La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que, a pesar de que hace un año se levantó el estado de emergencia en Francia, las autoridades implementan para la supuesta “lucha contra el terrorismo” en el país medidas excepcionales que penalizan "injustamente" y restringen los derechos de las personas, sin imputación ni juicio.
El estado de emergencia fue decretado en Francia en noviembre de 2015, tras los ataques en París y Saint Denis, y luego de ser prorrogada seis veces, se levantó en octubre de 2017, un mes antes de que una nueva ley antiterrorista incluyera algunas de sus disposiciones en el derecho ordinario.
El informe de AI destaca que las medidas tomadas por las autoridades escapan incluso del control del sistema de justicia penal ordinario y que sus principios "restringen fuertemente los derechos" de la gente y se han convertido en "norma" que violenta los derechos individuales.
"Francia ha creado un sistema judicial a dos niveles, que apunta a personas según criterios vagos e imprecisos, se apoya en informaciones secretas y no ofrece posibilidades reales de defensa", indicó Rym Khadhraoui, investigadora de AI sobre Europa Occidental.
La organización resaltó que las medidas utilizadas para la “lucha contra el terrorismo” abren la vía a prácticas abusivas y a una aplicación discriminatoria, especialmente criminalizando a la comunidad musulmana.
AI utilizó como ejemplo que basándose en criterios poco precisos y normalmente en información no revelada, las medidas de control permiten que el Ministerio del Interior imponga toda una serie de restricciones, como prohibir a una persona salir de determinada localidad, exigirle presentarse ante la policía todos los días y prohibirle contactar con ciertas personas, lo que limita su libertad de circulación, "pero también su derecho al respeto de la vida privada y familiar y su derecho al trabajo".
“El estado de excepción de Francia se ha levantado sólo para revelar la existencia de un estado de securización permanente y draconiano. Se han normalizado unas medidas extraordinarias, las pruebas han sido sustituidas por información secreta y se persigue a las personas en lugar de enjuiciarlas”, dijo Rym Khadhraoui.
En su opinión, la persecución no está basada en infracciones ya cometidas, sino en la “posibilidad de que se cometan”, y pueden tener "consecuencias dramáticas" sobre el afectado y su entorno.
En los hechos las medidas aplicadas por el Estado francés no difieren en mucho de las que se ponen en práctica en otros países que bajo el lema de “la lucha contra el terrorismo” restringen los más elementales derechos de las personas y fortalecen a las fuerzas represivas que actúan son control legal.
Esas medidas se aplican en varios países de Europa, en Estados Unidos, pero se ha extendido a otros como es el caso de Argentina, donde la preparación de la cumbre del G20 sirvió como excusa para introducir mayor espionaje a través de ciberdefensa y ciberseguridad, para sitiar la ciudad de Buenos Aires e implementar una serie de detenciones arbitrarias contra miembros de la comunidad musulmana, entre otras medidas represivas.
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