Hace unos días el Comandante en jefe del Ejército de Chile, Ricardo Martínez, admitió la venta ilegal de armas por parte de altos cargos de la institución a narcotraficantes. Hoy, declara que sus dichos fueron “imprudentes”.

Además, explicó que el caso de venta de armas a narcotraficantes por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas, no fue conocido por el Ministro de Defensa debido a que “quedó radicada en los tribunales competentes”, es decir, en la Juzgado Militar, que de imparcial tiene nada.

Martínez declaró que su objetivo era “reforzar mi política de transparencia, probidad y apego a la disciplina, a raíz de la serie de hechos de carácter judicial y administrativo”. Sin embargo, lejos de lograrlo, sólo acrecentó la desconfianza de la población a las instituciones represivas del Estado.

El gobierno ha dado manotazos de ahogado, pues se le abrió una crisis política importante por el asesinato de Catrillanca a manos del Comando Jungla, y estas declaraciones de Martínez no les ayudan en nada, pues se comprobó algo que era un secreto a voces: las fuerzas armadas se benefician de la venta ilegal de drogas, proveyendo de armas a los narcotraficantes.

Por este motivo, así como los privilegios y abusos de los uniformados en Chile, como los arriendos a costo irrisorio, el desfalco de dineros, las pensiones por sobre las de la mayoría; la lucha por los derechos de la población trabajadora, por la defensa de su trabajo y por el fin de la impunidad ante los crímenes de Estado, Ejército y Carabineros debe estar en el tapete de las movilizaciones y paros estudiantiles que comienzan retomar el camino de la organización para enfrentar la represión y los abusos de la derecha y sus uniformados cómplices.