Los argumentos de la derecha
La derecha alega inconstitucionalidad de esta reforma al sistema electoral que fue aprobado en el Parlamento.
El requerimiento fue presentado por el senador UDI Hernán Larraín con sus pares, los senadores RN Andrés Allamand, Alberto Espina, Francisco Chahuán y los UDI Juan Antonio Coloma y Ena von Baer.
Sus argumentos son que con la reforma planteará una desigualdad entre los candidatos independientes y los de los partidos políticos (aunque hoy también la hay); que afecta las elecciones primarias que están establecidas constitucionalmente (aunque sólo las hacen si quieren y como quieren); que hay inconsistencia sobre la igualdad del voto (como si el binominal no liquidara la igualdad de voto y representación); y que aumenta el gasto público sin respaldo financiero.
Pero las razones son otras.
Las razones de la derecha
Las razones son que el subsidio a la derecha que da el binominal se terminará. Aunque el sistema que reemplaza al binominal ha recibido críticas, estas son por sus insuficiencias. No por conservar el actual antidemocrático sistema electoral diseñado en dictadura.
También, las razones se encuentran en la debilidad de la derecha. Debilidad política: con sus argumentos no convencen a nadie. Y debilidad electoral: quedaron en minoría en el Parlamento.
Por eso, fieles guardianes de la herencia de la dictadura, recurren a uno de sus mecanismos.
Antidemocrático en el fondo y en la forma
El Tribunal Constitucional está compuesto por diez integrantes. Cada uno dura nueve años en sus cargos. Su integración es designada. Nadie los vota. Nadie los elige. Son designados: tres por la Presidencia, tres por la Corte Suprema, cuatro por el Senado (de los que dos son propuestos por la Cámara de Diputados). Los requisitos para ser elegidos son mínimos: ser abogado por al menos 15 años y “destacado en la actividad profesional, universitaria o pública”. Miembros designados revela la forma antidemocrática de su conformación.
Pero también son antidemocráticas sus funciones. Entre estas están: Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, y el Congreso debe enviarles las que apruebe antes de poder ser promulgadas. Lo mismo con los decretos. También declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos. Entre otras.
Por último, y para rematar, son antidemocráticas su atribuciones: sus resoluciones no tienen apelación, lo que dictaminen es palabra final y definitiva.
Es decir, se erige en un poder intocable. | 
