Según consigna en su escrito el fiscal, "Magnetto, Mitre, Podestá, Gainza Paz y Herrera de Noble utilizaron violencia moral a fin de generar temor en las víctimas y así lograr el resultado pretendido, que en efecto era ilegítimo". Apelando al artículo 168 del Código Penal, que reprime a quien “con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición, o la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”, Gómez Barbella acusa a los imputados del delito de “extorsión”. "Les imputo a los nombrados el haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver y sus allegados, víctimas identificadas precedentemente, a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria", afirma el escrito acusatorio de la Fiscalía.
Como elemento de prueba la Fiscalía señaló que, según el Banco Nacional de Desarrollo, se pagó 996.000 dólares por una parte del paquete accionario, cuyo valor neto era de U$S 2.316.987.
En respuesta, el Grupo Clarín emitió un duro comunicado acusando al Ejecutivo de “distraer la atención pública sobre las causas judiciales que conmueven al Gobierno”.
Además, recusan al fiscal por su pertenencia a Justicia Legitima, denunciando que se trato de una maniobra del Gobierno para mover la causa en su contra: "De hecho, la designación por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó, el último día hábil de 2014, del fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella (integrante de la agrupación Justicia Legítima, puesto 11° en el concurso respectivo y nombrado fiscal de General Pico, La Pampa) viola la resolución 13/98 de la Procuraduría, que justamente impide que los fiscales subroguen cargos de una jurisdicción diferente a la que ocupan". Para Clarin, "la decisión de imponer arbitrariamente a Gómez Barbella se inserta en la disconformidad del Gobierno con la evolución de la causa".
Mientras, el fiscal sostiene que Papel Prensa fue apropiada irregularmente, coaccionando bajo tortura a sus titulares Juan Graiver, Lidia Papaleo, Silvia Cristina Fanjul, Lidia Catalina Gesualdi y Eva Gitnacht, quienes casualmente fueron secuestrados por la dictadura militar. En su descargo, Clarin culpa de la venta a Montoneros, recordando las relaciones de David Graiver con la organización armada del peronismo: “La venta de la empresa se debió a las exigencias de Montoneros para que los Graiver les devolvieran el dinero del secuestro de los hermanos Born. De hecho está probado que los Graiver –ya en democracia– les devolvieron a los Born varios millones de dólares".
David Graiver, titular del Grupo Graiver cuando este era cabeza de Papel Prensa, supo ser financista de Montoneros y el hombre encargado de blanquear el dinero obtenido por el secuestro de los hermanos Born. Los Montoneros lo habrían acusado de quedarse con diecisiete millones de dólares. Graiver murió el 7 de agosto de 1976 al estrellarse su avión en la zona de Acapulco. Pero lo cierto es que la apropiación de Papel Prensa por Clarín, La Nación y La Prensa se obtuvo a partir del accionar de los grupos de tareas de la dictadura que secuestraron y torturaron a los accionistas del Grupo Graiver para obtener de ellos la titularidad de la empresa. De esta forma controlan desde entonces la producción de papel para diarios y revistas, ejerciendo un monopolio que ahoga todo intento de competir exitosamente con Clarín o La Nación en papel.
La denuncia del fiscal Gómez Barbella pega en un punto sensible y expone nuevamente a la luz pública la relación de los multimedios opositores con el genocidio. Según se encargaron de demostrar Clarin y La Nación, Leonel Gómez Barbella es integrante de la agrupación Justicia Legítima y fue recientemente puesto a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal, donde está radicada la causa de Papel Prensa.
Evidentemente es clara la intencionalidad del kirchnerismo de responder a las acusaciones y denuncias por corrupción contra Boudou y de encubrimiento del terrorismo contra la propia presidenta en la causa Nisman. Una escalada de una guerra judicial y de servicios que viene más que caliente.
Si la causa Nisman demostró que en los sótanos de la democracia los servicios de inteligencia del genocidio trabajaban al servicio del poder político de turno, y que tenían un pacto particular con el kirchnerismo, la denuncia de Papel Prensa vuelve a dar publicidad a los vínculos de la dictadura con los empresarios que se enriquecieron durante el Gobierno militar. El Estado parido por la dictadura genocida y la clase social que se benefició de las desapariciones y torturas son el fantasma del pasado que alimenta las crisis de los actores políticos patronales del presente. |
