La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó una denuncia ante la Justicia argentina contra el príncipe heredero saudí, Mohámed bin Salmán, quien visitará esta semana Buenos Aires por la cumbre del líderes del G20.
La organización informó en su sitio web que pidió este lunes, ante un fiscal federal argentino, que se investigue al príncipe saudí las violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto armado en Yemen. Según HRW, Bin Salman "sería penalmente responsable" esas violaciones como ministro de Defensa de Arabia Saudita.
"Las autoridades judiciales deberían evaluar el papel de Mohammed bin Salman en posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen desde 2015", afirmó Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW.
Yemen, es uno de los países más pobres de Medio Oriente y se encuentra atravesado por conflictos históricos, la injerencia norteamericana y de Arabia Saudita.
La guerra en Yemen ha causado más de 10.000 muertos desde la intervención de la coalición que lidera Arabia Saudita, en marzo de 2015, y ha provocado "la peor crisis humanitaria" en el mundo, según la ONU.
El escrito presentado por la organización internacional también hace alusión a la responsabilidad del príncipe Bin Salman en graves denuncias de tortura y otras violaciones de los derechos humanos de ciudadanos saudíes, incluyendo el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, perpetrado a inicios de octubre en la embajada saudí en Turquia.
La monarquía saudí aseguro que el principe estará presente en Buenos Aires para la cumbre del G20. Desde HRW aseguraron que "la participación del príncipe heredero en la cumbre G20 en Buenos Aires podría permitir que las víctimas de abusos que no lograron que se haga justicia en Yemen o Arabia Saudita puedan obtenerla en los tribunales argentinos", una afirmación que deposita una gran confianza en un poder judicial marcado por las arbitrariedades y la defensa de los intereses oficiales.
La organización humanitaria apoya su presentación en que la Constitución argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas, lo que implica que las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de dónde se cometan y de la nacionalidad de sus autores o las víctimas. | 
