclo "Cómo pienso a la Argentina", organizado por el Rotary Club de Buenos Aires. El evento tuvo lugar en el hotel Sheraton Libertador. A juzgar por sus definiciones y las respuestas que dio a la prensa, Rosenkrantz piensa la Argentina de manera bastante diferente a las mayorías populares.
Grosero de su parte
Lo menos acertado de todo lo que dijo, políticamente hablando, fue que "la Justicia tiene baja reputación" a causa de una "opinión moldeada por los medios de comunicación que adjudican buena parte de nuestros males al proceso judicial". Bien. Para el magistrado el amplio rechazo de la sociedad al Poder Judicial, se debe a la influencia de campañas mediáticas. Olvida Rosenkrantz, que en buena parte de las causas judiciales que involucran al poder político o a las grandes patronales, como el CuadernoGate, los grandes medios de comunicación son aliados invaluables del partido judicial.
“La baja reputación en parte es producto de deficiencias, de problemas comunicacionales. Una de las cosas que el Poder Judicial tiene que hacer es comunicar mejor, hay muchas cosas que podrían haber sido explicadas mejor” sostuvo en un reportaje del 11 de noviembre al diario La Nación. Ahora dio un pasito más y atribuyó el problema comunicacional no al propio poder que preside, sino a las empresas de medios.
Grosero de su parte, atribuir la mala fama de la Justicia al fogoneo mediático, cuando son precisamente medios como Clarín y La Nación los que se hacen eco de cada operación política y judicial. Incluso las atrocidades más increíbles desde el punto de vista legal, las burdas maniobras de jueces y fiscales y las violaciones a derechos democráticos básicos en los procesos, son reproducidas por los medios afines como grandes verdades. ¿Cuántas veces se oye decir en boca de reconocidos periodistas, “esto no es materia de opinión, es lo que dicta la Justicia”?
Caradurez consagrada
No es la primera vez que lo dice. Según Rosenkrantz el hecho de que los jueces estén exentos del pago del impuesto a las ganancias, no constituye “un privilegio”. La casta judicial no paga el tributo que sí paga cualquier trabajador que tenga un salario alcanzado por Ganancias (cada vez más porque no se modifica el mínimo no imponible, pero aún así una minoría respecto de la masa que cobra por debajo del sueldo mínimo o trabaja en negro). ¿Con qué lógica piensa la Argentina, si esta exención impositiva no constituye un privilegio?
El 11 de noviembre había afirmado lo mismo en el reportaje a La Nación. "La sociedad argentina se convenció de que los jueces buscan proteger un privilegio". Más aún: “No es la consagración de un privilegio, sino cómo se hace para que los jueces paguen ganancias sin que su sueldo de bolsillo se vea reducido”. Lo dice el presidente de la Corte Suprema, instancia en la que los salarios rondan los $300.000. ¿Qué queda entonces para la clase trabajadora cuyo salario es diezmado, en algunos casos por el impuesto a las ganancias y en la totalidad de los casos, por los tarifazos y las paritarias a la baja?
Para el juez este es un tema más profundo, que tiene que ver con "qué jueces queremos" y "cuánto estamos dispuestos a pagarles". La realidad desmiente el viejo verso de que cuanto más cobren los funcionarios y jueces, menos corruptibles o comprables son. Con cada gobierno que se va, afloran las causas que durante años fueron archivadas o direccionadas. Celeridad con la administración que se fue. Dilación y justificativos con la administración actual.
A lo Poncio Pilato
"Los jueces no hacemos leyes y no elegimos" a los magistrados, alegó Rosenkrantz para señalar que le parece injusto que el mal funcionamiento de la Justicia sea producto del accionar del Poder Judicial. Claro, a las leyes las vota el Poder Legislativo y a los jueces los designa el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Vale recordar que él mismo llegó al máximo tribunal por decreto presidencial, aunque ante el repudio que generó esta designación a dedo, hubo que esperar a que el Senado apruebe el pliego.
El juez se lava las manos, como si la Corte no tuviese la potestad de incidir sobre las leyes, como si no tuviera la atribución por ejemplo, de declarar inconstitucional una ley sancionada por el Congreso.
El ejemplo del impuesto a las ganancias viene como anillo al dedo. Según el sitio Chequeado.com "en nuestro país esta discusión se remonta a la década del ‘30. En 1936 la Corte Suprema de Justicia de la Nación abordó este tema por primera vez en el caso ’Fisco Nacional c. Rodolfo Medina’. En aquella oportunidad, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del impuesto que gravaba el sueldo de los jueces federales".
"En 1996 el Congreso sancionó la Ley 24.631, que eliminó algunas exenciones de distintos impuestos, como el de Ganancias para los jueces", continúa el artículo. "Sin embargo, a las pocas semanas la Corte dictó una acordada en la que declaró inaplicable esa norma por el principio constitucional que establece que los salarios de los jueces no pueden ser disminuidos".
A prueba de tribunas
“Los jueces deben actuar más allá de lo que la tribuna reclama", afirmó ante el exclusivo auditorio del Rotary Club. Se ve que Rosenkrantz tiene sus latiguillos. En la citada entrevista que dio días atrás, dijo que “cuando uno decide un caso difícil lo tiene que hacer mirando solo los hechos del caso y las normas aplicables. Elizondo echó a Zidane en el Mundial de 2006 porque le había pegado un cabezazo a un rival. No le importó que fuera el capitán de Francia, ni su último partido, ni la final del Mundial. Lo mismo debe hacer un juez. El 2 x 1 era un caso fácil en términos de interpretación constitucional y lo decidí sin mirar a la tribuna”.
"Sin mirar a la tribuna". En palabras del magistrado, esto equivale a decir que hizo caso omiso del reclamo popular e histórico por Memoria, Verdad y Justicia. Cualquier cosa que implique a las mayorías y a la movilización popular, está muy lejos del mundo donde vive la casta política a la que pertenece este juez y que administra el Estado en función de los intereses de las grandes patronales nacionales y extranjeras. | 
